Un informe elaborado por la directora de Cooperación Internacional de Fiscalía, Gabriela Aguirre, concluyó que la empresa Kirma Services no logró probar su existencia bajo los estándares internacionales, por lo que ahora el fiscal especializado en Delitos Económicos de tercer turno, Gilberto Rodríguez, evaluará pedir nuevas diligencias para acreditar la existencia de la empresa estonia.
Fuentes allegadas a la investigación explicaron a la diaria que corroborar si Kirma existe como empresa es clave para dirimir la responsabilidad de Elbio Rodríguez y una eventual imputación por el delito de estafa, dado que este se configura en la medida en que se haya buscado inducir a error. El artículo 348 del Código Penal, que prevé penas de entre seis meses y seis años de penitenciaría, establece como circunstancias agravantes del delito de estafa que el daño sea contra el Estado.
El informe de Cooperación Internacional de Fiscalía, que fue divulgado por El Observador, plantea que la información presentada por la empresa no es suficiente para acreditar su legalidad. Si bien los documentos que se presentan son los correctos, no están debidamente certificados.
Desde la defensa de la empresa estonia, plantearon que estaban al tanto de esa situación desde que entregaron los documentos sin la autentificación de las firmas y que se advirtió de ello al fiscal Rodríguez, cuando entregaron la documentación en Fiscalía.
La filtración a la prensa de la documentación entregada por Kirma Services fue denunciada por los abogados de la empresa, Eduardo Sasson y Pablo Donángelo, ante el fiscal de Corte. Fuentes de la fiscalía señalaron a la diaria que, a raíz de esa denuncia, se inició una investigación administrativa para determinar las responsabilidades del caso.
En esa documentación, a la que accedió la diaria, los representantes de Kirma presentaron los balances contables certificados, pasaportes de los accionistas, el acta de constitución de la empresa, una pericia informática sobre la existencia del dominio registrado a nombre de los accionistas y una pericia informática para probar que los mails que fueron utilizados para negociar la contratación por parte del Ministerio de Turismo (Mintur) partieron de servidores alojados en Estonia y Chipre.
Este último punto fue puesto en duda por una pericia particular llevada a cabo por el semanario Búsqueda, que concluyó que esas comunicaciones fueron enviadas desde un servidor alojado en un país con el mismo huso horario que Uruguay.
Según la documentación presentada, Kirma Service fue constituida el 22 de junio de 2018 y tiene como único accionista, representante legal y director a Giorgios Shipillis, nacido en Chipre el 13 de junio de 1946. La empresa se inició con un capital de 2.500 euros y en el balance 2020 obtuvo una ganancia de 289.474 euros; está pendiente la presentación del balance 2021.
La empresa planteó que hizo una propuesta inicial al Mintur por 31.000 dólares mensuales, que fue modificada por la agencia Young & Rubicam, responsable de evaluar la ejecución de las campañas publicitarias, asesorar al ministerio en compras de publicidad y quien propuso la reducción del monto de la compra a 280.000 dólares anuales.
En las últimas horas, los abogados de Kirma Services volvieron a reclamar ser reconocidos como parte en la causa para tener acceso a la carpeta de investigación, algo que todavía no han logrado en la medida en que no se reconoce la existencia de la empresa a la que dicen representar.
Según supo la diaria, el fiscal Rodríguez se pronunciará por separado sobre el cúmulo de evidencia y sobre un eventual pedido de formalización del proceso contra el exministro de Turismo Germán Cardoso, las responsabilidades de Elbio Rodríguez, “asesor honorario” del ministro, quien presentó a la empresa estonia para ser considerada en la contratación del Mintur, y el adscripto al ministro, Daniel Reta, quien admitió haber firmado documentación sin haberla leído antes.