El 16 de diciembre del año pasado, Fabrizio Bacigalupo fue formalizado en una imputación inédita por múltiples delitos que surgen de sus publicaciones en redes sociales: incitación al odio, desprecio hacia determinadas personas por su orientación sexual y difamación.
La denuncia fue realizada por 16 mujeres con exposición pública de distintos ámbitos: las legisladoras Silvia Nane, Bettiana Díaz y Verónica Mato, la exdirectora de la Institución Nacional de Derechos Humanos Mirtha Guianze, las periodistas Carolina García, Denisse Legrand y Ana Laura Pérez, la dirigente del Sindicato Médico del Uruguay Zaida Arteta, la abogada Alicia Deus, la abogada y militante del Partido Colorado Mariella Demarco, la asesora de la intendenta de Montevideo Ana De Rogatis y Lorena Massanet, militante del Partido Nacional, entre otras. Fueron representadas por un equipo de abogados compuesto por Lucía Fernández Ramírez, Facundo Briz, Fernando Costa y Juan Ceretta.
La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de Flagrancia de 3º Turno, a cargo de la fiscal Silvia Pérez. En la audiencia de formalización, que tuvo lugar hace un año, se dispuso el arresto domiciliario total de Bacigalupo. También la prohibición de acercamiento a menos de 500 metros y de comunicación con las víctimas. Además, su abogada defensora, Tania Mauri, solicitó que fuera sometido a tratamiento psicológico y psiquiátrico en su prestador de salud y la concurrencia a Alcohólicos Anónimos. La defensa presentó como prueba que el imputado padece una patología psiquiátrica asociada a un trastorno de personalidad border y un uso problemático de alcohol. A su vez, pidió que se monitoreara la dirección IP de Bacigalupo durante el arresto domiciliario, lo cual no se cumplió.
En ese momento, Bacigalupo estaba condenado con prisión en régimen de libertad a prueba por un delito de difamación contra el asesor en TIC Enrique Amestoy, a quien acusó de haber matado militares cuando tenía dos años. Al haber sido formalizado mientras estaba en libertad a prueba, se revocó este régimen, se libró una orden de captura y fue privado de libertad en una cárcel por casi cuatro meses.
Bacigalupo ya había sido condenado por otro delito: en mayo de 2020, también resultó condenado sin prisión por hurto en grado de tentativa en reiteración real con un delito de violencia privada. En este caso, se amparó en la suspensión condicional del proceso. Además, tiene varias denuncias de la madre de su hija en su contra por violencia de género, y por eso tuvo restricción de comunicación y acercamiento. Por esto tuvo medidas cautelares de suspensión de visita con su hija y en abril de 2020 fue intimado por la Justicia a “cesar toda perturbación o molestia, en todo momento, lugar y por cualquier medio” contra su hija y la madre de su hija. El juez advirtió en su dictamen que, de no hacerlo, incurriría en el delito de desacato.
Por otra parte, Bacigalupo presentó varias denuncias falsas contra sus víctimas y sus abogados, a quienes acusa de “exponer” a su hija al odio “mostrando fotos suyas en redes sociales”. El juez Marcos Seijas rechazó “de plano” estas denuncias, afirmando que Bacigalupo tiene antecedentes de esta práctica y que nunca aportó pruebas. Seijas rechazó la denuncia por considerarla “improponible” y entendió, por el contrario, que “quien está exponiendo a su hija con denuncias como estas, que podrían considerarse hasta abusivas de las vías procesales”, es el propio Bacigalupo.
Un año después de haber sido formalizado por múltiples delitos contra 16 mujeres, Bacigalupo fue condenado por reiterados delitos de incitación al odio y desprecio hacia determinadas personas por su orientación sexual en reiteración real con reiterados delitos de difamación. Se le impuso una pena de seis meses de prisión, que se dio por compurgada por las medidas cautelares que tuvo (el arresto domiciliario total a la espera del juicio). La condena se dio mediante un juicio abreviado, en el que Bacigalupo aceptó los delitos que cometió.
Al término de la audiencia, pidió dejar constancia de que “las víctimas habían sido denunciadas por él” por una supuesta discriminación contra su hija. El condenado hacía referencia a las múltiples denuncias falsas que hizo contra las víctimas y sus abogados defensores.