Este año, en particular, varios casos que surgieron en la órbita política terminaron en Fiscalía, lo que generó un intercambio constante entre los tres poderes del Estado y acusaciones mutuas sobre la judicialización de la política y la politización del sistema de Justicia. Con algunas causas archivadas y otras en plena vigencia, repasamos los casos más relevantes.
La causa Katoen Natie
El 28 de noviembre el fiscal especializado en Delitos Económicos y Complejos de 3er turno, Gilberto Rodríguez decidió el archivo de la causa que investigaba al exministro de Transporte y Obras Públicas Luis Alberto Heber, al subsecretario Juan José Olaizola, al prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, y al presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo, por el acuerdo firmado con Terminal Cuenca del Plata para la concesión de la terminal especializada en carga y descarga de contenedores del puerto de Montevideo hasta 2081.
En su fundamentación el fiscal Rodríguez señaló que no tenía elementos para probar el dolo en la actuación de los investigados, aunque advirtió que el asesoramiento de la ANP al Ejecutivo, previsto por la ley de puertos “no fue correctamente brindado en el plano formal”.
La denuncia había sido presentada en setiembre de 2021 por varios senadores del Frente Amplio por considerar que el acuerdo con la empresa belga Katoen Natie, que tiene 80% de TCP, violaba varias normas vigentes, vinculadas a la igualdad de condiciones de los operadores portuarios para brindar servicios, el establecimiento de un monopolio de hecho o la obligación de que el Ejecutivo sea asesorado por el directorio de la Administración Nacional de Puertos para definir cualquier concesión que afecte el espacio territorial del puerto.
Según supo la diaria, los denunciantes presentaron un pedido de revisión previsto en el artículo 100.3 del Código de Proceso Penal para que la causa sea reexaminada por otro fiscal, a pedido del denunciante. En este caso, la revisión quedaría en manos de Silvia Porteiro, que a partir del 1° de enero asumirá la fiscalía de Delitos Complejos de 2° turno en sustitución de Ricardo Lackner. La decisión de si accede o no a la revisión del caso será tomada por la jueza de la causa, Dolores Sánchez, tras una audiencia que fue convocada para el 7 de febrero.
Además, la causa está presente en la investigación del caso Astesiano, particularmente en lo que refiere a las tareas de inteligencia pedidas a Alejandro Astesiano por el entonces gerente en Uruguay de Vertical Skies, Marcelo Acuña, quien dijo haber conocido al exjefe de seguridad presidencial cuando trabajaba para Juan Sartori.
15 días después de la ampliación de la denuncia, Acuña pidió los datos a Astesiano como parte de una maniobra para averiguar asuntos personales de los senadores frenteamplistas Mario Bergara y Charles Carrera para que retiren la denuncia, por lo que la Fiscalía investiga los vínculos entre Vertical Skies, Juan Sartori y la causa Katoen Natie.
La causa contra la exministra de Turismo Liliam Kechichian
Esta denuncia fue realizada por legisladores oficialistas, luego de que en diciembre de 2021 el Parlamento decidiera enviar a la Justicia la actuación de la comisión investigadora sobre las gestiones del Ministerio de Turismo entre 2010 y 2021. En lo que fue considerado por la oposición una maniobra política, la comisión parlamentaria agregó a su objeto de estudio inicial -las denuncias por contrataciones irregulares de la gestión del exministro Germán Cardoso- aspectos de la anterior administración como compras directas observadas por el Tribunal de Cuentas y un convenio de arrendamiento entre el Ministerio de Turismo y la Unión General Armenia de Beneficencia.
En agosto de 2022 el fiscal Gilberto Rodríguez archivó el caso contra la exministra Liliam Kechichian y el subsecretario Benjamín Liberoff por considerar que lo denunciado no tiene relevancia penal. Tras la decisión, la ministra Kechichian expresó en una conferencia de prensa que “la estrategia de mezclar ambas investigaciones tenía como único objetivo embarrar la cancha, y eso no pudo convencer al fiscal por la debilidad de los argumentos de querer incorporar todo en un mismo proceso”.
Los denunciantes redoblaron la apuesta y pidieron el reexamen del caso por otro fiscal. El subrogante, Ricardo Lackner, fue aún más duro en su pronunciamiento y el 9 de noviembre de 2022 concluyó que la denuncia del oficialismo “carece de sustento lógico” y descartó la existencia de abuso de funciones.
“La Fiscalía tiene el deber de archivar cuando advierte que las conductas de los denunciados no tienen relevancia penal [...] la reiteración del gasto ante las observaciones del Tribunal de Cuentas es una facultad constitucionalmente regulada, que tiene su fundamento en evitar la parálisis de la gestión”, expresó Lackner en su dictamen. El fiscal dijo que no puede considerarse abuso la rescisión de un contrato por un incumplimiento del proveedor. “No es necesario ni lógico ingresar a la consideración de presupuestos punitivos ulteriores”, agregó.
La investigación contra el exministro de Turismo y la causas vinculadas a Kirma
Cuando el fiscal Rodríguez avanzó en la investigación de la causa sobre Cardoso encontró diferencias en las situaciones de los indagados y su eventual responsabilidad penal, por lo que definió la división de la causa en tres partes: la relacionada con el accionar del exministro Germán Cardoso, el rol de su “asesor honorario” Elbio Rodríguez y la relación con la empresa estonia Kirma, y el papel desempeñado por el adscripto de Cardoso, Daniel Reta, en su función pública.
Rodríguez archivó la investigación en relación a Cardoso el 5 de diciembre por considerar que los hechos investigados “no constituyen delito pasible de reproche penal [...] pese a que pudieren constituir, en algunos casos de los historiados, irregularidades de naturaleza administrativa”.
Si bien en un principio se manejó la posibilidad de pedir la revisión de ese archivo, fuentes cercanas a la causa informaron a la diaria que los denunciantes tomaron la decisión política de no hacerlo y centrar su expectativa en las otras líneas de investigación.
La parte que investiga el accionar de Elbio Rodríguez está centrada en la tarea de constatar la eventual existencia de la empresa Kirma, algo que implica la participación de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía en el proceso de certificación de documentos.
La decisión del fiscal sobre Rodríguez depende del resultado de las diligencias sobre la empresa Kirma, en la medida en que si se comprueba que Kirma no existe, Rodríguez eventualmente podría ser imputado por intentar inducir a error al Estado para su contratación.
En cuanto a la investigación sobre Reta, quien admitió ante la Fiscalía haber firmado la documentación del ministerio sin leer lo que firmaba, lo que se investiga es un eventual perjuicio al Estado por omisión y la renovación del contrato con Netcom por 500.000 dólares para promoción turística, en plena pandemia y con fronteras cerradas.
La causa sobre Alejandro Astesiano
A partir de la detención del exjefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano, el 25 de setiembre, la causa derivó en varias líneas de investigación y la fiscal de Flagrancia de 12° turno, Gabriela Fossati, dividió la carpeta en cuatro partes.
Se espera que durante la feria judicial avance la investigación sobre las filtraciones a la prensa, dado que Fossati derivó la indagatoria a Delitos Complejos de la Policía, por lo que se espera que en las próximas semanas sean llamados a declarar a la Policía los abogados y funcionarios que tuvieron acceso a la carpeta de investigación.
Entre las otras líneas, la que más avanzó fue la relacionada con la organización criminal dedicada a la falsificación de documentos en la que fueron imputados, además de Astesiano, el escribano Álvaro Fernández, su esposa Patricia Medina, el excónsul uruguayo en Rusia Stefano Di Conza y los ciudadanos rusos Alexei Slivaev y Roman Karpov, este último logró una condena de 19 meses a cumplir con libertad a prueba.
En el caso de los vínculos con las jerarquías policiales, aún no ha habido ninguna imputación, pero fueron convocados en calidad de indagados el director de Inteligencia, Claudio Correa, el subdirector de la Policía, Héctor Ferreira, el titular de la Dirección de Fiscalización de Empresas del Ministerio del Interior, Henry de León, y el subdirector ejecutivo de la Policía Nacional, Jorge Berriel.
Los senadores Mario Bergara y Charles Carrera (archivo, junio de 2022).
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En cuanto a la investigación sobre el pedido de tareas de inteligencia contra los senadores del Frente Amplio Charles Carrera y Mario Bergara, Fossati tomó declaración a los denunciantes y también al director ejecutivo de Vertical Skies, Mario Panizza, y al gerente en Uruguay, Marcelo Acuña, quien desvinculó a la empresa del pedido que le hizo a Astesiano, que tenía como finalidad inhibir a los legisladores en su calidad de denunciantes en la causa Katoen Natie. Según supo la diaria esa línea de investigación podría tener un viraje hacia los procesos de licitación en los que participó Vertical Skies.
La causa Marset
Pese a la cantidad de información manejada en la prensa y a sus repercusiones políticas, la investigación penal aún está en su etapa inicial, debido al cúmulo de información oficial que está en manos del fiscal especializado en Delitos Complejos de 1er turno, Enrique Rodríguez.
Fuentes de la investigación informaron a la diaria que hasta el momento la Fiscalía trabaja en el análisis de las dos investigaciones administrativas presentadas por el Poder Ejecutivo sobre el caso, la de Ministerio del Interior y la del Ministerio de Relaciones Exteriores, que cruzan responsabilidades por la entrega del pasaporte, aunque también defienden su legalidad.
El caso llegó a la Justicia el 1° de setiembre, luego de que el fiscal de Corte, Juan Gómez, analizara el contenido de la interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y su par de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, en el Senado el 22 de agosto de 2022.
Tras esa instancia parlamentaria, el fiscal de Corte consideró que el caso tiene “repercusiones internas y externas que justifican con amplitud la investigación que se pretende con la mayor objetividad”, y lo derivó al fiscal especializado.
A mediados de diciembre, los senadores Bergara y Carrera ampliaron la denuncia proporcionando la documentación entregada por la cancillería, con toda la actuación sobre el caso, en cumplimiento de un fallo del juez de lo Contencioso Administrativo, Carlos Aguirre, contra la cancillería, en una acción de acceso a la información pública.
La causa sobre las licencias de dirigentes de Fenapes
Otra causa que este año pasó del Parlamento al Poder Judicial fue la iniciada a raíz de la comisión parlamentaria que investigó las licencias de dirigentes de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) entre 2015 y 2019, que culminó su actuación en junio.
Legisladores oficialistas presentaron la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y el caso fue derivado a la Fiscalía de Flagrancia de 15° turno. En agosto se agregó la denuncia presentada por la Dirección General de Educación Secundaria, luego de una investigación administrativa sobre el caso.
Según supo la diaria de fuentes allegadas a la investigación la causa avanza, pero aún no ha habido elementos que permitieran determinar el pedido de una imputación.
La fiscal que lleva la investigación, Silvia Porteiro, será trasladada el 1° de enero a la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2° turno, por lo que la causa Fenapes será tomada por otro fiscal, que aún no está designado.
Luis Alberto Heber, el 22 de agosto de 2022, durante la sesión del Senado en la que fue interpelado junto al canciller Francisco Bustillo.
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La causa del Plan Nacional de Inteligencia
Pese a su corta vida, la causa sobre la filtración del Plan Nacional de Inteligencia logró un lugar de privilegio en la agenda pública en noviembre de 2022, debido a las características de la denuncia y de la investigación penal, que contó con un jerarca del Ejecutivo como denunciante, con diez legisladores de cinco partidos políticos como denunciados -que declararon en sus despachos- y con un periodista que fue citado como testigo, con el exfiscal de Corte como abogado.
El director nacional de Inteligencia, Álvaro Garcé, denunció al senador de Cabildo Abierto Raúl Lozano, al colorado Raúl Batlle, a los legisladores del Partido Nacional Gustavo Penadés, Graciela Bianchi y Álvaro Viviano, al diputado del Partido de la Gente, Luis Alberto Posse, y a los frenteamplistas Daniel Caggiani, Micaela Melgar, Mariano Tucci y Diego Reyes, integrantes de la Comisión de Control y Supervisión del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado, que estuvieron presentes en la sesión del 24 de octubre, a la que Garcé concurrió a presentar el plan.
Nueve días después de esa sesión, el periodista y director de informativos de TV Ciudad, Eduardo Preve, publicó en su cuenta de Twitter parte del plan.
El fiscal Rodríguez recorrió los despachos de los legisladores denunciados para tomarles declaración y pedirles una copia del material entregado en sala, y citó a Preve, quien pese a ser citado en calidad de testigo compareció acompañado por su abogado, Jorge Díaz, y se negó a entregar el documento al que accedió.
El caso fue archivado el 28 de noviembre porque el fiscal consideró que no tenía más líneas para investigar. Además, el documento que entregó el director nacional de Inteligencia a la Fiscalía en su denuncia era distinto al que efectivamente entregó a los legisladores en la comisión.
El fiscal consideró, en parte por el carácter genérico del contenido de la información filtrada, que no se justificaba pedir los celulares de los legisladores y que esa evidencia tampoco sería conducente en la medida en que debía contrastarse con el documento al que accedió el periodista, que se amparó en su obligación de preservar la fuente.
En este caso, la Secretaría Nacional de Inteligencia aún no ha presentado el pedido de revisión por un fiscal subrogante, pero se está dentro de los plazos legales para hacerlo, incluso después de la feria judicial.