El periodista Ignacio Álvarez es investigado por la presunta comisión de un delito de divulgación de contenido íntimo, de orden sexual, sin el consentimiento de una mujer que denunció una violación grupal. La investigación penal fue ordenada de oficio por el fiscal de Corte Juan Gómez, y está a cargo de la Fiscalía de Delitos Sexuales de 6º Turno, que dirige la fiscal Mariana Alfaro.
En el marco de la investigación, se libró una orden de allanamiento en la radio desde la que se cometió el presunto delito (Azul FM), hecho que generó múltiples reacciones y que llevó a que Gómez rechace públicamente los allanamientos en medios de comunicación como instrumento de investigación penal.
Por su parte, la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay reaccionó y emitió un comunicado en el que reivindican la independencia técnica y el uso de herramientas legales para el esclarecimiento de los casos; además, rechazan los juicios paralelos en medios y redes sociales y plantean que “todos somos pasibles de persecución penal si eventualmente incurrimos en un delito”.
La defensa de Álvarez, a cargo de Andrés Ojeda, apeló la resolución judicial, y en la respuesta de la Fiscalía, la fiscal Alfaro desistió de realizar el allanamiento a la vivienda del periodista y la incautación de su celular. Más allá del fallo del Tribunal de Apelaciones, la decisión de la Fiscalía es desistir de hacer las intervenciones.
Desde Fiscalía informaron que “al contestar los recursos interpuestos, la Fiscalía de Delitos Sexuales de 6° turno desistió de las diligencias requeridas” y “no reiterará solicitud de allanamiento, de incautación o registro de dispositivos”.
Explicaron que “la finalidad probatoria que se perseguía se frustró y se procurará obtener evidencias sin diligencias a las que se les pueda atribuir una connotación de riesgo para el libre ejercicio de la libertad de expresión”.
Finalmente, plantearon que “la libertad de expresión es un derecho que la Fiscalía busca garantizar, al tiempo que debe investigar si en este caso se transgredieron límites que impone la ley, al tutelar otros derechos como la intimidad, el honor, la dignidad de las personas”.