“Marcelo fue la primera víctima de la ley de urgente consideración (LUC)”, se titula la carta que escribió Laura, hermana de Marcelo Ayala.
Marcelo tenía 20 años y vivía en Maldonado. A los cinco años empezó a ser tratado por su patología psiquiátrica y desde los siete años percibía una pensión por discapacidad ‒tenía una patología psiquiátrica severa y una discapacidad mental‒. En su condena se plantea que tenía bachillerato completo, pero Marcelo no sabía ni escribir su nombre.
A sus 20 años fue condenado por dos delitos que creó la LUC: por retiro o destrucción de la tobillera electrónica que tenía por una orden de restricción de acercamiento con su padre y por agravio a la autoridad policial.
Su padre lo había denunciado por ir a su casa y romper cosas; en consecuencia, se ordenó una restricción de acercamiento, que Marcelo violó por primera vez el 31 de enero del año pasado, hecho que configuró su primer delito. Fue condenado el 1º de febrero a una libertad a prueba y se indicó que usara tobillera.
Su segundo delito fue el abandono del dispositivo electrónico: dejó el rastreador anexo a la tobillera en una parada de ómnibus. Por este motivo, estuvo menos de dos semanas preso en la cárcel de Maldonado.
El 7 de marzo fue a cargar el anexo de la tobillera electrónica a una comisaría. Allí, pidió que lo trasladaran a lo de su tía para buscar medicación porque sabía que la necesitaba. Ante la demora, Marcelo se impacientó y les tiró el anexo de la tobillera a los policías. Le dieron la orden de no retirarse y él los insultó.
Por eso, mediante proceso abreviado se lo condenó a 11 meses de prisión. Para llevar adelante un proceso abreviado se requiere que la persona sea consciente de sus actos y pueda aceptar los delitos que cometió. Sin embargo, en el audio de la audiencia al que accedió la diaria se puede escuchar a Marcelo diciendo incoherencias, quien de todos modos fue sometido a este proceso y condenado.
Para determinar la imputabilidad de Marcelo se consideró la pericia psiquiátrica de un delito anterior, que se había hecho 40 días antes y que planteó que su “nivel mental” era “normal”.
Su pena hubiera vencido el 4 de febrero de 2022, pero Marcelo murió el 17 de mayo de 2021, en el Módulo 12 de la Unidad 4 Santiago Vázquez (ex Comcar) del Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio del Interior, a poco más de dos meses de ser recluido. Murió solo en su celda. No se sabe aún cómo.
Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario, presentó ante la Comisión de Seguimiento Carcelario un informe preliminar sobre el caso de Marcelo. El informe plantea distintos aspectos a ser considerados: su trayectoria, su salud, su proceso judicial, su estadía carcelaria y su muerte. Finalmente, presenta una serie de conclusiones y recomendaciones para los distintos actores del sistema. Y una conclusión determinante: no debió haber sido derivado a una cárcel sino a un centro de salud mental.
Laura, su hermana, público una carta en la que plantea que “con la LUC perjudicaron a muchas personas y a muchas familias”. “Están las mismas rapiñas, las mismas bocas de drogas y nada mejoró. En mi barrio sigue todo igual. Pero mi hermano ya no está; porque la LUC tiene algunos detalles que no nos cuentan”, afirmó.
También criticó el proceso abreviado que se llevó adelante. Según dijo, “no es más que una forma práctica y rápida de sacarse casos judiciales de encima sin derecho a tiempo para presentar pruebas en tu defensa”. “Fue lo que pasó con Marcelo Ayala, un muchacho de 21 años sin antecedentes, paciente psiquiátrico, pensionado y medicado desde su infancia, que debió ser inimputable pero no había tiempo de demostrarlo”, señaló. “El supuesto delito se cometió un día y al siguiente estaba en la cárcel. Tampoco te cuentan que por desacato te pueden mandar 12 meses al Comcar”, afirmó.
Su hermana recordó ese día y las peripecias que atravesó la familia luego de su muerte: “El 17 de mayo de 2021, Marcelo Ayala apareció sin vida, sólo en su celda y sin signos de violencia. No dejaron que su familia reconociera el cuerpo ni lo quisieron trasladar a Maldonado. Después de que lo enterramos, nos avisaron desde Fiscalía que se habían quedado con su corazón para estudios y que cuando tuvieran informes médicos nos avisarían”. “No se responsabilizaron de nada”, lamentó.
Por último, resaltó que “casi un año después de que mi hermano falleciera en la cárcel, aún nadie nos dice su causa de muerte ‘porque siguen haciendo exámenes’”. “¿Un año estudiando un corazón? ¿Qué pretenden ocultar? ¿Acaso un homicidio?”, cuestionó.
“Marcelo fue la primera víctima de la LUC”, aseguró su hermana, quien concluyó su carta diciendo que la escribió “con la esperanza de que nunca más otra familia de nuestro país tenga que sufrir algo así”.