El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez, informó este miércoles en conferencia de prensa el estado de situación de cinco investigaciones realizadas sobre magistrados que han sido difundidas públicamente.
La SCJ definió iniciar un sumario con separación del cargo por tres meses a la jueza penal de 5° turno de Tacuarembó, Carla Gómez, quien es investigada por malos tratos e irregularidades en el ejercicio del cargo, entre ellas simular la detención de una compañera para hacer “una broma”.
La corte también brindó información sobre el caso de una modificación irregular de una sentencia, que fue investigada y archivada. El hecho ocurrió en setiembre de 2018, cuando la jueza Gómez dispuso una sentencia por 19 meses de prisión y dos días más tarde pidió a informática borrarla del sistema y subir una nueva sentencia, con la misma fundamentación y tipificaciones pero por 18 meses. El Tribunal de Apelaciones de segundo turno que detectó la modificación decidió anular las dos sentencias e informar el hecho a la SCJ, que finalmente archivó el caso, recordando a Gómez que el artículo 222 del Código General de Proceso le permite corregir cierto tipo de errores aún durante la etapa de ejecución de la sentencia pero sin quitarla del sistema.
En 2021 la SCJ inició otras dos investigaciones administrativas sobre la magistrada. Una a raíz de una denuncia en la que la acusan de haber influenciado para enviar a una persona a la cárcel por no entregar a tiempo una vivienda que estaba construyendo para ella. La otra refiere a una denuncia realizada en junio de 2021 por otra jueza que la acusó de destratos e irregularidades en su vínculo con la policía.
Otros casos
Otro de los casos iniciados por la SCJ es el del juez Alejandro Leiva, sobre quien pesa una investigación penal por abuso sexual. La corte desmintió que el magistrado haya sido ascendido luego de iniciado el proceso y detalló que el 23 de julio de 2021, luego de ser imputado por la presunta comisión de un delito de abuso sexual agravado, en primera y segunda instancia, se dispuso el inicio de un sumario con separación del cargo y retención total de haberes.
La SCJ también informó sobre la situación de la jueza de Paz de Treinta y Tres Florencia Ferreyra, quien fue denunciada por amenaza de muerte contra seis funcionarios a los que habría amenazado con tirarlos por una escalera. Además, cuando era aspirante a jueza, en 2016, copió todos los archivos de un pendrive de un docente, al que accedió diciéndole que pasaría los powerpoints de las clases al resto de los compañeros. Si bien el informe de ese episodio concluye que la copia de los archivos no influyó en los resultados obtenidos, cuestiona a la entonces estudiante desde el punto de vista ético. Sobre este punto, la corte dijo que cuando ocurrieron los hechos no existía un régimen disciplinario para aspirantes a magistrados.
En julio de 2021 Ferreyra fue sancionada por la corte a raíz de una investigación administrativa por malos tratos contra dos juezas, por lo que fue sumariada y separada del cargo durante tres meses. Este año, tras conocerse publicaciones en redes sociales en apoyo al gobierno, la corte pidió un informe a la jueza, que aún está en plazo de ser entregado. “¿No te gustan las decisiones del presidente? Nadie te preguntó. Jodete y arrancá pa’l juzgado”, expresó la magistrada en su cuenta de Instagram.
En cuanto al caso de la jueza Ada Siré, quien representó en su cuenta de Tik Tok conversaciones machistas, la corte confirmó que había iniciado un sumario sin separación del cargo y reiteró que su traslado buscaba evitar recusaciones y no es una medida disciplinaria.
Por último, la SCJ analiza una denuncia presentada por el abogado Carlos Bustamante, quien defiende al militar José Bassani, acusado del secuestro de los militantes Universindo Rodríguez y Liliana Celiberti y sus dos hijos. Bustamante, quien ofició de mediador para la entrega del represor Eduardo Ferro, denunció la inasistencia de la jueza Isaura Tórtora a la audiencia en la que debía declarar Bassani.
En 2021 se realizaron 587 solicitudes de informes a magistrados, se iniciaron cinco investigaciones administrativas y 27 procedimientos disciplinarios. En lo que va de 2022 se pidieron 34 informes a jueces y se iniciaron ocho procedimientos disciplinarios.
Las denuncias de abuso policial y la presión del gobierno a la Justicia
El presidente de la SCJ fue consultado sobre las denuncias de abuso policial realizadas por los defensores de oficio y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). Pérez respondió que cuando los defensores presentaron su informe se les pidió que realizaran las denuncias de los casos concretos y se comunicó al Ministerio del Interior.
Pérez negó que exista “una Justicia para pobres y una Justicia para ricos” y lo calificó como “un agravio para los funcionarios que se desviven para atender a la gente, a los jueces que hacen lo mismo y a los defensores de oficio”. “La Justicia es igual para todos, podrá marchar mejor o peor”, planteó, y subrayó la importancia de que exista confianza en el sistema para que las personas con pocos recursos se acerquen a la Justicia.
En esa línea rechazó, sin nombrarla, las expresiones de la senadora Graciela Bianchi, quien dijo que el Poder Judicial estaba “infiltrado”, y respondió que se ha procesado a “ministros, vicepresidentes e importantes empresarios de todos los partidos políticos”.
Consultado sobre la presencia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en Durazno, durante la audiencia de juicio sobre el asesinato del joven Santiago Cor, por el que hay dos policías imputados por homicidio, Pérez dijo que los jueces están capacitados para soportar presiones y defendió el derecho a manifestarse.
“Cualquier persona puede ir al juzgado, no creo que el juez se haya sentido presionado”, expresó Pérez, quien planteó que el ministro, “para el juez, es una persona común y silvestre”.