La fiscal subrogante de Delitos Sexuales de 5° turno, Mariana Alfaro, define esta semana la situación de las 36 personas investigadas en la Operación Océano, la causa que investiga casos de explotación sexual contra adolescentes.
Según informó la fiscalía, de los 36 investigados en la causa buscará la condena por juicio oral de unos 17, mientras que explora las posibilidades de alcanzar un acuerdo abreviado en ocho casos más.
En otros siete casos la fiscalía no encontró evidencia que permitiera demostrar su culpabilidad en un juicio. En cinco de ellos se pedirá el sobreseimiento, mientras que en los dos restantes, al tratarse de investigados que no fueron imputados, se pedirá el archivo de la persecución penal sobre ellos.
Además, existen otros dos investigados, sobre quienes no hubo formalización del proceso, cuya situación se está estudiando y también deberá ser definida antes del 13 de mayo, dado que el plazo para acusar corre independientemente de que el proceso no haya sido formalizado para el caso concreto. Los dos casos restantes están siendo analizados por la fiscalía.
Desde la fiscalía señalaron que los números son relativos, dado que a medida que avance el trabajo de depuración de la evidencia, que realiza el equipo de fiscalía con la Unidad Especializada de Litigación, a cargo de Adriana Sampayo, algunas situaciones pueden cambiar.
La causa tiene hasta el momento 32 imputados y un condenado por juicio abreviado, además de cuatro personas investigadas. En la mayoría de los casos se imputó el delito de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo y a varios de ellos también el delito establecido en el artículo 277-BIS del Código Penal, que prevé penas de seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría para quienes “mediante la utilización de tecnologías, de internet, sistemas informáticos o cualquier medio de comunicación o tecnología de transmisión de datos” establezca contacto o ejerza influencia sobre menores de edad para “cometer cualquier delito contra su integridad sexual, actos con connotaciones sexuales, obtener material pornográfico u obligarlo a hacer o no hacer algo en contra de su voluntad”.
la diaria pudo saber que entre las personas sobre las que se pedirá el sobreseimiento hay casos en los que no hubo contacto físico con la víctima y otros en los que las personas fueron investigadas por delitos distintos a los más comunes en la causa. Entre los acuerdos abreviados que se están cerrando -algunos de ellos por iniciativa de las defensas- hay diferentes niveles de acuerdo; mientras que algunos están prácticamente descartados, en otros sólo faltan detalles vinculados a los años de condena.
Hasta el momento, sólo se cerró un acuerdo abreviado, en setiembre de 2020, cuando un imputado que había intercambiado chats con la víctima pero que no había sido contactada físicamente acordó su condena a dos años de prisión, a cumplirse con tres meses de prisión domiciliaria total, tres meses de prisión domiciliaria nocturna y el resto en libertad a prueba.
El 13 de mayo vence el plazo para que la fiscal Alfaro presente la acusación contra los imputados a los que lleve a juicio oral. La primera formalización del caso ocurrió el 13 de mayo de 2020, por lo que el plazo establecido para acusar fue el 13 de mayo de 2021, con la posibilidad de pedir prórroga por un año más. Días antes de que venciera el año de investigación, la entonces fiscal del caso, Darviña Viera, pidió un año de prórroga, pero la jueza de garantías, en su momento Beatriz Larrieu, sólo otorgó seis meses, hasta el 13 de noviembre, por considerar que la fiscalía había tenido suficiente tiempo para investigar y responsabilidad en algunos de los retrasos de la investigación. En octubre de 2021, días antes de abandonar la fiscalía, Viera volvió a pedir la prórroga de la investigación, que finalmente fue concedida por la Justicia.
Luego de presentar la acusación, las defensas tienen 30 días para contestar cada una de las acusaciones y la Justicia convocará a una audiencia de control de acusación, la instancia previa al juicio en la que cada parte debe proponer qué evidencias transformará en pruebas en el juicio oral. Esa es la última etapa en la que actuará la jueza penal de 33° turno, María Noel Tonarelli, y luego se dará paso al juez de juicio.
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