El fiscal de Delitos Sexuales de 4º turno, Raúl Iglesias, se encuentra haciendo una ronda de entrevistas en distintos medios, en las que intenta explicar por qué al tomar la dirección de esa fiscalía decidió archivar 220 casos de los más de 900 con los que se encontró. Asimismo, aclaró en reiteradas oportunidades que estudia medidas a tomar contra el fiscal de Corte, Juan Gómez, en tanto entiende que el pedido de informes sobre los casos archivados que mandó luego de la reunión con la Intersocial Feminista es una “muy grave intromisión”.
Este jueves en entrevista con En perspectiva, Iglesias recordó que todas las víctimas de las causas archivadas, si entienden que es incorrecto el procedimiento, pueden pedir que se vuelva a abrir y que el caso lo lleve adelante otro fiscal. Justificó su decisión aclarando que es el primer paso “para ver dónde estaba parado” y sostuvo que todos los casos “ameritaban el archivo”.
Iglesias aseguró que entiende que el proceso de hacer una denuncia que llegue a fiscalía es complejo para las víctimas, pero retrucó diciendo que se trataba de casos que no habían sido abiertos en más de dos años y que no contaban con las pruebas suficientes para avanzar a un juicio por más que él los reabriera. En ese sentido, señaló que en muchos casos había “falta de evidencia” y que no estaba de acuerdo en pedirle a una víctima “que se someta a un análisis médico tres años después, cuando sé que no va a servir para nada”.
Más temprano dijo en Doble click que se lo toma de “chivo expiatorio” por mostrar las carencias que tiene el sistema de justicia uruguayo. A su entender, el proceso de depuración de los casos debería estar en manos del Departamento de Depuración, Priorización y Asignación de Denuncias, que deben analizarlas y proceder a su asignación a la fiscalía correspondiente o disponer el archivo, de acuerdo a las hipótesis previstas por la ley. “Como esto no se hizo, lo tuvimos que hacer nosotros y quedamos como los malos de la película, insensibles”, resumió.
Iglesias aseguró que durante los primeros diez días al mando de la fiscalía, él y su equipo dedicaron más de 18 horas diarias al análisis de los casos más viejos para poder establecer si debían ser archivados, y para eso se pusieron en contacto con víctimas y testigos y analizaron la cantidad de evidencia recogida en el momento de la denuncia.
Este mecanismo de trabajo es el mismo que aplicó cuando estuvo al frente de la fiscalía de 2º turno que trabaja los casos de violencia doméstica. Cuando asumió el cargo había 1.400 casos abiertos y seis meses después “se llegó a una cantidad razonable”, dijo, y explicó que se refiere a una cantidad que permite saber en qué está cada caso, porque “si tenés 700 casos podés tener cosas muy importantes que se te pasan; quisimos hacer algo razonable y se nos cuestiona por trabajar”, acusó.
A su entender, la crítica debería ser general al sistema, que obliga a trabajar en estas condiciones. “¿Por qué tenemos tantos casos en bandeja? Deberíamos tener menos. Yo ya sé la respuesta: no damos abasto. ¿Cuánta gente está con parte médico? ¿Cuántas personas piden a gritos por favor quiero un administrativo más, un fiscal más? Yo también pedí un administrativo más y un fiscal más, no he tenido respuesta, sí he tenido cuestionamientos del fiscal de Corte, pedidos de informe, investigaciones, no sé bien cómo calificarlo, pero el mensaje recibido no es de apoyo, todo lo contrario”, lanzó Iglesias.
El fiscal aseguró que “uno dice las cosas, trata de ser sincero, de decir que estamos con problemas. El mensaje es para el sistema político: nosotros necesitamos más rubros y que se controle luego cómo se gasta ese dinero”. Insistió con la idea del control de los recursos, en tanto entiende que, por ejemplo, la contratación del periodista Eduardo Preve para manejar la comunicación interna de la fiscalía no debería haber sido una prioridad “cuando hay fiscales de turnos únicos que no dan abasto”.
También en referencia al trabajo del fiscal de Corte, Iglesias apuntó que estuvo bien en recibir los planteos e inquietudes de la sociedad civil, pero “una cosa es recibir y otra ceder”, y más allá de que el informe que pidió Gómez es “estadístico”, en tanto no tiene una opinión formada, sino que sólo pide conocer cantidad de casos archivados, el año de la denuncia y el tipo de delito, para Iglesias es una intromisión. “¿A algún otro fiscal del país la pidió? ¿Cuál es el mensaje que se da acá?: si archivás, te investigo. ¿Qué es lo que se pretende?”, preguntó.
Sobre este punto, informó que tomará “las medidas en forma oportuna, pero las estoy evaluando, porque es muy grave la intromisión, jamás pasó algo así, de que se pidieran informes por los archivos. Para mí hay una clara persecución y una intromisión; eso es lo que sostengo, y si estoy absolutamente convencido de una cosa me tienen que cortar la cabeza para que no siga adelante”.