En los 133 días que van del año, hasta el cierre de esta nota, 147 personas fueron asesinadas. Es decir, hay un homicidio cada menos de 22 horas. En el primer trimestre del año, el aumento de casos fue de 35%. Abril cerró con 32 homicidios, uno más que en el mismo mes de 2021. En 11 días de mayo se llegó a la misma cantidad de homicidios que hubo en todo el mes del año pasado: 16 casos. Luego, hubo dos homicidios más, por lo que al cierre de esta edición se contabilizan 18 homicidios en lo que va de mayo. Cinco de los homicidios fueron en el barrio Peñarol y seis de las 16 personas fueron prendidas fuego luego de ser asesinadas, otras fueron mutiladas. A partir de esta situación, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou y anunció “un plan” que se basa en “aumentar la presencia policial para frenar el aumento de homicidios”.
Uruguay no escapa de su contexto: América Latina concentra un tercio de los homicidios del mundo. Para el criminólogo Ignacio Cano, especializado en el análisis de la violencia letal, hay varias explicaciones: el alto nivel de desigualdad, la amplia circulación de armas y el bajo impacto de los aparatos de justicia. Según Cano, hay una “aceptación” de la violencia como método de control social, lo que ha provocado que se perpetúe.
Respecto del crecimiento de la letalidad, Cano descartó que el aumento de los homicidios en Uruguay pueda deberse a una situación regional. De hecho, afirmó que “no hay una tendencia al crecimiento de los homicidios en otros países de la región”. Como ejemplo, planteó que “en México se han estabilizado y en Brasil han ido cayendo”.
Una “reacción” a la estrategia oficial
Diego Sanjurjo, coordinador en el Programa Integral de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, dijo a la diaria que “el aumento de este tipo de homicidios está asociado a las dinámicas de los mercados ilegales, en que son claves la demanda de narcóticos y la pelea entre quienes quieren suplirlos”. Según Sanjurjo, que se ha especializado en criminología, “puede ser que sea también una reacción a las políticas que hemos llevado a cabo, porque lo que buscamos es justamente la desestabilización de los individuos y los grupos que suplen los mercados, y ello puede llevar a que surjan nuevos contendientes o se peleen por nuevos territorios”. Indicó que “hay que ver cómo evoluciona, pero confiamos en poder controlar la situación”, y afirmó que están “descontentos” porque el trabajo de la cartera “debe traducirse en una mejora de la seguridad pública”, por eso “tenemos que hacernos cargo y redoblar esfuerzos”.
Sobre la estrategia, Sanjurjo consideró que “el Estado no puede retroceder ni permitir que quienes delinquen se consoliden”. Destacó la importancia de “que no haya impunidad, porque alienta el narcomenudeo y el narcotráfico”, y resaltó que a mediano y largo plazo se deben instaurar “políticas de seguridad interinstitucionales”. “Quienes se suman al narcomenudeo viven en la marginalidad. Vienen de barrios desorganizados y familias desestructuradas. Si no mejoramos ese caldo de cultivo, no vamos a poder bajar el delito a niveles aceptables”, afirmó. Por eso, “seguridad, educación, salud, vivienda tenemos que comenzar a trabajar juntos a nivel local”. No creo que haya otra manera de superar esto”, sentenció.
Sobre la medida asociada al aumento de la presencia policial, dijo que “es clave como fuerza disuasiva y de control”. “Precisamos al Estado actuando en conjunto para vivir en una sociedad segura, pero la disuasión y el control policial son fundamentales”, enfatizó. Según Sanjurjo, “hay quienes creen que no se debería perseguir el narcomenudeo, pero –junto con la demanda, las adicciones– es el origen de la mayor parte de los delitos que sufren los uruguayos a diario. Si lo toleramos, damos pie a que aumenten las ganancias, contraten a otros y se afiancen y dominen el territorio”. “El narcotraficante es el narcomenudista que logró subir de jerarquía, por eso supone un error conceptual importante”, aseveró.
La conflictividad entre grupos criminales
Para el criminólogo Nicolás Trajtenberg, “no hay buena investigación en Uruguay que permita ver qué está pasando”. Pero una hipótesis posible es que hay zonas marginales a las que el Estado “llega cada vez menos y peor”, donde la presencia de “grupos de delitos semiorganizados” puede explicar “en parte la violencia”. “Cuando hay un grupo semiorganizado que monopoliza los mercados ilícitos, o hay alianzas entre grupos, suele haber menos violencia”, destacó Trajtenberg. Por eso, “que haya grupos en conflicto puede explicar esto”.
La pertenencia a estos grupos es una opción “porque hay personas que abandonan la educación, en parte porque la probabilidad de obtener recursos o salarios dignos a través del sistema educativo es bajísima”. Según Trajtenberg, “hay un bloqueo de los circuitos legales para ascender y crecer”, y eso hace que “para estas poblaciones el delito y la violencia sean una vía estratégica para conseguir recursos”, lo que “favorece que sean reclutados por estos grupos”. El deterioro carcelario también hizo lo suyo: “No hay que olvidar estas tres décadas de lo que ha hecho Uruguay en materia penitenciaria, que sólo ha empeorado las cosas, generando un circuito súper jodido de recrudecimiento de reincidencia y violencia”.
A los grupos criminales no siempre les es redituable la violencia. Cuando los grupos están “bien organizados, no les interesa la violencia”, porque son grupos que están organizados “para tener réditos económicos por vías ilícitas” y “si hay violencia, se les complica porque atraen la atención, viene la Policía, les aumentan los costos”, explicó Trajtenberg. Por eso, “muchas veces cuando un grupo monopoliza o logra acuerdos con los otros grupos” la consecuencia es que disminuye la violencia. “Estos grupos, muchas veces en aras de no tener problemas económicos, tienden a hacer acuerdos”, señaló.
Estos acuerdos suelen llegar incluso a ser oficiales: “En América Latina, muchas veces la reducción de la violencia se basa en acuerdos entre el Estado y las bandas para que no haya violencia”, explicó, y esto redunda “en una reducción radical” de la violencia y los homicidios.
Chris Blattman, criminólogo de la Universidad de Chicago, analizó el alcance de los acuerdos con grupos del crimen organizado. Explicó que justamente hablamos de “crimen organizado” porque “el crimen está organizado”, y esto implica que muchos de los homicidios sean una cuestión de “cálculo y estrategia”, no un rapto emocional. No se mata sólo por venganza, también se mata por poder, como señal de fortaleza.
Blattman enfatiza en la cuestión estratégica: es un mito que el crimen organizado prefiera “la guerra” antes que “la paz”, porque “nadie vende drogas en una guerra”. Por eso, estos grupos encuentran incentivos en que “haya paz”. El ejemplo más claro para analizar esta situación y lo que implica una tregua con los grupos de crimen organizado para reducir los homicidios es el caso de Medellín, Colombia, donde los homicidios tuvieron una caída insólita a partir de acuerdos entre las autoridades y los grupos. Blattman habla de “tratos desagradables” en pos de lograr períodos de reducción de homicidios. Para eso, líderes de bandas que estaban presos fueron reunidos y se generó un pacto.
Algo similar pasó en El Salvador con la gestión del presidente Nayib Bukele, donde se presume que hubo “pactos” que provocaron un desplome de los homicidios, situación que tuvo un duro revés con un importante aumento de la letalidad. También destaca la situación de los cárteles en México y lo que pasa en Brasil cuando se cede el control de las cárceles al Primer Comando Capital y al Comando Rojo. Estados Unidos ha aplicado estas políticas bajo la estrategia de “disuasión enfocada”, que se centra en que autoridades se reúnen con líderes de los grupos. Blattman entiende que las consecuencias de esto son aumentar el poder de los grupos criminales y fortalecer su legitimación y las condiciones del mercado. Pero, según dice, la política “gana”, porque “los votantes odian los homicidios”.
Gabriel Tenenbaum, investigador y experto en el estudio de la violencia y la seguridad y coautor del libro Relatos de muerte: homicidio de jóvenes montevideanos en ajustes de cuentas y conflictos entre grupos delictivos, coincide con el diagnóstico sobre el aumento de los homicidios: “Todo apunta a que el aumento de los homicidios de estos meses se debe a conflictos entre grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas”. “Hay evidencia que confirma esta hipótesis: el conocimiento de la integración de los fallecidos en grupos delictivos y la forma en la que se ejecuta”, detalló.
Los “ajustes de cuentas”
Para definir los homicidios que se presume que se cometen en el marco de conflictos criminales, se acuñó el término “ajuste de cuentas”. Suele aplicarse cuando quien muere tiene antecedentes penales, algo que fue criticado por la actual gestión de gobierno cuando era oposición y actualmente forma parte del discurso oficial sobre seguridad.
Para Trajtenberg, “ajuste de cuentas” es un término “pobremente definido”. “No debería incluir sólo que tenga antecedentes, sino la pertenencia a estos grupos que controlan territorios y se dedican a la venta de bienes ilícitos”. Tenenbaum coincidió en que no son los antecedentes lo que debería determinar la categoría de “ajuste de cuentas” o “conflicto criminal”. El indicador más claro es “la forma de hacer morir”. Se asocia a “una forma de hacer morir cruel, con prácticas que remiten a cierto saber que hay sobre la forma de hacer morir en el crimen organizado: torturas previas, desapariciones, secuestros, sicariato, el disparo en la cabeza sin mediar palabra o, por el contrario, la gran balacera contra el cuerpo o un hogar”. Si bien “hay varios indicadores que dan cuenta sobre cómo aproximarnos a lo que es un homicidio en un ajuste de cuentas”, sigue siendo una “categoría vaga”.
La mitad de las personas que son asesinadas en Uruguay no tienen antecedentes penales. Para Tenenbaum, este dato “puede decir mucho o nada, porque el fenómeno delictivo es elusivo por definición: intenta evadirse y no ser detectado”. Una persona puede cometer varios delitos y no ser detectada. “Tener antecedentes no está asociado a ‘ser un criminal’ o formar parte de grupos delictivos, como no tener antecedentes no quiere decir que no se haya cometido delitos”, aclaró.
Cano planteó que la categoría “ajuste de cuentas” y similares se usan para decir que “tanto el autor como la víctima eran parte de estructuras criminales”. Afirmó que tiene una función para el “poder público”: “Significa que eran criminales profesionales y, por lo tanto, es más difícil de combatir, y para la ciudadanía manda el mensaje de que se mataron entre ellos, de manera que las personas ‘normales’ no están en riesgo”. Por eso, “cumple una función política y una función institucional”. Pero para Cano se trata de una “categoría vacía”, porque no se sabe “cuál era la cuenta ni qué pasó, se usa simplemente para decir que eran miembros del crimen de ambos lados”.
El criminólogo entiende que “si un homicidio se categoriza como ajuste de cuentas y, por tanto, un problema entre grupos criminales, parecería que no es nuestro problema”, pero indicó que “es peligroso hacer política a partir de eso” y “es un error pensar que si se matan entre ellos nos podemos sentir tranquilos”. “Porque la violencia nunca se contiene, siempre se derrama. Hay que atacarla, sea quien sea que la produce. Es importante que haya una reacción, a pesar de que el perfil de las víctimas y de los autores sea poco representativo de la realidad local”, señaló.
Para Nilia Viscardi, investigadora y docente experta en seguridad y también coautora del libro Relatos de muerte..., “debemos asumir que las muertes ocurridas alimentan un fenómeno sistemático, que es el de las muertes de jóvenes pobres”. Viscardi planteó que hace unos años “asistimos a un juvenicidio”, porque los jóvenes “son los principales protagonistas de la violencia, como víctimas y ofensores”.
Violencia y carencia tienen relación directa, según Viscardi: “Si mapeamos los barrios de la ciudad de Montevideo siguiendo dos criterios, el de la violencia y el de la carencia, encontramos que donde las privaciones materiales son mayores, mayor es la probabilidad de ser víctima de violencia”. La percepción de inseguridad aumenta “unida a la presencia de redes delictivas e ilegales en los barrios pobres donde crecen las muertes de varones –adolescentes y jóvenes– por ajustes de cuentas”.
El “combate frontal”
Luego de la reunión con el presidente de la República, Heber reivindicó que desde el Ministerio del Interior “no vamos a ceder un metro en la lucha contra el narcotráfico en toda su dimensión”. Resaltó que, sobre todo, contra el “narcomenudeo” darán una “batalla frontal” y redoblarán “los esfuerzos policiales”.
Trajtenberg explicó que “muchas veces, las políticas de ‘combate frontal’ pueden generar efectos perversos”. El criminólogo diferenció el “combate frontal” o la “saturación”, que son herramientas que van “duramente”, de la “presencia policial”. “Son cosas bien distintas”, dijo, y afirmó que “hay mucha investigación que muestra cómo usar a la Policía de forma más científica, más organizada, con gestión adecuada; asignando eficientemente hacia los problemas se puede reducir el delito violento en algunas áreas”. Por eso, subrayó que hay que distinguir la presencia de la Policía del “combate frontal”.
Según Trajtenberg, “tienen razón las autoridades, pero también era lo que decían las autoridades del gobierno pasado y los actores políticos de este gobierno criticaban: depende de cómo intervengan en las zonas que sea contraproducente la violencia”. El criminólogo alerta que “si uno va y entra haciendo un ‘combate frontal’ sin ver bien cómo están interactuando y qué relaciones tienen, y sobre todo si uno va, descabeza y sale del territorio, eso puede fomentar la violencia, porque puede haber un relativo equilibrio entre bandas que de repente se rompe y deja zonas al descubierto”. Entonces, “los que quedan empiezan a tratar de buscar ese territorio y eso genera el enfrentamiento”, concluyó.
Para Tenenbaum, “la propuesta del gobierno no es ‘un plan’, es una medida muy concreta”. “Sigue sin existir un documento, un plan, una política pública dedicada a la criminalidad”, lamentó. “Tenemos una medida: el aumento de la presencia policial o el aumento del enfrentamiento de la Policía contra el microtráfico”, dijo. Para el experto en la materia es importante destacar que “desde que asumió el gobierno el objetivo es el microtráfico y no las grandes organizaciones, que no son uruguayas, sino que vienen de afuera y son las que hacen entrar las drogas”.
“Las drogas vienen de afuera, pero las conexiones de los grupos uruguayos con intermediarios o directamente con grandes organizaciones de la región no es la prioridad del gobierno”, analizó, y aseguró que esto “es un grave error” y es “no concebir realmente la complejidad del fenómeno”. “Cuando se combate el microtráfico, hay que saber qué surge del otro lado. Es como no llegar a una solución final; llena el ojo a los vecinos del barrio que se sienten atormentados por ese grupo que está operando en ese espacio concreto de la comunidad, pero no se termina de encarar el fenómeno en sí. Hay mucha experiencia internacional sobre esto. Obviamente que hay que hacer algo con el microtráfico, pero la estrategia debería abarcar otras cosas: enfrentar a las grandes organizaciones. Tiene que ver con el control de las fronteras y con el lavado de activos, porque la renta criminal se tiene que legitimar y se tiene que repatriar”. Para Tenenbaum, esto tiene “mucha relación con la flexibilización que provocó la ley de urgente consideración (LUC) en el control del lavado de activos”. “Sobre el microtráfico, es más de lo mismo”, planteó. “La Fiscalía tiene el microtráfico entre las prioridades. La LUC también apuntó al microtráfico. Desde el inicio de este gobierno sabemos que el microtráfico es uno de sus objetivos”. Aseguró que falta “inteligencia policial e inteligencia financiera”.
Para Viscardi, “la tarea de desmontar las prácticas de los antiguos aparatos policiales y judiciales ha sido una de las obras inconclusas de los gobiernos progresistas en materia de seguridad en nuestro país y en la región, lo que muestra los fracasos de la izquierda”. “Sin que se comprenda que las arraigadas prácticas punitivas y represoras constituyen parte del problema, no hay posibilidad de ir hacia otra política de seguridad”, explicó, y enfatizó en que por eso “urge transformar la tendencia conservadora instalada en el sentido común respecto de la eficacia de ciertos mecanismos”. “El aumento de la represión al delito no tiene eficacia en el descenso de los niveles de violencia y se instala en una institución que no saldó su propia violencia y en la que la calidad de su trabajo aún dista de ser la óptima desde una perspectiva de eficacia policial”, aseveró.
A su vez, estas políticas son un riesgo para los policías. Tenenbaum resaltó que “por supuesto que esto trae grandes riesgos para las fuerzas de seguridad pública”. “Los policías son trabajadores como cualquiera, que ponen su vida por chirolas, y no por ser policías tienen que estar dispuestos a arriesgar su vida por cualquier asunto”, subrayó.