La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU) definió por unanimidad el envío del caso de Raúl Iglesias al Tribunal de Conducta Gremial, luego de que en diferentes entrevistas a los medios realizara declaraciones polémicas cuestionando al fiscal de Corte, refiriéndose indirectamente al trabajo de otros fiscales y desafiando a periodistas que lo habían cuestionado, punto por el que pidió disculpas públicas.
Según informaron fuentes de la Fiscalía a la diaria, el tema fue tratado por iniciativa de la expresidenta de AMFU, la fiscal Mirta Morales, por entender que la conducta de Iglesias podría incurrir en incumplimiento de sus deberes como integrante del gremio.
Morales -que pertenece al oficialismo en el gremio- envió una carta en la que dijo sentirse “seriamente afectada” por las declaraciones vertidas por Iglesias y solicitó la intervención del gremio, considerando que el fiscal “habla de forma negativa” sobre el desempeño laboral y el trabajo de la asociación con “ afirmaciones genéricas, ofensivas y sin fundamentos”.
Ante el planteo, la fiscal Sandra Fleitas, que pertenece a la lista opositora, liderada por Iglesias, llamó a la reserva del caso. “No hay que hacer un conventillo de problemas que son del gremio y deben resolverse dentro de la asociación (...) No hay que fomentar más conflictos entre nosotros”, dijo y planteó la posibilidad de que el tema sea tratado por el Tribunal de Conducta Gremial.
“En momentos en que están matando fiscales en Latinoamérica, no podemos detenernos en este conventillo”, señaló Fleitas.
Otros integrantes de la lista de Iglesias también reconocieron discrepancias con los dichos del fiscal, como es el caso de la fiscal Brenda Puppo, quien dijo que Iglesias “se equivocó” pero que él mismo es el principal perjudicado. Uno de los puntos que reconoció Puppo fue que hubo declaraciones de Iglesias que apuntaban indirectamente contra el trabajo de la fiscal Mariana Alfaro.
La fiscal María Claudia González, que integra la lista de Iglesias, dijo tener “sentimientos encontrados” en torno al caso, y si bien planteó que Iglesias “se equivocó y muy feo”, también cuestionó la decisión de la Fiscalía de corte con el informe que dispuso para analizar cuantitativamente los casos archivados por la fiscalía de Iglesias.
Por su parte, el fiscal Sebastián Robles calificó el episodio como “muy triste” y señaló que ha pasado “por todos los estados de ánimo”. Robles hizo hincapié en no discutir hacia afuera del gremio y coincidió con Fleitas en “no hacer un conventillo”. “No sería sano que la directiva tome una resolución que implique el afuera”, señaló y calificó como “injustas” las declaraciones de Iglesias sobre otros fiscales.
Alfaro dijo que no tomó como personales las críticas realizadas por Iglesias y que sus dichos van más allá de a quién hayan sido referidos. La fiscal planteó que así como no corresponde que otro fiscal opine públicamente sobre la actuación de sus colegas, tampoco opinará sobre los dichos de Iglesias. “Estaría tan equivocada como él si lo hiciera”, subrayó y planteó convocarlo para que dé su versión de los hechos.
Durante el encuentro hubo discrepancias entre la pertinencia y viabilidad de invitar a Iglesias a que dé su versión de los hechos y la conveniencia de difundir el planteo inicial de la fiscal Morales. Luego se definió por unanimidad el envío del caso al Tribunal de Conducta, tal como había planteado Fleitas.
En diálogo con la diaria, el presidente de la AMFU, Willian Rosa, lamentó que la decisión se haya hecho pública y señaló que la comisión directiva acordó tratarlo con la reserva debida, al entender que entiende que “no contribuye” al gremio.
“Resolvimos canalizarlo por las vías estatutarias correspondientes e internamente, sin ninguna cuestión pública, no me parece bueno que salga públicamente”, señaló.
Consultado sobre qué aspectos de la conducta de Iglesias trataría el Tribunal, Rosa explicó que la función del Tribunal que determina el estatuto es la de evaluar la conducta de los asociados y de los representantes de la directiva, si existió agravio o violación de principios de la asociación, pero no la conducta en el cumplimiento de las funciones, para lo que existen otros canales.
El Tribunal de Conducta está integrado por los fiscales Diego Pérez, Mirta Morales y Angelita Romano.
La resolución llega en momentos en que la Fiscalía realiza un informe de la actuación del fiscal, investigado por el archivo de unas 300 causas en unas dos semanas.
El director de Políticas Públicas de la Fiscalía, Sebastián Pereyra, djio a la diaria que el informe que está elaborando sobre los casos archivados por la fiscalía liderada por Iglesias no es una evaluación jurídica, sino que se trata de los informes habituales que realiza la dirección de Políticas Públicas, en donde se determina la cantidad de casos que formalizan, las condenas y los archivos.
“Es habitual que el fiscal de Corte nos pida información de estas características”, señaló y destacó que también los propios fiscales le piden información a la dirección para poder evaluar su desempeño.