El fiscal especializado en Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez, convocará a declarar a los investigados en la causa Katoen Natie, luego de una última ronda de declaración de testigos que se concretará en junio, según informaron a la diaria fuentes judiciales. La causa surgió a partir de una denuncia presentada por el Frente Amplio, para que se investiguen los detalles y el procedimiento administrativo que llevó al contrato que firmó el año pasado el gobierno con la firma de origen belga, que logró la extensión de la terminal especializada de contenedores hasta 2081.
Entre miércoles y jueves declararán ante la Fiscalía varios testigos, principalmente profesionales vinculados a la actividad portuaria o que fueron contratados por alguna de las partes. Entre ellos, el abogado de Montecon –competidora de Katoen Natie que opera en los muelles públicos– Gonzalo Lorenzo; la ex secretaria general de la Administración Nacional de Puertos (ANP) Liliana Peirano; el expresidente de la ANP y especialista en derecho marítimo Edison González Lapeyre; el gerente general de la ANP, el ingeniero Horacio Lannes –quien avaló el nuevo reglamento de atraque de buques que pone en práctica una preferencia para Katoen Natie–; Alejandro Steineck, ex director de Terminal Cuenca del Plata (2010-2015); y Paul Arrigui, abogado de Katoen Natie.
El viernes será el turno del exsecretario de Presidencia Miguel Ángel Toma, quien será consultado sobre las últimas conversaciones entre Katoen Natie y la anterior administración, ya que la firma belga envió la amenaza de un juicio internacional –que posteriormente posibilitó el acuerdo con el nuevo gobierno– cuando aún gobernaba el Frente Amplio (FA). También declararán el economista Gabriel Oddone, del estudio CPA Ferrere, que hizo un informe favorable a la operación de una terminal única en el puerto, y el economista Michael Borchardt, integrante del Ministerio de Economía y Finanzas en los gobiernos del FA, quien tiene una postura contraria al acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie.
Luego habrá una audiencia el 20 de junio, en la que declararán el economista Martín Vallcorba, quien también tiene una posición contraria al acuerdo, y el economista Alfonso Capurro, de CPA Ferrere.
Culminada esta tanda de declaraciones, el fiscal Rodríguez llamará a declarar a los investigados: el presidente de la ANP, Juan Curbelo, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber –que negoció el contrato cuando aún era titular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP)–, el subsecretario del MTOP, Juan José Olaizola, y el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés. El abogado de los investigados, Paul Pereira Schurman, evaluará con sus defendidos si hacen uso de la posibilidad de declarar por escrito, sin concurrir a la Fiscalía.
Hasta ahora, la investigación penal se ha centrado en si hubo o no abuso de funciones por parte de los jerarcas que avalaron el acuerdo que otorga hasta 2081 la concesión de la terminal especializada a Terminal Cuenca del Plata, firma que logró la prioridad para el despacho de contenedores y pertenece en 80% a Katoen Natie y en 20% a la ANP.
Particularmente se investiga si la ley obliga o no a una consulta previa al directorio de la ANP para cerrar el acuerdo, dado que el directorio se enteró por la prensa de la concreción de la firma del contrato. Durante sus declaraciones ante la Fiscalía, el gerente del área jurídico notarial de la ANP, Edgardo Amoza, modificó la posición que había dado en abril de 2021, cuando señaló que el acuerdo requería el aval de todo el directorio.
En esa oportunidad Amoza dijo que tanto el artículo 377 de la Ley 19.355 como el artículo 7 de la Ley 16.246 establecen como requisito para la prórroga del contrato con Katoen Natie el asesoramiento de la ANP.
“La ley de puertos en su artículo 7 estableció la competencia del Poder Ejecutivo para la competencia de la política portuaria y el control de su ejecución, lo cual se califica como un cometido esencial, dado que se refiere al establecimiento de una política sectorial. La misma norma le ha asignado al directorio de la Administración Nacional de Puertos el cometido de asesorar al Poder Ejecutivo en materia portuaria y en aquellos aspectos atinentes al desarrollo deberá seguir la política que establezca el Poder Ejecutivo”, sostuvo Amoza en abril de 2021.
En cuanto al artículo 377 de la Ley 19.355 –que establece que las concesiones “que afecten un espacio territorial del recinto portuario (muelles, explanadas, depósitos, radas, etcétera) otorgadas al amparo de la Ley 16.246 de 8 de abril de 1992 podrán prorrogarse por Resolución del Poder Ejecutivo con el asesoramiento de la ANP–, Amoza señaló que la normativa “previó la posibilidad de prorrogar las concesiones portuarias por resolución del Poder Ejecutivo con el asesoramiento de la ANP”.
A principios de mayo, el abogado de los investigados presentó como evidencia una carta de Amoza enviada a la secretaria general de la ANP, Laura Reinaldo, cuando la causa ya estaba iniciada, en la que planteaba que no era necesaria esa consulta al directorio, y que el presidente, por sí solo, podía representar al organismo en ese aval. En efecto, fue Curbelo quien elevó el asesoramiento al gobierno y no todo el directorio del organismo. Amoza admitió ante Fiscalía el cambio de postura, que atribuyó a “un tema de honestidad intelectual”.