La Unión de Sindicatos Policiales logró negociar un 2,5% de aumento extra para los policías. Esto se suma al 6,4% que consiguió la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), además del 2% del adelanto del aumento para todos los funcionarios públicos y una partida fija de 1.500 pesos mensuales.
Los operadores penitenciarios, que son el personal civil dentro de las cárceles, están comprendidos en el aumento obtenido por COFE y, según plantearon, están excluidos, por su carácter civil, del aumento que fue prometido a los policías.
Desde la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (Ofucipe), solicitaron ser considerados en esta Rendición de Cuentas. En diálogo con la diaria, Juan Nolasco, secretario de Ofucipe, manifestó que “no es una novedad” que “los funcionarios del Instituto Nacional de Rehabilitación queden por fuera” tanto de los proyectos de Rendición de Cuentas como en los de Presupuesto.
Nolasco afirmó que, en lo que respecta al sistema penitenciario, sólo se habla de la construcción de nuevas cárceles [en Artigas y nuevas plazas en Treinta y Tres], pero no se considera al funcionariado que va a trabajar en estos lugares, siendo que de por sí ya hay “una debilidad muy importante de trabajadoras y trabajadores”. “Se habla de infraestructura pero no de vacantes laborales”, reclamó.
A nivel salarial, planteó que el acuerdo de los sindicatos policiales genera “una brecha salarial importante entre trabajadores que estamos en el mismo ambiente de trabajo con la Policía”. “El acuerdo que se hizo en el Parlamento genera trabajadores clase A y clase B en el Ministerio del Interior”, sentenció.
El presidente del sindicato de operadores penitenciarios destacó que la brecha se ve agravada por el transporte, ya que los policías tienen traslados gratis y los operadores deben cubrir este gasto, a lo que se suma la dificultad de que las cárceles están alejadas de todos los centros poblados. “Tenemos un gasto de entre 7.000 y 10.000 pesos para llegar a nuestro lugar de trabajo”, explicó.
Nolasco indicó que tuvieron dos reuniones con el Ministerio del Interior (MI) en las que llevaron los planteos, que fueron recibidos, pero no tuvieron respuesta. Sobre los planteos que hicieron a la cartera, resaltó que pidieron el pago remunerado de horas extra. “Por la ley 19.121 tenemos la compensación en días por horas extra. Hay compañeras y compañeros que vienen perdiendo días todos los años porque se prevé un año para tomarse el pago por horas extras, pero, al no haber la cantidad suficiente de funcionarios, no se permite tomar la licencia reglamentaria en algunos casos, mucho menos la que corresponde por feriados trabajados o por horas extras generadas”, contó, y continuó: “Esto hace que las compañeras y compañeros que están realizando horas extras se vean perjudicados notoriamente”.
El secretario de la Ofucipe adelantó que, “obviamente, si para esto no hay solución, tendremos que presentar un juicio civil para que se pague lo que se está debiendo a las y los trabajadores”. Nolasco afirmó que “viendo el articulado, este planteo no fue contemplado”.
Sobre el pedido de un viático para transporte, dado que “la Policía viaja gratis en los ómnibus departamentales e interdepartamentales” y los operadores penitenciarios no, Nolasco señaló que “tampoco fue contemplado por el MI”, indicó.
“Ahora nos encontramos con el acuerdo que se hizo con el sindicato policial, que nosotros lo vemos bien -obviamente que todos los sindicatos que tengan acuerdos que impliquen un crecimiento salarial lo vemos bien-, pero genera una brecha salarial más grande que la que ya tenemos”, planteó Nolasco. “Ahora se da un 2,5% a los funcionarios policiales y no se contempla a los civiles”, lamentó el presidente de los operadores penitenciarios. “Por eso decimos que hay una diferenciación entre funcionarios para el MI y para la coalición de gobierno”, afirmó.
Nolasco también criticó que “vemos otro proyecto de Rendición de Cuentas sin civiles que puedan ingresar a trabajar”. “Hay un crecimiento exponencial de la población carcelaria y no hay ingreso de trabajadores”, subrayó. Reiteró que se prevén “construir nuevas cárceles con la misma cantidad de funcionarios que hay”, lo cual alertó que es inviable.
También criticó que el proyecto de cárceles que se está proponiendo no se adecua a la realidad: “Artigas está llegando hoy a las casi 250 personas privadas de libertad y se prevé una cárcel con la misma cantidad que tienen hoy, y el crecimiento de la población es diario”. Dijo que “seguimos sin ver una inversión del Estado para el sistema penitenciario”.
Por otro lado, planteó críticas a la creación de una Dirección Nacional de Libertad Asistida en reemplazo de la actual Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA), que supervisa más de 15.000 medidas alternativas a la privación de libertad con una plantilla de 19 funcionarios, según planteó Luis Alberto Heber, ministro del Interior, en noviembre del año pasado. En aquel momento, Heber prometió la creación de 131 cargos policiales, no civiles, para encargarse de esta oficina, porque reconoció que “4.700 personas con penas alternativas están en un limbo” y que “no saben si las cumplieron o no”.
Al respecto, Nolasco resaltó que “se crea esta dirección, con la que se prevé ampliarle el sueldo al director de la OSLA, pero no se contrata personal”. “Tenemos 16 compañeras y compañeros técnicos y profesionales para atender más de 18.000 medidas, pero solamente se prevé aumentarle el sueldo al director y no contratar trabajadores”, reiteró.
“Lo que sí se previó en esta gestión de la coalición de gobierno es el recorte de las vacantes de técnicos y profesionales. Vemos que el sistema penitenciario día a día se está cayendo y las rendiciones de cuentas no hacen más que tirarlo más abajo aún”, sentenció.
Nolasco reiteró el planteo que hicieron en la Rendición de Cuentas pasada, en el que “se ataca directamente la libertad privada de los trabajadores civiles penitenciarios respecto al consumo de marihuana”. “En ese sentido, no estamos en desacuerdo con que haya una regulación para controlar si hay personas que consumen la sustancia dentro del horario laboral, pero, como sabemos, la marihuana tiene otros tiempos de permanencia en el cuerpo y se puede exponer a trabajadores a perder el trabajo por el consumo de una sustancia que hoy es legal y que tenemos compañeras y compañeros que están inscriptos en el registro oficial”, informó. “Pedimos que se derogue y tenemos un informe que afirma que este artículo es inconstitucional porque ataca el derecho privado”, concluyó.