El Frente Amplio (FA) presentó un proyecto de ley que crea una Defensoría Pública independiente del Poder Judicial para garantizar el acceso a la Justicia de los sectores que no tienen recursos para contratar una defensa particular.
En la exposición de motivos del proyecto, los legisladores plantean la necesidad de generar “una estructura y un funcionamiento orgánicos dentro del marco constitucional”, que permitan una defensoría con “absoluta autonomía”, en consonancia con lo dispuesto en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establecen el derecho a ser oído con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, el “derecho irrenunciable” de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado y el “derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes”.
“El derecho fundamental al acceso a la Justicia y a la asistencia jurídica impone al Estado el deber así como la responsabilidad de asegurar y garantizar por medios idóneos su efectiva implementación y extensión a las personas que carecen de recursos económicos suficientes”, agrega el texto presentado al Parlamento.
El proyecto, que ingresó este martes a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, plantea la creación de la Defensa Pública del Uruguay como servicio descentralizado, que se comunicará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura.
Además del servicio de defensoría, el proyecto habilita a la institución a brindar servicios de apoyo psicológico y social a través de convenios con instituciones públicas o privadas. La nueva institución será presidida por un director de la Defensoría que ganará lo mismo que el fiscal de Corte y será responsable de diseñar y ejecutar las políticas públicas de defensoría, con el objetivo de “facilitar el acceso a la Justicia de los sectores más discriminados y vulnerables de la sociedad, promoviendo la descentralización territorial y la implementación de la tecnología para brindar servicios en línea”.
La nueva institución podrá presentar su propio presupuesto, quedando comprendido dentro del artículo 220 de la Constitución. El proyecto prevé que mientras no se apruebe el primer presupuesto del servicio descentralizado, utilizará lo designado al Poder Judicial con destino a la Defensoría Pública, “incluyendo la totalidad de los créditos, cargos presupuestales y recursos, cualquiera sea su naturaleza”. El patrimonio de la institución será comprendido por todos los bienes muebles, inmuebles y derechos de cualquier naturaleza que hoy pertenecen a la Defensoría Pública, que hoy funciona en el Poder Judicial.
En cuanto a los aspectos constitucionales que pueden afectar el funcionamiento de la nueva institucionalidad, el proyecto prevé una interpretación del artículo 197 de la Constitución por la que queda reducida a las disposiciones administrativas la facultad del Poder Ejecutivo de observar los actos de los directorios de servicios descentralizados.
A su vez, comprende la disposición del artículo 239 de la Constitución, que establece que corresponde a la Suprema Corte de Justicia nombrar a los defensores de oficio, al colocar dentro de los cometidos del director nacional “presentar ante la Suprema Corte de Justicia la nómina de defensores públicos para ser designados”, que surgirán de un concurso.
Sobre este punto, el texto explicita que la asignación de materia y destino del defensor “será competencia exclusiva del director nacional del Servicio”.
En diálogo con la diaria el presidente de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay, Joaquín Gamba, señaló que la propuesta sintoniza con el informe del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, publicado a fines de julio, en el que señala la necesidad de una defensa pública independiente.
“El Estado parte debe garantizar que la defensa pública sea independizada del Poder Judicial jerárquica y presupuestariamente; que cuente con los recursos financieros, técnicos y de personal adecuados para llevar adelante su labor de manera oportuna e idónea en todo el territorio de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de debido proceso y juicio justo”, subraya el informe que revisó el cumplimiento de Uruguay de sus obligaciones asumidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Gamba destacó que el proyecto presentado al Parlamento plantea un diseño institucional que permitirá estar en igualdad de condiciones con la Fiscalía. “Si vos tenés una defensa que pueda controlar a la Fiscalía, con un equipo de investigación propio, va a haber un contrapeso importante. Hoy los defensores públicos hacemos lo que podemos, la defensa pública no tiene herramientas para investigar, se olvidaron de la defensa pública cuando hicieron la reforma del Código del Proceso Penal”
“La gente va a saber cuáles son los derechos que tiene y va a poder acudir sin mayores dificultades a defensores, por ejemplo para que le hagan amparos como hace el consultorio jurídico de la Universidad de la República y tener una defensa de calidad, con técnicos suficientes para atender todas las audiencias, agregó el defensor.