Un kilo de cocaína en Bolivia cuesta entre 3.800 y 5.000 dólares, y cuando llega a Montevideo su valor oscila entre los 7.500 y 10.000 dólares. Apenas arriba a España, ya cuesta entre 25.000 y 35.000 dólares, pero cuando se trafica en otros puntos de Europa, Asia y Oceanía puede alcanzar los 200.000 dólares. A la organización delictiva que lidera el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que esta semana se convirtió en el centro de la agenda política uruguaya, le incautaron al menos 16 toneladas de cocaína, con un valor estimado superior a los 600 millones de dólares. Los procedimientos se llevaron a cabo en Paraguay, Uruguay, África y Europa.
Aunque es difícil de comprobar, los policías que trabajan en el combate a las drogas en Uruguay siempre repiten la misma muletilla: “Por cada una que se incauta, pasaron diez”, una estimación que sirve para calibrar el poder económico de la estructura criminal que montó Marset en pocos años.
Dos años antes de su desbaratamiento en la Operación a Ultranza -el mayor operativo antidrogas en la historia de Paraguay, con incautación de bienes por más de 100 millones de dólares-, el poderoso “clan Marset” estuvo en la mira de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) del Ministerio del Interior uruguayo, según documentación de la Policía paraguaya y de la Policía uruguaya a la que accedió la diaria
A partir de un pedido de las autoridades paraguayas, la Policía de Uruguay logró detectar en 2020 actividades sospechosas de lavado de activos que involucran al entorno de Marset y de su esposa. La pareja le proporcionaba el dinero a un familiar que invertía en campos, autos de alta gama y la instalación de empresas, entre ellas pequeños comercios de barrio de bajo perfil, como una peluquería y una casa de venta de bolsas en la zona de Piedras Blancas, algunas viviendas en la zona de Manga y otros bienes de mayor porte, como una chacra en una zona rural ubicada entre Empalme Olmos y San Jacinto.
Entre las personas de su confianza que participaban de la ruta del dinero, se encuentran, además de cuatro familiares directos de la pareja de Marset (entre ellos una persona que se dedicaría a manejar camiones y a organizar la logística del ingreso de la droga a Uruguay), otra persona vinculada al tráfico de marihuana y un chofer de un BMW con matrícula paraguaya.
Entre marzo y octubre de 2020, mientras corría esta investigación a pedido de las contrapartes de Paraguay, Marset tuvo una requisitoria en Uruguay por averiguación de paradero que quedó sin efecto por una resolución del Juzgado Letrado Penal Especializado en Crimen Organizado de primer turno. El último registro que tiene la Policía uruguaya de la residencia de Marset en el país es de un sitio en Malvín Norte.
El tráfico de Marset en Paraguay y Uruguay
La Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay tuvo las primeras novedades de Marset en octubre de 2013, cuando en un operativo coordinado con la DGRTID de Uruguay se logró el procesamiento del tío del expresidente de Paraguay Juan Domingo Viveros Cartes, conocido como Papacho, que aterrizó en una avioneta en la localidad de José Pedro Varela. En la Operación Wayra se incautaron 450 kilos de marihuana. Marset declaró ante la Justicia ser el destinatario del cargamento incautado y luego cumplió condena en Uruguay.
Además del atentado a la Brigada Antidrogas ocurrido el 9 de mayo de 2020 y la amenaza a la fiscal especializada en Estupefacientes, Mónica Ferrero, por la que fue procesado el hijo del contratista de fútbol Gerardo Arias, la organización de Marset está vinculada a otros operativos efectuados por la DGRTID, entre ellos la Operación Puerto Príncipe, de mayo de 2019; la Operación Varsovia, de agosto de 2019; la Operación Apia, de enero de 2020; la Operación Bagdad-Bangui, de febrero de 2020; la Operación Conakri y la Operación Árabe, de 2021. El itinerario habitual de la organización comenzaba con la carga de la droga en Bolivia o Paraguay, luego ingresaba a Uruguay en avioneta y era trasladada por tierra hasta el puerto de Montevideo, con destino al mercado europeo.
En mayo de 2019, seis uruguayos y tres colombianos que respondían a la organización de Marset fueron imputados por tráfico de estupefacientes, tras la incautación, en la Operación Puerto Príncipe, de 430 kilos de cocaína, con un valor de venta en el mercado europeo de 39 millones de dólares.
En una casa de Parque del Plata, en agosto de 2019, se incautaron 872 kilos de cocaína, que fueron trasladados hacia el balneario canario en una furgoneta Mercedes Benz, con una camioneta Volkswagen Amarok que viajaba adelante. La investigación policial, que vinculó el caso a la organización de Marset, determinó que el cargamento provenía de Bolivia.
En setiembre de 2019, la policía encontró una avioneta abandonada en el camino vecinal Cuchilla de Haedo, en el departamento de Paysandú. La aeronave, registrada en Bolivia con la matrícula CP 2787, impulsó la Operación Apia, que culminó con el allanamiento de seis viviendas en Montevideo, en los barrios de Pocitos y Carrasco, donde se incautaron 392 kilos de cocaína, además de 27.000 dólares y dinero de monto menor, de Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. En esa operación fueron imputados un ciudadano brasileño y otro boliviano, relacionado al clan Marset.
En Bella Unión, el 23 de febrero de 2020, una avioneta descargó 347 kilos de pasta base y 206 kilos de cocaína; el Operativo Bagdad-Bangui logró incautar la droga, junto a unos 50.000 dólares y varias armas, tras nueve allanamientos en Montevideo, Maldonado, Canelones y Artigas.
En marzo de 2021 fueron detenidas 15 personas, vinculadas a las actividades de la organización criminal, que utilizaba como pantalla la actividad agropecuaria. En la Operación Árabe se incautaron más de 600 kilos de cocaína. En ese operativo participaron unos 170 efectivos en 18 allanamientos, en el que se incautó además de la droga y armas, una lancha que podría ser utilizada para cargar la droga en altamar.
En febrero de 2022, fue desbaratada la organización liderada por Marset y el paraguayo Miguel Ángel Insfrán, que tenía una red de lavado de activos a través de clubes de fútbol e iglesias. La Operación a Ultranza implicó 107 allanamientos, en los que se incautaron bienes por más de 100 millones de dólares, entre ellos 98 inmuebles, 28 vehículos, diez avionetas, un helicóptero, 12 carretas, 41 tractores, 48 motos y siete embarcaciones.