El abogado de la uruguaya Maya Cikurel respondió al pronunciamiento de la Fiscalía en la causa que investiga en Panamá a la constructora brasileña Odebrecht, por sobornos a varios gobiernos de la región y lavado de activos.
En la primera semana de la audiencia preliminar, la Fiscalía Anticorrupción de Panamá pidió el enjuiciamiento de Cikurel por blanqueo de capitales, al ser la beneficiaria de la offshore Arcadex Corporation, identificada por la Fiscalía como parte de la estructura de pagos de sobornos de la constructora Odebrecht.
Si bien el abogado Edgar Sánchez fue quien presentó el recurso de Hábeas Corpus a favor de Maya Cikurel y otros imputados en la causa, la defensa de la contadora uruguaya en el juicio la lleva el estudio Mejía y Mejía, y el encargado de presentar los alegatos en su defensa fue el exministro de la Suprema Corte de Justicia panameña Jerónimo Mejía.
Mejía pidió a la jueza Baloísa Marquínez el sobreseimiento definitivo de Cikurel por entender que en el marco jurídico panameño no está tipificada su conducta y aseguró que la contadora “fue víctima del grupo Odebrecht” para el que trabajó, entre 2008 y 2010, como socia del estudio de contadores MVD Group.
El abogado planteó que en la carpeta de investigación de la Fiscalía no hay elementos para probar la participación de Cikurel en los delitos precedentes del lavado, como soborno internacional y corrupción, necesarios para que se configure el delito de blanqueo de capitales que la Fiscalía imputa a Cikurel.
Además, señaló que la tipificación del delito de blanqueo de capitales en el Código Penal panameño requiere que Cikurel haya actuado con conocimiento del delito previo, la procedencia del dinero y la intención de ocultar el origen de los fondos.
“No hay ninguna evidencia [de] que después [de] que los servidores públicos panameños supuestamente recibieron [...] los dineros que proceden del delito de soborno internacional, dichos servidores públicos le hayan entregado a Maya el dinero para que los blanquee y que Maya haya participado en ese tramo de las transacciones”, señaló el abogado.
La defensa de Cikurel dijo que ninguno de los integrantes de la estructura armada por Odebrecht para circular el dinero destinado a los sobornos reconoció a Cikurel como parte del mecanismo y señaló que la contadora no tenía acceso a los sistemas informáticos utilizados para pagar los sobornos. “Ahí no está Maya, Maya no forma parte de esa red, no tiene nada que ver con ese núcleo de personas, que sí se conocían entre sí y que eran las que sacaban los fondos para pagar sobornos [...] ellos son los delincuentes”, apuntó el abogado.
Dijo, además, que el estudio de contadores en el que trabajaba Cikurel prestaba servicios a Odebrecht y agregó que era “un cliente más”. “Maya no fue la que consiguió a Odebrecht como cliente, tampoco conversaba con las personas vinculadas a Odebrecht, la relación directa con Odebrecht la tenía el socio principal del estudio de contabilidad”, señaló el abogado en referencia a Octavio Fernández de Olivera.
Mejía dijo que parte de los servicios que le daba el estudio a Odebrecht era “aparecer en algunas sociedades como directores firmantes de cuentas bancarias de sus clientes”. “Estos negocios de firmar por otros, de estar en la junta directiva de una sociedad, era en esa época y sigue siendo, con menos frecuencia, el pan de cada día”, agregó.
“Odebrecht se aprovechó de la buena fe de profesionales como Maya, que les prestaron servicios sin tener la más mínima idea del verdadero negocio ilícito [en el] que estaba Odebrecht [...] Maya no participó en esas operaciones, su único pecado fue aparecer como firmante en una de las cuentas de algunas sociedades utilizadas por Odebrecht”, agregó.
Por otra parte, subrayó que desde el punto de vista jurídico no puede configurarse soborno internacional en Panamá, ni la Justicia panameña tiene jurisdicción para actuar: “Las muy pocas operaciones que Maya realizó no se realizaron ni en Panamá ni para surtir efectos en Panamá, se realizaron desde Uruguay para surtir efectos en Suiza”.
Además, se refirió a dos investigaciones judiciales, una en Uruguay y otra en Suiza, en la que Arcadex fue investigada y Cikurel sobreseída, por lo que el abogado entiende que la uruguaya no puede ser investigada dos veces por los mismos hechos.
Mejía mencionó que la Justicia suiza archivó el caso contra Arcadex, el 22 de diciembre de 2021, mientras que la Justicia uruguaya sobreseyó a Cikurel el 26 de marzo de 2020, con referencia a una causa abierta en Uruguay a pedido de la Fiscalía de la Confederación Suiza.
En el documento al que accedió la diaria, el fiscal especializado en Crimen Organizado Luis Pacheco solicitó el archivo de la causa por considerar que Cikurel no tenía elementos para prever la actividad ilícita de Odebrecht y que los servicios fueron prestados antes del inicio de la investigación internacional.
En cuanto a la decisión de Suiza, Mejía planteó que Arcadex “fue objeto de un profundo análisis” y “no surgieron elementos de investigaciones tendientes a identificar conductas penalmente reprochables de las personas fiduciarias”.