Rodrigo Loli Fontana Ferreira fue extraditado este viernes desde Brasil a pedido de la fiscal Alejandra Domínguez, a cargo de la Fiscalía Especializada en Crimen de Narcotráfico, Homicidios y Delitos Conexos de Rivera, por delitos de tráfico internacional de armas y drogas. Estos delitos se asocian a la Operación La Niña, que comenzó en 2018. Fontana fue detenido en marzo de 2021 en la ciudad de Santana de Livramento y se lo relaciona con las amenazas a la fiscal de Estupefacientes Mónica Ferrero y al atentado a la Brigada Antidrogas en 2020; también se lo vincula con el clan del narcotraficante Sebastián Marset.
Interpol emitió una alerta roja contra Fontana, en noviembre de 2020, por reiterados delitos de tráfico internacional de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados; reiterados delitos de tráfico interno, fabricación ilegal de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, y reiterados delitos previstos, en la modalidad de importación, exportación y negociación.
Este sábado, fue imputado por reiterados delitos de importación y exportación de estupefacientes y por tráfico interno e internacional de armas. La Fiscalía pidió siete años de prisión, pero no hubo acuerdo con la defensa del imputado. A priori hay intenciones de ambas partes de llegar a un juicio abreviado. Se dispuso su prisión preventiva por 120 días mientras continúa la investigación.
Martín Frustaci, uno de los abogados de Fontana, dijo a Telemundo y medios locales que se concretó la formalización y que la medida cautelar de prisión preventiva fue aceptada “por un tema netamente estratégico”. “No tuvimos oposición junto con mi distinguido colega Santiago Moratorio porque estamos en tratativas de llegar a un acuerdo con la Fiscalía”, indicó el abogado, que destacó la labor de la fiscal Domínguez y el “gran trato” que tuvo con el imputado.
Por su parte, Moratorio explicó que Fontana no puede ser juzgado por otros delitos porque “la imputación se limita al pedido de extradición” y porque “no hay elemento alguno que lo vincule con los delitos que se mencionan en la prensa”. “No hay vinculación con la Operación Wayra ni con el atentado a la Brigada [Antidrogas] y mucho menos con las amenazas a la doctora Ferrero”, detalló. Además, Moratorio señaló que “no hubo pedido de otra fiscalía, ni de Mónica Ferrero [de la Fiscalía Especializada en Estupefacientes] ni de Diego Pérez [de la Fiscalía de Flagrancia que investiga el atentado y las amenazas]. El abogado lamentó que Fontana haya estado un año y medio preso en Brasil en condiciones “bastante lastimosas”.