El vínculo de Robaina con las víctimas del terrorismo de Estado no es casualidad. Su madre y dos hermanos fueron presos políticos durante la dictadura cívico-militar. En 1985, cuando se recibió de psicóloga, entró a trabajar en el Servicio de Rehabilitación Social (Sersoc), una ONG que funcionaba con la idea de dar atención integral a los presos políticos que salían de la cárcel en el retorno a la democracia, a los que volvían del exilio, y a los familiares de desaparecidos o asesinados políticos. Desde ese momento, Robaina no ha parado de trabajar en la temática.
¿Desde cuándo estás involucrada con el grupo de mujeres denunciantes de violencia sexual en la dictadura y cómo fue el primer acercamiento?
Se acercaron Beatriz Benzano y Mirta Macedo en octubre de 2010 a COSAMEDDHH a raíz de que Beatriz había estado en eventos internacionales feministas donde tomó contacto con denuncias que se habían hecho en otros países por el tema de la violencia sexual en el terrorismo de Estado. Surgió la idea de que habría que denunciar todos los abusos que se cometieron con las mujeres y sus cuerpos cuando estuvieron presas. Ellas lo que decían era: “Sabemos que nos vamos a meter con un tema muy tabú y delicado porque a las mujeres nos ha costado horrores tomar contacto con eso, la mayoría ni siquiera quiere hablar de eso, y entonces necesitamos apoyo”. Por eso fueron a COSAMEDDHH.
¿Cómo fue el proceso hacia la denuncia penal?
Tuvimos distintas etapas que se debieron fundamentalmente a las características del grupo. Primero que nada, conocerse, integrarse. Después, hablar de sus expectativas en relación con esta denuncia, el para qué, el porqué. Y los temores: había muchísimos miedos. Estaba el temor a ser acusadas, en vez de ser comprendidas. También estaba el temor de denunciar a gente que está libre, impune, que puede tomar represalias. El temor a que no las comprendieran las familias, a que los hijos no quisieran saber.
Después vino la etapa de desarrollar la denuncia, y lo primero que tuvieron que hacer fue escribir su testimonio y detallar la violencia sufrida. Mientras trabajamos en esa instancia, lo que escribieron no lo expusieron al grupo, los que lo leyeron fueron los abogados después. Escribir el testimonio no fue nada fácil porque había muchas resistencias a dejar eso escrito. Recuerdo una mujer que decía: cada vez que me siento en la mesa a escribir, no puedo porque es algo tan inmundo, tan aberrante, que siento que contamino la mesa en la que come mi familia. Algunas dijeron que no podían hacer la denuncia, e incluso en algún caso le dijimos: es mejor que no hagas la denuncia, capaz que tu rol es acompañar al grupo y apoyarlo, no tenés que exponerte. Se trataba de cuidarlas y de no ir más allá de lo que se podía.
¿Cuál es la importancia de que la denuncia se hiciera colectivamente?
Creo que para sanar las secuelas de la violencia política es muy importante lo colectivo, porque justamente es una violencia que se basa en destruir lo social y lo colectivo. Entonces, poder trabajarlo con otros es muy esclarecedor porque se sale del sufrimiento individual y familiar para poder encontrar toda la intencionalidad social que esto tuvo. Que la denuncia haya sido colectiva hizo que no tuvieran que estar contando lo que les pasó continuamente. Hablar de un sujeto colectivo las protege porque se habla de “lo que les pasó a las mujeres” y no de “lo que me pasó a mí”. No te expone, te cuida. En algo con tanta repercusión masiva, es necesario proteger la intimidad.
¿Cómo fue el trato hacia ellas en las audiencias?
Muchas veces fueron muy maltratadas y el juez [Néstor Valetti] no entendía nada de la temática, era alguien que se movía con el esquema de la Justicia penal tradicional y no tenía ni idea de lo que es trabajar un delito de lesa humanidad. Esa falta de información del juez era humillante, porque él debería ahorrarle a la víctima que tenga que explicar cada una de las cosas. Uruguay, como Estado, no estuvo a la altura de los acontecimientos, no les dio a las víctimas la dignificación que se merecen. A mí me parece que fueron maltratadas y revictimizadas. Sin embargo, por otro lado, un montón de grupos de la sociedad las han reconocido, valorado y escuchado. Ha habido muchas repercusiones que han demostrado que la denuncia valió la pena, y eso es reconfortante. Más allá de que la cantidad de procesados no sea la deseada, hay otros niveles de reparación que sí se han dado, a nivel más simbólico y a nivel de la memoria. Son procesos que no se pueden cuantificar.
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