Alejandro Astesiano, expolicía y jefe del Servicio de Seguridad Presidencial de Luis Lacalle Pou, fue imputado por un delito continuado de suposición de estado civil como coautor en reiteración real con un delito de asociación para delinquir y un delito de tráfico de influencias. El juez subrogante Matías Porciúncula dispuso el martes su prisión preventiva por 30 días, mientras continúa la investigación. Fue privado de libertad en el Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación del Instituto Nacional de Rehabilitación que funciona en la Unidad 1 Punta de Rieles, cárcel de participación público privada. La Fiscalía de Flagrancia de 12º Turno, cuya titular es Gabriela Fossati, está a cargo del caso y Astesiano fue asistido por Virginia de los Santos, abogada de la Defensoría Pública.
La defensa solicitó la reserva de la audiencia, pero la Fiscalía se opuso. El juez no aceptó la reserva, pero no permitió a la prensa presenciar la audiencia, a pesar de que estas instancias son públicas desde la aprobación del nuevo Código del Proceso Penal.
Se presume que el jefe de la custodia presidencial integra una red dedicada a falsificar documentación para que ciudadanos rusos obtuvieran cédulas de identidad y pasaportes uruguayos. Por el caso ya fueron formalizadas por asociación para delinquir y suposición de estado civil otras tres personas que integrarían la red de Astesiano: dos ciudadanos rusos y un escribano uruguayo. Todos están en prisión preventiva.
Los delitos por los que fueron imputados prevén penas de hasta ocho años de penitenciaría. La pena por asociación para delinquir es de seis meses de prisión hasta cinco años de penitenciaría; y de 18 meses de prisión a ocho años de penitenciaría si la asociación tiene como objeto la ejecución de otros delitos. El delito de suposición de estado civil prevé una pena que va de 18 meses de prisión a ocho años de penitenciaría.
Además, en el caso de Astesiano, se agrega el delito de tráfico de influencias a su imputación. El artículo 158 bis del Código Penal define este delito y prevé una pena de tres meses de prisión a cuatro años de penitenciaría para quien, “invocando influencias reales o simuladas, solicita, recibe por sí mismo o por otro, para sí o para otro, provecho económico, o acepta su promesa, con el fin de influir decisivamente sobre un funcionario público para retardar u omitir un acto de su cargo, o por ejecutar un acto contrario al mismo”.
Astesiano fue detenido el domingo en la residencia presidencial. Tras volver de unas vacaciones que pasó con el presidente y sus hijos, fueron notificados de la presencia del director de Inteligencia Policial en la residencia de Suárez y Reyes, que los esperaba para desplegar el operativo de detención.
Aunque Lacalle Pou negó en conferencia de prensa que el jefe de su custodia tuviera antecedentes penales, en el control de detención llevado adelante el lunes Astesiano reconoció ante la Justicia tenerlos. Además, tiene más de 20 indagatorias policiales por múltiples delitos, entre ellos, hurto, estafa, daño y apropiación indebida. También tiene varias requisitorias que ordenó la Justicia para que sea detenido.
La red criminal que integraría usaba una computadora con acceso a los datos de Identificación Civil, donde Astesiano trabajó hace 20 años, cuando era policía. El jefe de la custodia presidencial trabajó en la Jefatura de Policía de Montevideo, en un grupo táctico de patrullaje. También estuvo en Investigaciones y luego pasó a la Dirección Nacional de Identificación Civil. Después, se fue de la Policía.
El lunes, en conferencia de prensa, Lacalle Pou dijo que esperaría la resolución judicial para tomar medidas sobre el puesto que ocupa Astesiano, del que hasta ahora no fue cesado. “Veremos después de las próximas horas cuál es el dictamen primario que hace la fiscal y obviamente que uno tomará las medidas en consecuencia y se enterarán por boca mía”, dijo el presidente de la República.