El seguimiento del exjefe de seguridad presidencial, Alejandro Astesiano, al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, a través de cámaras de seguridad, luego de que tuviera un accidente de tránsito en Punta Carretas en febrero del año pasado, será objeto de acciones parlamentarias por parte del Frente Amplio (FA), que evaluará este lunes la posibilidad de llamar a sala al Parlamento al ministro del Interior, Luis Alberto Heber.
Pero la oposición también buscará responsabilidades políticas de Nicolás Martínez, secretario privado del presidente Luis Lacalle Pou, a quien Astesiano le dio información del operativo policial del accidente y le mostró imágenes de ese momento. Martínez dijo este jueves a El Observador que “el único diálogo” que tuvo con Astesiano fue el 4 de febrero de 2022 y que el exjefe de seguridad no le aclaró si le enviaba esa información desde el piso cuatro de la Torre Ejecutiva o de la residencia de Suárez y Reyes.
También buscarán explicaciones del presidente de la República, porque Martínez es “nada más y nada menos que el secretario personal” del presidente, dijo este viernes el senador frenteamplista Alejandro Sánchez a la diaria. “¿Y el presidente no sabía nada? Estamos hablando del núcleo más íntimo de Lacalle Pou realizando este tipo de cosas. Entonces, yo no puedo creer que ese núcleo haga estas cosas y que el presidente no tenga conocimiento”.
A nivel judicial, el presidente del PIT-CNT y el Secretariado Ejecutivo de la central sindical manejan impulsar diversas acciones. El abogado Luis Acosta Ibarra, que representa a Abdala, sostuvo en diálogo con la diaria que “esto se parece mucho a lo que se llama en la Constitución pesquisa secreta, que implica que son irregulares, que están fuera del marco de competencia del funcionario”, expresó.
En otras palabras, señaló que “hubo funcionarios públicos que, con una motivación que es espuria, llevaron adelante estas acciones” y “de forma manifiesta queda claro que la persecución no es en función del interés general”. El abogado detalló que cuando se produjo el accidente se llevó adelante una investigación formal, el Ministerio del Interior (MI) concurrió a la escena del choque, hizo la espirometría, informó a la Fiscalía y esta finalmente tomó medidas específicas, por lo que “no hay nada que justifique que otros funcionarios sin competencia hagan eso”.
En función de la información formal a la que acceden el abogado sostuvo que analizan distintas posibilidades, que tienen que ver fundamentalmente con hacer la denuncia en el plano penal, pero no descartan otras acciones, como denunciar el hecho en ámbitos internacionales, algo que está evaluando el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT.
El abogado mencionó que en este caso se habrían afectado las libertades fundamentales y la libertad ambulatoria. El “seguimiento” y la “reproducción histórica de la trayectoria que hizo con la cámara del MI” de manera “irregular”, “es una práctica que el Estado no puede realizar, porque está prohibida por la Constitución”, resaltó.
Remarcó que “Astesiano no es un paracaidista”, sino que “es un funcionario designado, que integra el gobierno y es parte de los funcionarios de confianza de la Torre Ejecutiva”. En ese sentido, señaló que es claro que el presidente del PIT-CNT no tiene que ver con la seguridad presidencial, ni el accidente sea de interés para la seguridad presidencial”.
Otro aspecto relevante para el abogado y que quedó demostrado en el diálogo de Martínez con El Observador es que Astesiano tenía acceso a las cámaras de seguridad, aunque no se sepa desde dónde accedía a ellas. “Lo que entiendo es un hecho grave, parece no ser aislado, porque si vos tomás la información pública y aunque sea todo presunto, parecería que había utilización espuria de los recursos motivados por cuestiones personales y políticas, pero absolutamente ajenas al marco de acción y la competencia de estos funcionarios. De este episodio en concreto lo que se saca como conclusión es que efectivamente Astesiano tenía acceso al instrumental de las cámaras del MI. ¿Desde dónde? No lo sabemos”, expresó.
En el caso del rol de Martínez, el abogado prefirió no adelantar opiniones, pero sí dijo que “lo esperable en un funcionario público, cuando advierte en el marco de su propia dependencia que una actividad puede ser irregular, sería cesar esa actividad y además advertir”.
Espionaje para perseguir
Por su parte, el senador Charles Carrera, que fue director general de Secretaría del Ministerio del Interior (MI) y es uno de los legisladores que la empresa Vertical Skies pidió a Astesiano investigar, dijo a la diaria que el que se encarga de la seguridad presidencial no puede tener acceso a “toda la videovigilancia e infraestructura de seguridad pública”. Señaló que queda demostrado que Astesiano no utilizó la información para beneficio propio, sino que “usó la infraestructura de seguridad pública para perseguir a opositores y dirigentes sociales”.
Por otro lado, señaló que Martínez “no tomó ninguna acción” al enterarse que se estaba haciendo “un seguimiento ilegal a través de la infraestructura de seguridad pública al presidente del PIT-CNT”. En el mismo sentido opinó la senadora Silvia Nane, quien dijo a la diaria que exigirán una explicación sobre el accionar del secretario privado de Lacalle Pou. “La responsabilidad tiene que llegar hasta donde llegue. No responder al mensaje no quiere decir que a partir de que detecto que me están pasando información en un contexto que no puedo explicar formalmente, no hago nada”, afirmó.
En suma, Carrera sostuvo que el jefe de seguridad presidencial ha estado involucrado en distintos casos y que se puede hablar de espionaje con infraestructura del Estado. “Lo que no sabemos es hasta qué punto llegó”.
Para la senadora frenteamplista, el hecho muestra que hay un “montón de cosas que están mal reguladas” y señaló que la tecnología –en relación a la videovigilancia– “no es mala en sí misma”, lo importante “son los protocolos, los debates públicos y que la ciudadanía esté informada”. Nane apuntó que en temas de vigilancia y derechos civiles siempre se tiene en cuenta la proporcionalidad y el uso permitido por la ley. La pregunta, explicó Nane, tiene que ser “qué tan necesaria es tal cosa para que ponga en riesgo una libertad civil”.
Nane puntualizó que es entendible que en un esquema de seguridad nacional existan circunstancias excepcionales donde se puedan usar procedimientos del mismo tipo y mencionó, por ejemplo, un caso de sospecha de un atentado. Sin embargo, en este último caso queda de manifiesto que hay “una falta total de protocolos” y es esa “situación generalista” la que habilita la discrecionalidad. “Es una discrecionalidad que no tiene más fin que la persecución política. En definitiva, y no es una cuestión de ser catastrófica, se está dañando el sistema democrático. Las libertades civiles cuando se resienten no es sólo para los frenteamplistas o sindicalistas, es para todo el mundo”.