Luego de que la diaria divulgara que Alejandro Astesiano había utilizado un sistema de cámaras para seguir al presidente del PIT-CNT, la fiscal del caso, Gabriela Fossati, lo llamó a declarar como testigo, informó El Observador. Así, Marcelo Abdala podrá acudir a la Fiscalía tras conocer que el exjefe de seguridad de Presidencia siguiera sus pasos el día en que chocó manejando alcoholizado el año pasado. Independientemente de esto, la central sindical evalúa hacer una denuncia penal específica por este caso y elevar la situación a organismos internacionales.
A nivel judicial, el presidente del PIT-CNT y el Secretariado Ejecutivo de la central sindical manejan impulsar diversas acciones. El abogado Luis Acosta Ibarra, que representa a Abdala, sostuvo en diálogo con la diaria días atrás que “esto se parece mucho a lo que se llama en la Constitución pesquisa secreta, que implica que son irregulares, que están fuera del marco de competencia del funcionario”, expresó.
El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, que se reunió tras conocerse el hecho y emitió una declaración, se volverá a reunir este martes para terminar de definir los pasos a seguir. En el comunicado emitido la semana pasada, el órgano de la central expresa “su más enfático rechazo a una práctica que vulnera las garantías individuales y las libertades públicas y pone en entredicho la calidad democrática de Uruguay”.
En tanto, el secretario privado del presidente Luis Lacalle Pou, Nicolás Martínez, también fue citado a declarar, por tratarse de quien recibió los mensajes y las imágenes poco después de producido el choque, más allá de que el jueves negó -en diálogo con El Observador- estar al tanto del seguimiento al dirigente sindical, y que se trató de una conversación que tuvo sólo ese día con el excustodio.
Jorge Díaz, también citado
El exfiscal de Corte Jorge Díaz, quien fue el juez en la causa por el caso Feldman, fue citado por Fossati a raíz de otros chats entre Astesiano y el subdirector ejecutivo de Policía, Jorge Berriel, en los que este último asegura que “el juez Díaz hizo que mataran a un policía por no dar una orden de allanamiento”.
“Después lo premiaron con el cargo de fiscal porque les dio tiempo a todos para limpiar todo”, continúa Berriel en los mensajes, a lo que Astesiano responde: “Sí, claro. Si sabrá ese. Ese sabe todo y todito”.
Fossati apunta a la cancillería por pasaportes falsos
El viernes pasado fue la audiencia en la que se definió la salida bajo fianza de la cárcel para el excónsul uruguayo en Rusia, Stéfano Di Conza, el único funcionario público imputado en el caso Astesiano hasta el momento. Según informa El Observador, el abogado defensor del exdiplomático insiste en que el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que la responsabilidad del control de los pasaportes que se emitían en el exterior era de la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) y no de los cónsules.
Además, enfatizó la línea de defensa de su cliente, que sostiene que los cónsules “depositan su confianza en el personal local formado y contratado” cuando no conocen el idioma del país en el que están cumpliendo funciones, como era este caso.
Por su parte, Fossati sostiene que la responsabilidad de los pasaportes entregados en el exterior pesa en la cancillería y que además “existen códigos o existen resguardos que los propios involucrados o informantes pueden adoptar para salvaguardar futuras eventuales responsabilidades propias”; por ejemplo, Di Conza podría haber pedido la traducción de los documentos que no entendía antes de hacer confianza en los funcionarios y firmar algo que no entendía.
“No es cierto que no se hayan reunido elementos respecto de Di Conza, no es cierto que los cónsules no tuvieran la obligación de controlar la documentación, es así por ley”, afirmó Fossati y agregó: “Es absolutamente inentendible y no puede ser recibida ninguna pretensión de que ellos sólo firmaban lo que otro les decía. Ese era su trabajo”.
En esa misma audiencia, Fossati indicó que investigará “toda la documentación de todos los consulados uruguayos en el exterior” que desde 2013 hasta 2019 emitieron pasaportes.
En un informe previo de la cancillería se advierte que en Chile, México y Austria hubo funcionarios que participaron en trámites de ciudadanías nacionales para familiares de uruguayos. Fossati cruzará esa información con la de la Dirección Nacional de Identificación Civil y tratará de revelar si en algún otro país se adulteraban certificados de nacimiento para luego obtener los pasaportes, como sucedía en Rusia.