“Mentiroso”. Jorge Tróccoli se inclina sobre el banco donde está sentado junto a sus abogados y dirige el epíteto a Roger Rodríguez, que abandonaba la sala tras declarar. El periodista respondió inmediatamente: “Sabés que no soy un mentiroso. Puedo demostrar lo que digo”.
Este fue quizás el momento más tenso de la larga y agotadora audiencia de este jueves en el marco del segundo juicio que el Tribunal de Roma lleva adelante contra el exmarino Jorge Néstor Tróccoli por la muerte y desaparición de los ciudadanos italoargentinos Rafaela Filipazzi y José Agustín Potenza, y por las circunstancias que rodean la desaparición de la maestra uruguaya Elena Quinteros, militante del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP).
Tróccoli, que huyó de Uruguay para escaparse de la Justicia, ya fue condenado en Italia a cadena perpetua el 9 de julio de 2021 por la muerte de ciudadanos italianos en el marco de la coordinación represiva conocida como Plan Cóndor.
La sesión se abrió con una comunicación de “información sumaria” del fiscal del Tribunal de Roma Erminio Amelio, que refería a un informe recibido por el Tribunal de Roma desde la Embajada de Italia en Montevideo y que contenía declaraciones efectuadas por Eduardo Daniel de los Santos Velázquez el 14 de febrero en Montevideo, transmitidas al día siguiente al Ministerio Público en Roma.
El larguísimo testimonio de Rodríguez dio cuenta de las investigaciones realizadas por el periodista. En particular, hizo referencia a las acciones represivas contra el PVP, el funcionamiento de la represión durante la dictadura, el papel del Fusna (Fusileros Navales) y de los organismos de inteligencia.
El pasajero 37
Rodríguez entró en los detalles del descubrimiento de una lista de pasajeros en la que figuran los nombres del pasajero 37, Jorge Néstor Tróccoli, y otros dos oficiales de la Armada uruguaya que viajaron en el puente aéreo a Buenos Aires el 20 de diciembre de 1977, 24 horas antes de que se realizara en la capital argentina un secuestro masivo de ciudadanos uruguayos vinculados a los Grupos de Acción Unificadora (GAU) y que permanecen desaparecidos.
El periodista también habló de los vuelos de la muerte y de los hallazgos de los cadáveres fotografiados por el exmarino Daniel Rey Piuma; estas fotografías, publicadas en el libro Un marino acusa, muestran que los nudos utilizados para atar los cadáveres eran nudos típicos utilizados por la Armada, dijo Rodríguez. El abogado defensor de Tróccoli, Marco Bastoni, rebatió esta afirmación y pidió al tribunal que convocara a un experto para verificarlo.
Rodríguez también subrayó que el 28 de marzo de 1976, con la caída de una casa rodante en Colonia, en la que se traía propaganda para Uruguay, y con el traslado de los tres militantes que fueron detenidos en esa ocasión, empezó la represión al PVP y se inauguró el circuito represivo conectado con el Fusna y el centro clandestino de detención 300 Carlos.
Dos versiones sobre el secuestro de Elena Quinteros
Por su parte, el profesor Álvaro Rico empezó su testimonio relatando el nuevo enfoque de la política en materia de derechos humanos luego del cambio de gobierno en 2005.
Rico hizo una detallada reconstrucción de las estructuras represivas durante la dictadura, confirmando la responsabilidad de Tróccoli y Juan Carlos Larcebeau como oficiales de conexión con el Organismo de Coordinación de Operaciones Antisubversivas (OCOA), así como la presencia de este último como oficial de inteligencia en el Fusna.
Posteriormente, entró en detalles sobre el secuestro de Quinteros, informando sobre las dos versiones diferentes que se han consolidado a lo largo de los años. En primer lugar, dijo que no hay constancia de cuál de los organismos represivos detuvo a Quinteros ni de la fecha exacta de su detención (24 o 26 de junio), pero que no hay duda de que esta detención se produjo en el contexto de una represión muy grande contra el PVP y, en particular, contra el sector de propaganda de esa organización política.
Continuó diciendo que hay una diferencia de opinión respecto del lugar de detención de Quinteros. La versión más antigua es la que Nilka Regio y Cristina Márquez dieron a la Comisión Parlamentaria sobre los Detenidos Desaparecidos en 1986. Las dos mujeres, que estuvieron detenidas en el 300 Carlos y que conocían a Quinteros, escucharon sus gritos en ese lugar y tuvieron un encuentro con ella en el baño.
Esta versión, dijo Rico, complementa la de Carlos Ramela, integrante de la Comisión para la Paz por el Partido Colorado y asesor del presidente Jorge Batlle, quien en el Informe Final de esta comisión, en abril de 2003, dio cuenta de otros testimonios según los cuales Quinteros estaba viva en el 300 Carlos los días 4, 10 y 25 de agosto. Agregó también que hasta setiembre Quinteros estuvo allí y murió como consecuencia de un disparo. Su muerte habría ocurrido entre el 1º y el 5 de noviembre, posiblemente el 2 o 3 de ese mes. Esta versión se mantuvo hasta el año 2000, cuando salieron a la luz las declaraciones del capitán de navío Alex Lebel ante un tribunal de honor militar. Lebel dijo que, tras el incidente de la Embajada de Venezuela, Quinteros fue llevada al Fusna, donde estuvo detenida antes de su desaparición.
Marzo de 1976, momento clave
“La audiencia de hoy fue muy positiva”, dijo a la diaria la abogada Alicia Mejía, representante de Graciela Almeida Duquini, familiar de Elena Quinteros. La abogada analizó los dos testimonio y destacó que “el periodista Rodríguez, a través de algunas indicaciones de sus informantes, indicó cuándo empezó la política represiva en contra del PVP y focalizó esa fecha con la detención del esposo de Quinteros y con las detenciones del mes de marzo de 1976”. Mejía señaló también lo valioso que fue el aporte del historiador Álvaro Rico: “El testimonio de Rico fue muy lúcido y lineal, y confirmó el testimonio de Rodríguez”.
Concordaron que las detenciones de marzo de 1976 fueron un momento clave en la represión en contra del PVP y en establecer un camino de represión. Rico evidenció también la trayectoria de Tróccoli y sus conexiones con la Escuela de Mecánica de la Armada de Argentina (ESMA). Muy importante para el juicio fue también la individualización del rol del S2 que, en lo que Rico relató, no tenía sólo una función de inteligencia, sino una función operativa: “En el S2 se recogían las informaciones, se las procesaba, se detenían personas y las hacían desaparecer”.
Mejía, que es de origen peruano, dijo que “este juicio y el del Cóndor son muy importantes” y que representan “una respuesta a una parte” de su vida que había dejado de lado” cuando se trasladó de Perú a Italia. “Como abogada en mi país trabajé mucho en asociaciones de estudiantes universitarios y luego en comunidades cristianas que adherían a la Teología de la Liberación, siempre en el ámbito de la protección de los derechos humanos; durante un tiempo estuve en la Comisión de Derechos Humanos de la iglesia católica en Perú. Para mí, estos dos procesos significan vivificar una historia que había quedado guardada en un cajón”, concluyó.
La próxima audiencia del juicio está prevista para el 4 de abril a las 9.00.