El juez en lo penal de 38° turno, Alejandro Asteggiante, formalizó el proceso contra el excónsul uruguayo en Rusia Gustavo Piegas por reiterados delitos de suposición de Estado civil. En la audiencia de formalización participaron, por la fiscalía, el fiscal de Flagrancia de 9° turno, Fernando Romano -que subroga a Fossati durante su licencia médica-, y la fiscal adscripta del equipo de Fossati, Gloria Nicolini.
Tal como pidió la Fiscalía, Asteggiante dispuso medidas cautelares por 180 días, como fijación de domicilio, cierre de fronteras, entrega de pasaporte y prohibición de comunicación con funcionarios de la embajada uruguaya en Rusia. Según dijeron fuentes judiciales a la diaria semanas atrás, Fossati había pedido la detención de Piegas, pero esta fue negada por el juez Asteggiante.
La Fiscalía encontró elementos objetivos para pedir la imputación del cónsul a raíz de la existencia de 104 pasaportes uruguayos con su firma en los que habría datos falsos, una situación que, según Fossati, se repite en varias representaciones diplomáticas.
El punto de discusión sobre la responsabilidad de los diplomáticos uruguayos en el exterior es si la tarea de cónsul se reduce a un chequeo formal de los documentos, es decir, constatar que estén los sellos de las instituciones que participan en el proceso de autorización de la documentación que se utiliza como insumo para la expedición del pasaporte, o si tiene que cerciorarse de la veracidad de esos datos.
“Aun en el mejor de los casos, benefició a terceros por no tomarse la molestia de cumplir con su trabajo. Si no fuera por esa vinculación económica que le atribuyen los imputados, solamente él sabrá por qué realizó estos actos”, dijo la fiscal Fossati durante la audiencia de formalización del primer cónsul imputado por esta causa, Stefano Di Conza, a quien el 27 de noviembre el juez Fernando Islas envió a prisión preventiva por 14 delitos de fraude y 14 delitos de suposición de estado civil.
El 3 de febrero Di Conza salió en libertad tras pagar una fianza de 25.000 dólares, manteniendo como medida cautelar la prohibición de comunicación con otros integrantes del cuerpo diplomático. Para continuar con el proceso contra los diplomáticos, la Fiscalía deberá probar la existencia de dolo en la actuación de los funcionarios de la cancillería.
Fuentes judiciales informaron a la diaria que la causa continuará con una audiencia de prueba anticipada el 13 de marzo en la que declarará un ciudadano ruso que habría estado involucrado en la expedición de un pasaporte firmado por Piegas.