Tres personas que habían sido imputadas por usurpación en el asentamiento Nuevo Comienzo, ubicado en Santa Catalina, alcanzaron un acuerdo por suspensión condicional del proceso, que fue ratificado por el juez penal de 30° turno Marcelo Souto, según informó El Observador y confirmó la diaria.
El fiscal de Flagrancia de 5° turno, Diego Pérez, dijo a la diaria que se logró alcanzar una solución habitacional para estas familias con la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam). Los materiales serán entregados por la Intendencia de Montevideo.
El acuerdo para la suspensión del proceso, que elimina los antecedentes penales en tanto se cumplan los requisitos asumidos, implicó que las familias tienen tres meses para abandonar el predio y no pueden ingresar a Nuevo Comienzo por ocho meses.
La fiscalía recordó que la herramienta de suspensión condicional del proceso fue derogada por la Ley de Urgente Consideración por lo que la posibilidad de utilizar esa vía procesal no es apta para quienes hayan ocupado el terreno después de la entrada en vigencia de la LUC (julio de 2020).
En diálogo con la diaria Fabiana Molina, referente de los vecinos de Nuevo Comienzo, dijo que la solución de Fucvam no es viable para todos los imputados y señaló que en un principio la cooperativa les había dicho que no tenían lugar.
En cuanto al acuerdo y las medidas que dispuso la Justicia, Molina lamentó que se haya resuelto de esa forma: “Los trataron como delincuentes, lo único que faltaba es que les dieran tareas comunitarias”.
Molina señaló que hace dos semanas se le entregó una nueva carta al presidente Lacalle y dijo que no tuvieron más novedades luego de la llamada que Lacalle le hizo en junio de 2021: “Cero respuesta del presidente”.
En febrero de 2021 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio lugar a un recurso cursado por el abogado Juan Ceretta y le pidió al Estado uruguayo la suspensión de los desalojos del asentamiento Nuevo Comienzo o, en caso contrario, que se consiga una vivienda alternativa a sus habitantes.
En el asentamiento viven unas 300 familias y el recurso que presentó el abogado Juan Ceretta ante el Comité DESC abarca sólo a 56. Desde que comenzaron los desalojos, solicitados por el fiscal Diego Pérez tras un reclamo de la empresa propietaria del terreno, Devralix SA, más de 30 personas han sido formalizadas en varias “tandas” por la ocupación de los predios y muchas de ellas han abandonado el asentamiento.
El predio, con un camino de servidumbre perteneciente a la Intendencia de Montevideo (IM), fue ocupado en enero de 2020. En julio se creó un ámbito de diálogo en el que la Intendencia se comprometió a ceder el terreno para la construcción de viviendas, siempre que se realizara en el marco de un plan de vivienda aprobado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en el marco de la Ley de Promoción de Vivienda. Cuando los vecinos buscaron integrarse a un plan con una canasta de materiales para construcción, el ministerio señaló que había otras prioridades.
Si bien no hay un mecanismo para hacer cumplir las resoluciones de comités de la ONU, Uruguay históricamente ha ratificado las resoluciones del organismo internacional. En su momento la resolución del Comité DESC fue enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Desarrollo Social pero hasta el momento no tuvo consecuencias en la situación de los vecinos de Nuevo Comienzo.