-¿Cuántos niños?
-Cuatro.
-¡Sale!

El diálogo se repite unas cuantas veces, a medida que avanza la fila. “¿Cuántos niños?”, pregunta Fabiana desde la ventana por la que recibe los pedidos. “Cinco”, responde otro vecino. “¡Sale!”, vuelve a gritar al tiempo que saca medio cuerpo, mira hacia su izquierda, y avisa a quienes están, con un disco de arado, encargados del chivipueblo, una iniciativa formada entre tres ollas populares del oeste de Montevideo que recorre los barrios de la zona y aporta, al menú ya pensado de la olla -que este jueves fue guiso-, chivitos caseros.

Es un mediodía frío en el asentamiento Nuevo Comienzo, frente a Santa Catalina. El aire agreste que corre normalmente entre las ondulaciones del terreno está especialmente cortante. Es ya el tercer invierno para el que se prepara el asentamiento, formado en enero de 2020, y, por diferentes motivos, podría llegar a ser el último.

Olla Popular del Asentamiento Nuevo Comienzo, el 9 de junio.

Olla Popular del Asentamiento Nuevo Comienzo, el 9 de junio.

Foto: Alessandro Maradei

El 23 de junio vence uno de los plazos establecidos por el fiscal Diego Pérez para la eventual imputación de cuatro de los 14 formalizados por el delito de usurpación, un proceso que lleva al menos desde abril de 2020 en la Fiscalía y que fue iniciado por la empresa Dervalix SA, propietaria de los terrenos donde se encuentra el asentamiento.

Gerardo es uno de los voceros designados para hablar con los medios, aunque reconoció que “se complica” declarar en nombre de los formalizados. “Si bien mi idea siempre es hablar en pro de todos los vecinos, a veces cuesta ponerme en esas cabezas que están con miedo, que están dispuestas a invertir su vida para no ser procesados acá adentro y están dejando estos dos años y pico de lucha para buscar soluciones que escapan a la realidad: pedir préstamos, salir a buscar soluciones que le den la compra de una casa y no quedar procesados”, más que nada porque la mayoría de ellos se quedó sin trabajo por tener este antecedente. La palabra, según Gerardo, es “miedo”.

“Seguimos laburando en la organización”, aseguró, y así se evidencia en el relevamiento que realizaron junto a la Universidad de la República (Udelar) para responder a consultas hechas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.

Según el informe, son 118 las familias que viven hoy en Nuevo Comienzo, un total de 337 personas, en su mayoría hombres y mujeres jóvenes, de entre 19 y 29 años (24% de la población del asentamiento), y casi la mitad de los hogares (47%) son biparentales con hijos a cargo.

El 47% es un número que se repite cuando se habla del nivel educativo: este es el porcentaje de jefes y jefas de hogar que tienen la secundaria incompleta, seguido por 33% que tiene la primaria completa, mientras que el resto se reparte entre quienes hicieron cursos de UTU (7,5%) y quienes finalizaron los estudios secundarios (2,5%). A su vez, y este es el número que Gerardo repite constantemente, 87% de las personas que viven en Nuevo Comienzo están activas en el mercado laboral, mientras que el restante 13% se encuentran desempleados.

Gerardo insiste en que la mayoría de quienes tienen hijos a cargo “son laburantes”, porque dice darse cuenta, cuando toma el ómnibus en la entrada del asentamiento, por camino Sanfuentes, “de la mirada” de los restantes pasajeros. No es, sostiene, la de quien mira “a un luchador o a alguien que por circunstancias de la vida está luchando por una vivienda” sino que “te miran como a un ciudadano de quinta categoría, te miran siempre como 'pah, pobrecito este, hace sus necesidades adentro de un balde' o 'pah, pobrecitos, los gurises andan todo el día mugrientos'”.

Mientras recorre algunos de los caminos internos, vuelve sobre los mismos dos ejemplos e insiste en que quieren que “nos vean como un barrio, con gente laburadora, con gente pobre porque somos pobres, pero somos laburadores”, y no comparte la visión que se suele tener de Nuevo Comienzo “hacia afuera”, por lo que entiende que “la opinión pública tiene que cambiar; nos siguen denigrando, y en definitiva vamos a terminar creyéndonos eso”.

“La voz de Nuevo Comienzo somos todos nosotros, los del barrio: no es ni aquel, ni otro, ninguno, la voz es nuestra. Eso a veces cuesta entender, que la voz del barrio son los vecinos”, sentenció.

Soluciones materiales

Son varios los frentes de la lucha que libra Nuevo Comienzo, así como son varias las personas que se han arrimado a ayudar. En épocas de campaña recorrieron el barrio muchos dirigentes políticos. Recientemente, la visita del exministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, despertó las miradas de los vecinos.

Según Fabiana, hace unos “tres o cuatro” meses, Bartol le pidió un listado de las personas que necesitaban mejoras en sus casas, como parte de la iniciativa Piso Digno, que busca darles una solución a aquellas personas que tengan pisos de tierra.

Por otra parte, este viernes, parte de los vecinos mantuvieron una reunión con la titular de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (Dinisu), Florencia Arbeleche, para llevar una propuesta que, según comunicaron, desarrollaron junto a la división de Tierras y Hábitat de la Intendencia de Montevideo.

Olla Popular del Asentamiento Nuevo Comienzo, el 9 de junio.

Olla Popular del Asentamiento Nuevo Comienzo, el 9 de junio.

Foto: Alessandro Maradei

Si bien la diaria intentó comunicarse sin éxito con el director de la IM, Sebastián Moreno, para conocer en detalle el plan, según lo que transmitieron los vecinos la propuesta implica que la comuna disponga los terrenos y servicios, además de la ayuda técnica, mientras que la mano de obra corra por parte de los asentados. El Ministerio de Vivienda, por su parte, tendría que disponibilizar el dinero para los materiales de construcción a través de la firma de acuerdos que los vecinos devolverán con pagos a quince años.

Soluciones jurídicas

El abogado Juan Ceretta, junto con la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Udelar, asesora y lleva el caso de al menos los primeros cuatro formalizados. “No hay mucha chance para que se siga prorrogando las audiencias, eso nos pone un poco contra las cuerdas”, reconoció en diálogo con la diaria.

Además “si bien se han hecho gestiones, no hay ninguna solución a corto plazo concreta”, añadió. Es por eso que se ha trabajado “la posibilidad de plantear un recurso de inconstitucionalidad” contra el delito de usurpación, “como estrategia dilatoria”.

La fundamentación de este recurso va por dos líneas. Por un lado, “la conducta descrita en el Código Penal” que justifica el procesamiento con prisión para quien cometa el delito de usurpación, “está descrita como lícita en el Código Civil en la medida en que vos podés transformarte en propietario de un lugar que estás ocupando si cumplís con las condiciones”.

Asimismo, de acuerdo a la ley de ordenamiento territorial de 2008, quien ocupe un terreno o inmueble “destinado a su vivienda y la de su núcleo familiar durante un período de cinco años” está facultado a solicitar la propiedad del lugar. Sin embargo, el delito de usurpación pena esto mismo.

Por otra parte, algunas reformas hechas a lo largo del tiempo a este delito han sido “observadas por el Comité de Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas”, por lo tanto “si esa norma vulnera tratados internacionales de Derechos Humanos, también vulnera la Constitución”.