Si bien el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) había solicitado a Uruguay a inicios de febrero que suspendiera los desalojos en el asentamiento Nuevo Comienzo, en Santa Catalina, la Justicia siguió adelante con estos procedimientos, lo que obligó al organismo a ratificar su postura ante un nuevo recurso del abogado de los vecinos, Juan Ceretta.
“El Comité ha reiterado dicha posición y ha solicitado al Estado parte que, de conformidad con el artículo 5 del Protocolo Facultativo, se suspenda la retirada del predio que actualmente los autores ocupan, mientras la comunicación está siendo considerada a través del Comité, o que se les otorgue un predio alternativo adecuado, en el marco de una consulta genuina y efectiva” con los ocupantes, escribe Ibrahim Salama, jefe de la subdivisión de Derechos Humanos del Comité, en una carta dirigida a Ceretta.
Además, toma nota de que “la orden de desalojo ha sido mantenida para el 6 de abril, sin que se les haya ofrecido un lugar alternativo, en el marco de una consulta genuina y efectiva, tomando en cuenta la pobreza extrema de los autores y de sus familias, a pesar de la solicitud de las medidas provisionales” que realizó el Comité DESC.
En efecto, tras la pronunciación del Comité DESC, la jueza penal de 44° Turno Diovanet Olivera igualmente citó a 19 personas que habían sido procesadas por delitos como usurpación y robo de energía eléctrica, y “acordó” con los cuatro que asistieron abandonar el predio el 4 de abril. Este miércoles Ceretta presentará un recurso de amparo contra el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, basado en la decisión en la propia definición de la jueza, que busca obligar a la cartera a que les dé una solución habitacional a estas personas.