Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario, envió una nota a la dirección del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) en la que denunció la situación del módulo 2 de la Unidad 7 Canelones. Entre las situaciones denunciadas, manifestó que 30 personas privadas de libertad no tenían celda y que en 33 celdas no había camas, además de un conjunto de múltiples observaciones sobre las condiciones de encierro.
Este recurso fue bien recibido por el INR. Luis Mendoza, director del organismo, saludó el gesto de Petit y aseguró que están trabajando en la situación de los presos que no tienen celda en la cárcel de Canelones y en la construcción de camas con instituciones religiosas para las celdas que no tienen.
En este sentido también se pronunció el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, quien explicó “por qué ayuda el comisionado parlamentario cuando señala que hay reparticiones en nuestro sistema penitenciario que no tienen condiciones”. “Se lo agradecemos; no está contra nosotros, está a favor nuestro cuando señala” las carencias que hay en el sistema. Para el ministro, tanto “las críticas” como los recursos de hábeas corpus son “bien recibidos” para que “tomen conciencia no solamente en el Ministerio del Interior, sino fuera del Ministerio del Interior, tanto en el Parlamento como en otras oficinas”, y así “nos ayuden” a generar “las condiciones humanas que nosotros no merecemos en nuestro país”.
Este lunes, el comisionado parlamentario presentó un recurso de hábeas corpus solicitando un “plan de mejoras” para el módulo 2 de la cárcel de Canelones ante el Juzgado de Ejecución de 2º Turno de ese departamento. Planteó que en ese módulo “existen condiciones de reclusión “inaceptables para la normativa nacional e internacional”.
Petit y su equipo visitan con frecuencia la cárcel de Canelones y, según informaron, “aunque reconocen que la actual dirección ha logrado bajar los anteriores niveles de violencia interpersonal existente, las muy malas condiciones edilicias del módulo 2, la falta de programas socioeducativos, el mínimo acceso al patio, la mala higiene y la falta de oportunidades laborales colocan al módulo 2 –donde hay unas 720 personas– en lo definido en el Código de Proceso Penal como ‘condiciones de reclusión violatorias de la dignidad de la persona humana’.
En una presentación ante la Comisión Bicameral del Sistema Penitenciario del Parlamento, el comisionado afirmó el jueves pasado que “para corregir la situación allí, no alcanza con mínimas mejoras materiales, sino que las progresivas reformas edilicias que se realicen deben ir acompañadas de un conjunto de acciones que aporte a los privados de libertad oportunidades de rehabilitación, lo que requiere programas, actividades educativas, acción a tratamientos para las adicciones, capacitación profesional y elaboración de planes de tratamiento para cada persona allí alojada”. También se planteó la entrega de colchones, camas para todos los presos, elementos de abrigo e higiene, combate a las plagas (roedores) existentes y mejora en la alimentación.
En este sentido, el hábeas corpus pide a la Justicia de Ejecución que se ordene la implementación de un “plan de mejoras” que incluye diez puntos “para hacer cumplir las normas mínimas de tratamiento de las personas privadas de libertad o ‘Reglas Mandela’, así como la normativa penitenciaria nacional.
Los diez puntos
Cerrar de las celdas 1 a 5 del sector C (denominadas calabozos o de preegreso o tránsito), donde se alojan “los internos en situación de ser realojados o de egreso de la unidad para ser trasladados, debido a su manifiesta inhabitabilidad e inadecuado funcionamiento”.
Asegurar que todas las personas privadas de libertad tengan una cama con colchón y frazada, “procediéndose a tomar las medidas administrativas necesarias para su provisión a la brevedad, respetando el cupo original de la unidad de 3 plazas por celda y un total de 396 en los cuatro sectores mencionados, informando a la sede y a la oficina del comisionado parlamentario en 45 días”.
Que se realicen obras de mantenimiento y mejora de la red eléctrica, estableciéndose condiciones seguras para esta y de saneamiento de los cuatro sectores del módulo; también mejoras de habitabilidad y edilicias informando a la sede y a la oficina del comisionado parlamentario del inicio y continuación de estas cada 60 días.
Que se aloje a todas las personas privadas de libertad en celdas para que no haya ninguna durmiendo en el piso de la planchada general. Para esto se pide que se informe la implementación de esta medida a la sede y a la oficina del comisionado parlamentario en un plazo de 15 días.
Iniciar acciones de mejora de la convivencia favoreciendo las condiciones de habitabilidad mínimas en las celdas (cama, colchón, ventilación, evacuación sanitaria, luz artificial y natural, elementos de limpieza como detergente, hipoclorito, elementos personales, jabón, papel higiénico), y aportar elementos personales cuando no existan (abrigo, ropa, materiales educativos y de lectura).
Mejorar espacios comunes, limpieza y pintura de celdas y cronograma sistemático de fumigación y control de plagas.
Que se conforme un equipo técnico para la implementación de programas y actividades en el módulo y se desarrolle un programa de tratamiento, que incluya actividades socioeducativas y una oferta accesible de capacitación en oficios o actividades laborales, pudiendo estas realizarse por entidades públicas convocadas u organizaciones de la sociedad civil convocadas mediante programas de trabajo convenidos al efecto.
Realizar un análisis de la situación de cada persona privada de libertad con aplicación de un formulario de entrevista que permita conocer la situación de cada uno con la formulación de un plan de tratamiento individual o la identificación de necesidades socioeducativas más urgentes.
Que se cumpla un régimen de patio en el que todo privado de libertad tenga como mínimo una hora de patio diaria al aire libre, informando a la sede y al comisionado parlamentario del avance de su implementación cada 30 días.
Que se coordine con el prestador de salud presente en la cárcel y con la Junta Nacional de Drogas un programa de atención al uso problemático de sustancias que ofrezca talleres informativos y de reducción de riesgos y daños y tratamientos con opciones para derivación a tratamientos individuales.