El Ministerio del Interior dijo que “aún no fueron notificados” y que luego de hacerlo se darán los nombres públicamente; se abrieron nuevas investigaciones administrativas sobre el caso, mientras que en el ámbito penal no hubo ningún imputado por este caso hasta el momento.
El Ministerio del Interior informó que concluyeron los 28 sumarios administrativos que se iniciaron tres días después de la fuga de Rocco Morabito, ocurrida en junio de 2019. 14 de los 28 fueron exonerados de responsabilidades en el caso. Siete cometieron faltas “leves”, por lo que tendrán sanciones de días; tres cometieron faltas “graves” y las sanciones van de tres a seis meses; para los cuatro que cometieron faltas “muy graves” se resolvió darles de baja de la Policía.
En la rueda de prensa que convocó el Ministerio del Interior para informar sobre la conclusión de los sumarios, el subsecretario de la cartera, Guillermo Maciel, planteó que no estaba en condiciones de dar los nombres de los policías sancionados porque no habían sido notificados hasta el momento. Afirmó que luego de notificarlos harían públicos los nombres y las resoluciones que detallan cuáles fueron las irregularidades detectadas que llevaron a estas sanciones. Aclaró que todos seguían en funciones, que son todos policías de carrera del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), de la Jefatura de Policía de Montevideo que trabajaban en el edificio en el que funcionaba Cárcel Central, y de la Guardia Republicana.
El programa televisivo Santo y seña accedió a las resoluciones que revelan la identidad y las conductas que se consideraron a nivel administrativo para aplicar estas sanciones disciplinarias.
Exonerados de responsabilidad
Sobre los 14 policías que fueron exonerados de responsabilidad, indicaron que se tomó esa resolución porque no estaban en el horario en que ocurrió la fuga o no trabajaban en el piso en el que estaba Morabito. Tampoco se sancionó a los policías que estaban en el puesto de control de salida, porque no tenían responsabilidades para monitorear los egresos, sino únicamente los ingresos. Además, no tenían por qué conocer la identidad de quiénes estaban presos en esa cárcel, a lo que se suma que la ropa con la que salían las personas tampoco era determinante porque esa misma puerta es usada por policías que salen sin vestir el uniforme.
Faltas leves con sanciones de días para policías que actuaron ante denuncia de la vecina de Cárcel Central
Los siete policías a los que se aplicaron faltas leves, con sanciones de cinco días, fueron los que estuvieron asociados a la recepción de la denuncia de la vecina del edificio contiguo que señaló que cuatro personas habían ingresado por su terraza trasera y le habían pedido que les abriera la puerta del edificio para salir. Indicaron que ni a los policías que recepcionaron la denuncia ni a los que ingresaron al edificio y al apartamento de la denunciante “se les ocurrió que fueran personas que se fugaron, y no lo informaron”.
La resolución compartida por el programa plantea que “carecieron de sentido común o al menos de un criterio medio de razonabilidad, al no prever o percibir como una mera posibilidad de que fueran personas fugadas” de la cárcel contigua, y en ese caso, aunque sea dar aviso a las autoridades de Cárcel Central.
Directora de Cárcel Central, subdirector operativo del INR y de la unidad cometieron faltas graves
Se entendieron como faltas graves las cometidas por la directora de Cárcel Central, Mary González, a quien se le aplicó una sanción de seis meses. También se sancionó al subdirector operativo de Cárcel Central, Camilo Zamit. En su caso, la sanción fue de tres meses.
La misma sanción se le aplicó a Gerardo Bidarte, subdirector operativo nacional del INR, porque se entendió, entre otras cosas, que si bien pidió apoyo a policías de la Guardia Republicana, no se aseguró de las órdenes que había que darles.
En los tres casos se consideró que “no tuvieron la previsión de tener gente obligatoriamente entre las 19.00 y las 22.00, que es el horario en que se presume que se fugó Morabito, y tampoco entre las 6.00 y las 7.00 de la mañana. Aunque existían avisos previos de la directora de la Cárcel Central, se entendió, de todas maneras, que fue una falta grave de control no tener funcionarios en ese horario.
Los policías dados de baja por faltas muy graves
Santo y seña explicó quiénes fueron los policías que cometieron faltas muy graves y a quiénes se resolvió darles de baja, lo que implica que, además de ser destituidos de la función pública, tampoco pueden volver a trabajar en ninguna dependencia del Estado.
Klismmam Ramos, exjefe de servicio de Cárcel Central y actual subdirector operativo de la cárcel de Canelones, cometió faltas muy graves y por eso se resolvió su baja. El día de la fuga entró dos horas más tarde a su turno y lo reconoció recién luego de que le mostraron pruebas al respecto. Declaró que ese día no fue a controlar el piso donde estaba preso Morabito e indicó específicamente que no fue porque estaba la Guardia Republicana, que no tenía competencia sobre los controles.
Ramos tampoco le consultó a uno de sus subordinados, el cabo Edgardo Hidalgo, que era comandante de guardia, para quien también se resolvió la baja, si había hecho los controles de números y de identidad, o si había dispuesto que alguien lo hiciera, sabiendo que tres horas antes de que entrara la Guardia Republicana no había funcionarios para control. Tampoco dio directivas a los funcionarios ni controló si había habido ingresos o egresos al edificio.
Lo que agravó la situación de Ramos fueron sus declaraciones, porque dijo que fue una “guardia tranquila”, en la que fue al cuarto y quinto piso pero “optó expresa y arbitrariamente por no hacerlo un piso más arriba”, donde estaba Morabito, “pese a que no le hubiera insumido mucho más trabajo hacerlo”, se indicó en la resolución compartida por Santo y seña.
En el caso de Hidalgo, se resolvió su baja porque también declaró que fue al cuarto y quinto piso, y que no concurrió a realizar controles al sexto piso, donde estaba Morabito. Dijo que Ramos le indicó que no hiciera los controles, pero en lugar de preguntar por qué, optó por suponer que fue porque ya se habían hecho los controles. “Le consulté al jefe de servicio Ramos y me dijo que en el piso seis no controlara, yo supongo que fue porque ya había controlado a las 18.30 el jefe de servicio saliente”, afirmó en su declaración.
Por eso el sumario concluyó que no hizo los controles obligatorios que tenía que hacer. Ni los numéricos ni los de identidad, ni a su ingreso en el turno ni a su egreso, y tampoco dispuso que los hiciera otro funcionario bajo su mando. Además, también le cabe la responsabilidad de no haberles dado ninguna directiva a los policías de la Guardia Republicana que estaban apostados como apoyo en la puerta del sector donde estaba Morabito.
En el caso de los dos policías de la Guardia Republicana que estaban custodiando la noche en que ocurrió la fuga también se resolvió su baja porque ninguno de los dos sabía qué hacer. La orden que tenían era la de presentarse y pedir directivas al jefe de servicio [Ramos].
El programa de Canal 4 detalló en base a la resolución del sumario de ambos que “carecieron totalmente de proactividad, no desarrollaron tarea alguna más que estar sentados en una pieza, lo cual denota incumplimiento de los deberes del cargo”. Además, la resolución indica que “no se interesaron en ningún momento por consultar cuál era su función” ni cuántas personas privadas de libertad estaban allí presas.
Próximas investigaciones administrativas
En la rueda de prensa en la que comunicó sobre estas resoluciones, Maciel consignó que se iba a investigar cinco situaciones irregulares que no fueron investigadas, las que calificó como “muy graves”. Las cinco situaciones fueron planteadas por la periodista Patricia Martín en un programa de Santo y seña emitido en marzo.
La primera que describió fue “la aparición de una celda del sexto piso que estaba arrancada la reja y había una soga con nudos y con un arnés”. La segunda fue “la manipulación de las cámaras del sexto piso por parte de Morabito; hay filmaciones en las que se ve a Morabito moviendo cámaras”, lo que llevó a que el fiscal Ricardo Lackner, extitular de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2º turno, que estuvo a cargo de la investigación penal desde la presunción de que Morabito iba a fugarse, pidiera el registro de las cámaras de seguridad.
La tercera presunta irregularidad que informó Maciel que va a ser investigada estuvo asociada al procedimiento para entregar a Lackner el registro de las filmaciones, ya que en lugar de copiar el material en un disco duro extraible, se retiró el disco duro que los contenía y no se repuso, por lo cual las cámaras filmaban pero no almacenaban el material.
Según planteó Santo y seña, en base al sumario, se puede concluir que el fiscal Lackner autorizó el retiro de las cámaras, pero con expresa indicación de que debían adoptarse medidas de contingencia para compensar su falta. Esto no se hizo y la directora de Cárcel Central, Mary González, alertó expresamente sobre esta situación a Stella González, que era la directora de Asuntos Internos en ese momento, unidad de la Policía que asistía a Lackner en la investigación. El programa de Canal 4 indicó que Mary González se negó a entregar el DVR, disco que registraba las cámaras, pero Stella González dio la orden del retiro de este.
La cuarta situación que planteó Maciel es la de un funcionario que “no fue investigado y fue denunciado y señalado como el facilitador de herramientas para los presos”. En este sentido, el programa consignó que le habían comprado una pinza a 30.000 pesos, según declaró uno de los presos fugados.
Finalmente, la quinta situación que dijo Maciel que iba a ser investigada fue que en una de las visitas conyugales que tuvo el narcotraficante Gerardo Gónzalez Valencia a Cárcel Central llevó un pendrive que pidió entregar a Morabito por intermdio del subdirector operativo de la cárcel, que tomó el pendrive y dio aviso a la directora de la cárcel. “En una de esas visitas, le lleva un pendrive, el cual es incautado por la directora en ese momento de Cárcel Central. Lo incauta y lo eleva al INR, a sus jerarcas de la época, al director y a la subdirectora técnica. Ese pendrive no aparece, no sabemos qué contenido tiene, no sabemos el destino que ha tenido y eso tampoco fue investigado”, manifestó Maciel.
Investigación penal en Fiscalía
En paralelo a estas investigaciones administrativas, la investigación penal en Fiscalía continúa actualmente a cargo de la fiscal Silvia Porteiro luego de que Lackner fuera trasladado a la nueva Unidad de Cibercriminalidad de Fiscalía.