Las visitas conyugales de Gonzalez Valencia fueron autorizadas un año antes de que Morabito fuera detenido

Gerardo González Valencia, narcotraficante mexicano líder de Los Cuinis, fue detenido en abril de 2016, un año y medio antes que Rocco Morabito, narcotraficante italiano asociado a la mafia N'Drangheta, que fue detenido en setiembre de 2017.

González Valencia fue condenado por lavado de activos y, tras su condena por el delito cometido en Uruguay, pasó a ser un preso administrativo. Inicialmente, fue privado de libertad en el Comcar. Por razones de seguridad y decisión del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), pasó a cumplir reclusión en la sede de la Guardia Republicana en 2018, a la espera de su extradición a Estados Unidos, que se concretó en mayo de 2020.

En octubre de 2016, casi un año antes de que Morabito fuera detenido, la jueza Beatriz Larrieu autorizó que tuviera visitas conyugales. Como las condiciones no estaban dadas en la sede de la Guardia Republicana, el INR resolvió que fuera trasladado a Cárcel Central, donde funcionaba el Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación (CIDD).

En ese momento, Morabito aún estaba requerido a nivel internacional. Un año después de la autorización de las visitas conyugales, fue detenido y recluido en el Penal de Libertad. Cuando el italiano cumplió su reclusión por el delito de falsificación de documentos por el que fue condenado en Uruguay, pasó a Cárcel Central como preso administrativo, de donde se fugó en junio de 2019.

La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2º turno, que estaba a cargo del fiscal Ricardo Lackner, lideraba una investigación que surgió a partir del dato de que Morabito pretendía fugarse. Un año después, la fuga se concretó y Lackner siguió con la investigación.

Más de un año después, abrió otra investigación en la que empezó a indagar acerca de las visitas conyugales que tenía González Valencia, porque el fiscal presumía que, una vez en ese centro carcelario, mantenían encuentros, aunque las visitas conyugales se daban un piso más arriba de donde estaba alojado Morabito. El fiscal, que ahora dejó la causa porque pasó a dirigir la novel Unidad de Cibercriminalidad de Fiscalía, intentaba establecer si existía un vínculo entre estos encuentros y la fuga del italiano. Actualmente, las causas, que son independientes pero han sido vinculadas a nivel público y político, son investigadas por quien quedó al frente de esa Fiscalía, Silvia Porteiro.

De los 13 traslados que, según se mencionó en la causa, tuvo González Valencia para tener visitas conyugales en Cárcel Central, se comprobó la existencia de ocho y sólo tres coincidieron en tiempo y espacio con la reclusión de Morabito en esta unidad.

A pesar de que la gestión carcelaria, las decisiones sobre las visitas de González Valencia y todo lo que pasaba dentro de las cárceles era responsabilidad del INR, no hay ninguna autoridad de la época indagada. La investigación de Lackner se limitó a la Policía, dejando fuera de las citaciones a las autoridades políticas y del INR.

La reclusión de González Valencia

Cuando González Valencia fue detenido, un año y medio antes que Morabito, fue alojado en el módulo 12 del Comcar, uno de los sectores de máxima seguridad dentro de las cárceles. Se le encontraron celulares y había sospechas de que podría haber alguna situación de corrupción asociada, por lo que el director del INR de la época, Gonzalo Larrosa, actual jefe de Policía de Flores, emitió la resolución 814/018 con la aprobación de las autoridades políticas, en la que planteó que González Valencia pasaría a estar recluido en la sede de la Guardia Republicana por razones de seguridad, mientras la gestión carcelaria continuaría dependiendo del INR.

En la resolución se envía a González Valencia para que lo custodie la Guardia Republicana, pero, administrativamente, el preso dependía de Cárcel Central. Esto quiere decir que toda la gestión carcelaria correspondía a Cárcel Central. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los militares presos por delitos asociados a la dictadura que están alojados en la Guardia Republicana. Dependen de la Unidad 8 Domingo Arena y lo que hace la Guardia Republicana es brindarles alojamiento y vigilancia.

Larrosa enfatiza en este aspecto en dicha resolución, en la que planteó que son “de público conocimiento las características de peligrosidad que rodean” a González Valencia y que “en atención a estas características se deben mantener medidas de seguridad especiales” y “se entendió que el lugar adecuado para el alojamiento” era “dentro de las instalaciones de la Guardia Republicana”. A su vez, se aclara específicamente de quién dependía la gestión de González Valencia en la resolución: “Se entiende necesario establecer claramente de dónde depende administrativamente la persona privada de libertad González Valencia”. Así es que Larrosa “resuelve”: “Poner en conocimiento a las autoridades de la dirección de la Guardia Republicana y del Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación, que la persona privada de libertad Gerardo González Valencia depende del mencionado centro, siendo su alojamiento en las instalaciones de la Guardia Republicana, únicamente por motivos de seguridad”.

En la sede de la Guardia Republicana se puso un contenedor bajo techo, porque existía la alerta de que podían intentar una fuga usando un helicóptero. Cuando terminó el gobierno del Frente Amplio, González Valencia continuó bajo custodia de la Guardia Republicana, hasta ser finalmente extraditado a Estados Unidos en mayo de 2020.

Las conyugales de González Valencia

González Valencia presentó múltiples quejas por diversos motivos por su reclusión en la sede de la Guardia Republicana, en donde estaba rodeado de vigilancia. Entre otras cosas, se quejaba de la acústica del contenedor en el que estaba recluido y que los policías que lo vigilaban en la noche no le permitían dormir porque hablaban y se escuchaba todo.

Las quejas asociadas a la acústica del contenedor fueron permanentes y González Valencia presentó varias solicitudes para tener visitas conyugales en otras condiciones. En sus pedidos, el mexicano argumentaba que “se escuchaba todo” y que por eso no estaban dadas las condiciones para tener relaciones sexuales con su pareja. La Guardia Republicana no tenía otro lugar, porque no es una unidad penitenciaria para gestionar ese servicio.

La dirección del INR resolvió, basándose en la normativa internacional de derechos humanos y en recomendaciones de la asesora penitenciaria de la época Rosario Burghi, que tuviera sus visitas conyugales en otras condiciones y recurrió a solicitar autorización judicial. La primera autorización para una visita conyugal que figura en el cuaderno de comunicaciones de la Guardia Republicana es del 25 de octubre de 2016, un año antes de que Morabito fuera detenido, donde consta que la jueza Beatriz Larrieu accedió a este pedido a partir de la solicitud de González Valencia. El INR decidió que fueran en su unidad de origen, es decir, en la cárcel de la que dependía: Cárcel Central.

Así fue que un año antes de que Morabito fuera detenido, la Guardia Republicana empezó a trasladar a González Valencia desde su sede a Cárcel Central para que tuviera sus visitas conyugales.

Qué pasaba dentro de Cárcel Central

Según consta en la investigación, la autorización a González Valencia fue dada por la jueza de su causa, Beatriz Larrieu. Se aceptó que fuera trasladado con este fin una vez cada 15 días. Pero desde la Guardia Republicana se respondió que se iban a realizar de acuerdo a las posibilidades que hubiera de traslado, porque implicaba un alto nivel operativo. El INR resolvió en 2017 que las visitas conyugales fueran en la unidad de origen de la que dependía González Valencia, es decir, en Cárcel Central (el CIDD). En ese momento, Morabito estaba preso en el Penal de Libertad.

La Guardia Republicana tenía a su cargo la seguridad durante el traslado de González Valencia, lo que se hacía en operativos con altos niveles de seguridad. La orden que tenían era dejar al preso en la puerta de Cárcel Central. Además de que administrativamente era un preso que dependía de esa unidad, todo lo que pasa dentro de una cárcel es competencia del INR y los policías no pueden entrar con armas con munición letal a un centro penitenciario. La seguridad dentro de la unidad dependía exclusivamente de la Subdirección Operativa del INR, de quien depende toda la seguridad de las cárceles.

La fuga de Morabito

Morabito se fugó el 23 de junio de 2019. Dos días antes, el DVR (disco duro que respalda las grabaciones de las cámaras de videovigilancia) fue removido. Fue el propio fiscal Lackner que emitió una orden a Asuntos Internos de “resguardar las filmaciones”, porque en ese momento estaba investigando una posible causa de corrupción para que se fugara Morabito.

Uno de los documentos que forma parte del expediente plantea que Morabito movía las cámaras de videovigilancia para que quedaran en “puntos ciegos”. Por eso, Lackner pidió el resguardo de las cámaras y lo que hizo Asuntos Internos fue retirar los DVR. Cuando ocurrió la fuga, las cámaras estaban en funcionamiento, pero no estaban grabando, porque el DVR había sido extraído pero no repuesto. Lackner no investigó por qué ese DVR no fue repuesto. Continuó como fiscal de la causa y Asuntos Internos siguió siendo la unidad policial que continuó en la investigación. Además, Lackner asumió otra investigación asociada a los traslados de González Valencia ante la presunción de que existieron “irregularidades” que se vincularon con la autoevasión que terminó protagonizando el italiano. Aunque son dos causas que no tienen relación entre sí ni en las carpetas fiscales, ambas han quedado vinculadas a partir de las actuaciones de Lackner y a nivel público y político.

El procedimiento habitual cuando se pone a resguardo una filmación es tomar una copia de las grabaciones en un pendrive y no sacar el DVR. Sin embargo, la dirección de Asuntos Internos, con Stella González a la cabeza, sacó el DVR de Cárcel Central. Ni esa unidad ni el INR se hicieron cargo de reponerlo para que las cámaras continuaran respaldando la información que registraban.

Por otra parte, ante la presunción del riesgo de fuga de Morabito, Lackner no solicitó ninguna medida al respecto, como puede ser una seguridad judicial o la recomendación de un traslado a un lugar con mayores niveles de seguridad.

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