El proyecto que tipifica ciberdelitos será votado este miércoles en la comisión de Constitución, Legislación, Códigos y Administración, integrada con la comisión especial de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados.
El proyecto fue presentado por el diputado de Cabildo Abierto Sebastián Cal e ingresó al Parlamento el 22 de julio de 2021 con la firma de legisladores de todos los partidos de la coalición de gobierno.
En una primera instancia fue tratado en la comisión especial de Innovación, Ciencia y Tecnología hasta que, en setiembre de 2022, se dispuso la creación de la comisión integrada para darle un cierre definitivo al proyecto.
Sin embargo, cuando ya estaba estipulada su votación, la oposición presentó ante la comisión otro proyecto que tipifica ciberdelitos y agrega otras obligaciones a los bancos para fortalecer los sistemas de seguridad de las instituciones financieras y, a su vez, prevé sanciones económicas ante incumplimientos de obligaciones en materia de seguridad en cualquiera de las modalidades, incluyendo el phishing.
Fuentes del Frente Amplio señalaron a la diaria que prevén pedir una prórroga para el tratamiento del proyecto por parte de la comisión, ya que consideran que es “más abarcativo” que el actual dado que aborda el tema de una forma en la que se dan “más garantías” a las víctimas de delitos. Asimismo, adelantaron que de no concretarse esta prórroga, no acompañarán el proyecto.
La última versión del proyecto de ciberdelitos que este miércoles será puesta a consideración de los legisladores que integran la comisión plantea en 13 artículos la creación de nueve delitos, la realización de una campaña nacional educativa que permita incrementar la prevención, y la creación de un registro de ciberdelincuentes creado y compartido interinstitucionalmente por las instituciones de intermediación financiera y las entidades emisoras de dinero electrónico, las que podrán compartir sus registros con las autoridades judiciales para hacer denuncias o “gestiones tendientes a prevenir y mitigar los ciberdelitos”.
El proyecto plantea el delito de abuso de los dispositivos para quienes produzcan, importen o faciliten a terceros programas, sistemas o datos que faciliten “inequívocamente” la comisión de un delito. También prevé el delito de acoso telemático para quien “vigile, persiga o procure cercanía física o intente establecer contacto con una persona [...] de tal modo que altere gravemente el desarrollo de su vida”. Asimismo, incluye el delito de acercamiento físico o virtual para quien contacte a menores de edad con el fin de cometer cualquier delito sexual.
Otro delito que propone el proyecto es el de suplantación de identidad, definida esta como la usurpación de la identidad de una persona física o jurídica por medio de un sistema informático para obtener un beneficio, y la diferencia de las cuentas parodia.
El proyecto propone un aumento en la pena para el delito de estafa, que pasará a tener una mínima de un año y una máxima de cinco años, cuando actualmente prevé entre seis meses de prisión y cuatro años de penitenciaría. Crea, por otra parte, el delito de fraude informático con su modalidad de actos preparatorios, previsto para quienes, mediante manipulaciones informáticas, realizan operaciones financieras en su propio beneficio o utilizan cualquier medio de pago o datos para concretar operaciones no consentidas con el fin de obtener un provecho en detrimento de otro.
Contempla, además, la creación del delito de interceptación ilícita; el de datos informáticos en transmisiones privadas; el de vulneración de datos, previsto para quien “acceda, se apodere, utilice, o modifique datos confidenciales”; el de acceso ilícito a datos informáticos, y el delito de daños informáticos, para el caso en que se destruya un documento, un sistema o el acceso a ellos.
Durante su tratamiento, uno de los principales temas en discusión planteados por las diferentes delegaciones que concurrieron a la comisión es la llamada inflación penal, con referencia al proceso por el que se crean nuevos delitos para conductas que pueden tipificarse por delitos ya existentes, más allá de que el medio en que se concrete sea el digital.
Otro punto mencionado durante estos meses de discusión es la necesidad de que Uruguay avance en su adecuación de la normativa en la dirección que plantea el Convenio de Budapest, para que pueda estar en condiciones de adherir a ese convenio firmado en la órbita del Consejo de Europa.