En un momento en el que el tema de los archivos vinculados al pasado reciente se encuentra sobre la mesa, ya sea por el proyecto de ley del Ministerio de Defensa para que el llamado “archivo Berrutti” esté disponible en la web del Archivo General de la Nación, o por la filtración masiva de rollos de microfilm de este mismo archivo, la Universidad de la República (Udelar) inauguró el Repositorio Luisa Cuesta, en el que la población podrá consultar el archivo en un lugar físico, bajo protocolos que eviten filtraciones o un mal uso de los documentos.
Se trata de tres computadoras en un pequeño cuarto en el campus universitario Luisi-Janicki, en el predio de la ex Facultad de Veterinaria. Ninguna tiene conexión a internet, sino que están conectadas -de forma segura- a una base de datos que contiene el archivo Berrutti.
Asimismo, en las computadoras están instalados dos programas bautizados en honor a madres de detenidos desaparecidos: “Luz”, desarrollado por la Facultad de Ingeniería (FING), que permite la búsqueda de fechas y nombres específicos; y “Amalia”, elaborado por la Facultad de Ciencias Sociales con apoyo de la FING, que va un paso más allá y permite buscar y analizar textos, encontrando relaciones entre los términos usados y averiguar el contexto en el que aparecen en los archivos.
En el espacio habrá una archivóloga, a la que se podrá consultar y estará a cargo de entregar, en un pendrive previamente formateado, las partes del archivo que las personas quieran llevarse, para lo que además deberán firmar un compromiso de responsabilidad que señala que el uso de los datos es responsabilidad de quien los retire y deberá cumplir las disposiciones de la ley de protección de datos personales.
Consultado por la diaria tras cortar la cinta, el rector de la Udelar, Rodrigo Arim, consideró que esta inauguración “tiene varias lecturas”. Por un lado, “la primera y más importante es la concreción de un proyecto universitario” en el que parte de la comunidad “puso su conocimiento al servicio de la causa de la reconstitución de la verdad histórica y lo hizo con tecnología y con conocimiento proveniente de varias áreas disciplinares”.
Por otra parte, Arim señaló que esto se logra “con acuerdos institucionales”, puesto que el repositorio se llevó a cabo tras un convenio con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), organismo que posee el archivo. “Siempre decimos que la Udelar es capaz de aportar al país cosas tan valiosas, en este caso la reconstitución de la memoria histórica, en la medida en que tenga socios que lo habiliten”, y, en este caso, la INDDHH “que es la responsable tanto de la búsqueda de la verdad de restos de desaparecidos, como en la constitución también de la verdad histórica a partir de los archivos, confía en la Udelar al depositarlos en ella”.
Por último, señaló “la coyuntura”. “En un momento en el que la tierra habla y vuelven a aparecer restos de desaparecidos en batallones del Ejército” y además “manos que aún no conocemos ponen a disposición archivos a nivel global, con metas y objetivos que tampoco conocemos”, es “buena cosa” que la universidad “desde la apertura que presupone que quien quiera consultar lo pueda hacer con protocolos adecuados” lleve a cabo iniciativas de este tipo.
Consultado por su opinión respecto de la filtración de los documentos, Arim señaló que “no corresponde especular sobre el objetivo”, pero “todo indica que estamos hablando de archivos que no estaban a disposición de la Udelar, no coinciden los rollos con los que se encuentran en el archivo Berrutti, no están a disposición de Familiares ni de otras organizaciones”, por lo que son archivos que no tienen acceso público ni “se han institucionalizado”.
Esto, según Arim, “abre la posibilidad de que la verdad histórica se conozca, porque hay más fuentes, pero sí la preocupación que presupone un manejo privado de este tipo de información”. En este sentido “Uruguay tiene todavía varios pasos para dar”, como “darle completitud al conjunto de archivos que hacen a la memoria histórica producto del golpe de Estado y procesos previos, donde ya empezaron a haber violaciones sistemáticas a los derechos humanos” y, al mismo tiempo, el “registro sistemático de las actividades de ciudadanos y ciudadanas de Uruguay”.
“Hay una enorme necesidad de esfuerzo político que tiene que ver con poner a disposición de manos capacitadas todos los archivos que hacen a esta verdad histórica”, concluyó Arim.
Largos caminos
Durante la presentación, el presidente de la INDDHH, Marcos Israel, recordó que en setiembre de 2019, a través de la Ley 19.822, “se pasó a la Institución Nacional de Derechos Humanos la responsabilidad de la búsqueda de desaparecidos y también del manejo de los datos de la historia reciente”; atado a esto, “también se obliga a Presidencia a seguir digitalizando toda la información que estaba y la que pueda venir”, algo que “se está haciendo con bastante lentitud, pero se está haciendo”.
“Más adelante, en octubre de 2020, la Unidad de Acceso a la Información Pública, creada en 2008 como un órgano desconcentrado, que regula precisamente el derecho de acceso a la información pública, concreta lo que se llamó la ‘guía para el acceso a la gestión documental de los archivos sobre violación de los derechos humanos’”, mientras que en mayo de 2021 se suscribió “el primer convenio entre la institución y la Universidad de la República, por lo cual la INDDHH aportaba los archivos y la Universidad de la República comenzaba un proceso de producir un software que permitiera la búsqueda y el cruzamento de datos”. Todo este trabajo desembocó, en 2023, en la creación del repositorio que espera “sea fructífero para los objetivos planteados”.
Este viernes, según supo la diaria, se concretará otra entrega de un terabyte de información digitalizada a la INDDHH por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, tal y como está previsto en la legislación. Se trata de un proceso de entrega de información vinculada al pasado reciente que comenzó hace tres años y que puede aportar a la búsqueda de detenidos desaparecidos.