Sebastián Marset fue el nombre que se usó como ejemplo en varias partes de la charla “Crimen organizado y lavado de activos”, organizada por la fundación Siembra y realizada en el Aula Magna de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República.
La actividad consistió en un panel de cuatro expertos que respondieron preguntas de cuatro periodistas –Pilar Teijeiro, Rosario Touriño, Laura Rodríguez y Romina Andrioli– sobre el vínculo entre los crímenes de tráfico de sustancias ilegales y el lavado de activos, vínculo que, según coincidieron los expositores, no siempre es puesto sobre la mesa.
Luego de la introducción a cargo del extitular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Ricardo Gil Iribarne y la doctora en Criminología Clara Musto –que mencionó en su alocución la serie The Wire–, fue el turno del doctor en Ciencias Sociales Gabriel Tenenbaum, que definió el crimen organizado como “un gran paraguas”.
“El crimen organizado internacional dedicado al mercado de las drogas ilegales tiene rápidamente dos niveles distintos” –por un lado, el “delito de los poderosos”; por otro, “el delito de los débiles”–, vinculados a “la división del trabajo con distintos tipos de actividades que se desarrollan para llevar adelante este crimen”. En el caso de Marset, “es muy claro que sus inicios están muy vinculados al delito de los débiles, al comercio por menor de sustancias psicoactivas, y hoy en día, de repente, podemos ubicarlo en el lado de los delitos de los poderosos”.
Así, según Tenenbaum, resulta “interesante” saber “qué lugar ocupa Marset en todo esto”, es decir, cuáles son las características de su organización, si tiene “una dinámica horizontal, vertical, si es parte de un grupo, si trabaja por separado”. Para llegar a respuestas de este tipo “se necesita un abordaje en redes” que permita entender cómo funcionan estos grupos y hacerlo “sobre todo con un enfoque económico”. Muchas veces es acá donde están “los delitos de los poderosos”.
Asimismo, “con la justicia liberal que tenemos se persiguen individuos, muchas veces en soledad, cuando son parte de grandes organizaciones”. Por eso Tenenbaum entendió que “falta una lectura real de todo eso”, sobre todo cuando “aún no perseguimos el dinero”.
“También hay que perseguir el dinero, no sólo a los responsables”, puesto que “el golpe a la organización o al líder es mucho más fuerte que persiguiendo parte de las estructuras, personas, sociedades anónimas, grupos”.
La Policía
“Para mucha gente de la que está acá no es una sorpresa lo que está sucediendo”, comenzó el exdirector nacional de Policía Mario Layera. “Yo creo que a veces la inmediatez con que tratamos los asuntos no logra o permite llevar adelante un estudio, una investigación proyectada que nos va a dar resultado de lo que va a suceder en los próximos años”, aunque sus predecesores –y él mismo– “hablaron y transmitieron una percepción de esta amenaza que termina alcanzando el volumen que tiene” y con la “aparición de estos personajes como Marset”.
Por eso se necesita de “la clase política”, que es “a quien nosotros dirigimos nuestros informes”. Ahora “nos tocó a nosotros, pero a muchos países de la región les tocó hace un tiempo”, cuestión que “uno alerta a través de los medios públicos”, pero “inmediatamente se produce una reacción en contra, porque [se dice que] uno es un alarmista, provoca miedo, lo que surge es una descalificación”.
Lo que sucede, según Layera, es que “nuestro país tiene una cultura de contrabando que viene desde su origen”, pero “hace unos 80 años surgió un elemento que pasó a ser prohibido y a partir de ahí comenzó a ser una mercancía de tráfico ilegal, y mientras exista la demanda eso va a seguir creciendo y eso va a provocar, como provocan tantos tráficos ilegales, la violencia”. Inmediatamente se preguntó: “¿Dónde se enquista la violencia? ¿Dónde se enquista un tumor en nuestro cuerpo? En el lugar más débil, y este lugar más débil sabemos dónde está”. Por eso abogó por “juntarse para crear políticas de Estado, no para atender lo que está sucediendo hoy, para atender lo que pasará en 30 años”.
Hoy en día, señaló Layera, “en la Policía no hay una unidad especializada en lavado, hay poquitos oficiales capacitados para hacerlo”; asimismo, remarcó que “la investigación del delito precedente [por el que se llega al lavado de activos] debe ser paralela y continua con la investigación de lavado”, pero para eso se necesita “un equipo de trabajo. Tenemos quizá normas, pero no tenemos músculo, gente comprometida y especializada”.
El futuro, aventuró Layera, tiene que poner el ojo en la “financiación de los partidos políticos”, puesto que “las organizaciones criminales pueden tener muchísimo dinero, pero va a llegar un momento en el que no les va a servir de nada si no tienen el gobierno”. En este sentido, llamó a “mirar otros países, donde ya está sucediendo”.
Lo jurídico
El tema del delito precedente fue central en la respuesta del exfiscal de Corte Jorge Díaz, que caracterizó a Uruguay como un país que “siempre tuvo un nivel bajo de condenas por lavado de activos; hoy tenemos un bajo histórico, pero el nivel siempre fue bajo”. Recordó que en el último período hubo imputaciones por lavado de activos con delitos precedentes que no eran narcotráfico.
Asimismo, señaló que cuando se redactó la ley integral contra el lavado de activos se establecía la figura de “asistencia en el lavado de activos”, entonces hoy “tenemos el delito de asistencia al narcotráfico, de asistencia a la corrupción”, pero no existe una forma de imputar por asistencia en el lavado.
“Eso tiene un doble efecto: no estamos cumpliendo con las convenciones internacionales y no les estamos dando a los operadores una herramienta fundamental” para ir contra un delito que “generalmente es más fácil de probar”.
Según Díaz, hay también “una percepción ideológica” de que el delito de lavado de activos no debe ser perseguido, y si se quiere llevar a cabo operaciones de este tipo “lleva tiempo y plata”. “Tenemos que invertir, capacitar, terminar con eso de que cambia el gobierno y sacan a todos. Después nos agarramos con los fiscales, si les dan chauchas y palitos”, sentenció.
El exprosecretario de Presidencia y especialista en la prevención de lavado de activos Leonardo Costa entendió que el problema también radica en la “percepción de riesgo” que hay en el sistema político y en la sociedad respecto de este delito, también “cuando vos tenés, además, que para el sector financiero el riesgo de lavado pasó a ser un riesgo más y con los riesgos operativos se incluyó liquidez; te das cuenta de que en realidad para parte de los supervisores este es un riesgo más”.
“Cuando mirás que el contrabando es un delito o es una actividad delictiva precedente sustantiva”, pero al mismo tiempo “no tenés casos de lavado del contrabando, tenés otros problemas”, tal vez por “una visión naíf que tenemos de nosotros mismos”.
“Lo más relevante es cuántas causas de lavado tenés en Uruguay”, y en este sentido Costa señaló que hay “5.000 condenas por narcotráfico o delitos asociados a lo que son actividades delictivas precedentes”, y hay “sólo cinco o seis causas” relacionadas con el lavado, que son “números vergonzantes” porque “no dan cuenta de la realidad delictiva que hay”.
Así, “tenés investigaciones que se generan desde el exterior, en donde hay delitos precedentes como corrupción, y acá en Uruguay se archivan”. Lo que hay es “un problema de financiamiento: ¿cómo le puedo pedir al sector privado cuando el sistema no funciona en su efectividad?”, se preguntó Costa.
“Hasta culturalmente en algunos sectores políticos hay aceptación del delito de lavado; le estás diciendo al sector privado ‘muchachos, no estamos tan de acuerdo con que esto es un problema’, sí cuando está el narcotráfico, pero el narcotráfico no es el único problema”, acotó.
“Hay algo que está funcionando mal, y para mí lo que está funcionando mal es realmente una percepción de riesgo de los sectores que toman decisiones” y que de esta forma “permean en la concepción de cualquier sujeto obligado”.