La Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) advirtió en un comunicado que por una disposición de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sólo puede ordenar la colocación de tobilleras a mayores de edad, con referencia a la acordada 8028, de junio de 2019, que plantea en su artículo 2 que, “por razones jurídicas y técnicas, es necesario que el dispositivo se imponga respecto de personas mayores de 18 años”. La resolución de la SCJ también agrega otras disposiciones sobre la colocación de tobillera, como el deber de que sólo sean colocadas a personas que sepan leer y escribir, porque deben responder a indicaciones escritas de los dispositivos, y que no presenten dificultades de habla o audición.
Además, agregaron que, en casos de denuncias de violencia basada en género, el Ministerio del Interior (MI) “debe informar al Juzgado y a la Fiscalía y no únicamente al primero”, tal como surge de los artículos 59 y 60 de la Ley 19.580.
El comunicado de la AMU surgió ante los dichos del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, con referencia al caso del femicidio de Valentina Cancela, sobre que había más de 100 tobilleras a disposición. “El fiscal dijo que había fallado el sistema, yo creo que tiene razón. Nosotros somos auxiliares de la Justicia, no podemos determinar por nosotros mismos -la Policía-, pero nadie se puede sacar responsabilidad. Somos todos responsables, por lo menos desde el punto de vista del Estado, de no haber previsto esta situación. No se previó”, expresó Heber en declaraciones realizadas el viernes en rueda de prensa.
En diálogo con la diaria, el juez Leonardo Méndez, presidente de AMU, declinó referirse al caso concreto, señalando que es la Corte quien deberá resolver si existieron faltas en el servicio, pero subrayó que el ministro del Interior “incurrió en inexactitudes al referir a que puede livianamente colocarse un dispositivo electrónico a menores de edad, agresores”.
Méndez explicó que la acordada fue elaborada por la SCJ en coordinación con el MI, responsable del monitoreo de los dispositivos como forma de protocolizar la colocación. “Está previsto a texto expreso que deben aplicarse a personas mayores de 18 años. Hay una desinformación importante de parte del ministerio, que lo tiene bien presente”, expresó. Por otra parte, señaló que “algunas veces se ha resuelto” judicialmente colocar la tobillera a menores agresores, pero los jueces deben apelar a normas de superior jerarquía que la acordada, ya sea legales, constitucionales o del orden jurídico internacional.
“El problema radica en estos casos en que la DIMOE [Dirección de Monitoreo Electrónico], que es la oficina encargada justamente de la colocación y monitoreo de estos dispositivos, se niega a colocarlos en agresores menores de edad, porque entiende que no respeta la normativa reglamentaria vigente”, expresó. “Entendemos, sin lugar a duda, que esta normativa reglamentaria debería revisarse”, expresó y agregó que la acordada “no fue un capricho” de la SCJ, sino algo acordado con el MI.
“Es importante tener presente que la colocación de un dispositivo electrónico no es la solución a todos los problemas, ni asegura 100% los derechos de las víctimas. Son dispositivos que son falibles, incluso desde el punto de vista de los recursos humanos encargados de monitorearlos, no son infinitos”, afirmó.
“Hay una problemática mucho más profunda y no podemos reducir toda esta desgracia a 'tobillera sí, tobillera no'. Es una cosa mucho más compleja, que tiene que ver con la forma en la que se está trabajando, y es una cuestión que hemos denunciado reiteradamente desde la asociación”, agregó.
Méndez dijo que los jueces de turno reciben hasta 70 llamados diarios en las sedes de familia especializada en Montevideo y que no es materialmente posible llamar a esa cantidad de audiencias en un día, mientras que en el interior del país también en muchas sedes deben dedicarse a otras materias.
Además, señaló que muchas veces no llegan los informes técnicos para definir la colocación de una tobillera: “No se cuenta con ellos en la mayoría de los casos, a veces se reciben mucho tiempo después de tomadas las medidas”. “Muchas veces los jueces se ven obligados a tener que trabajar sin elementos, guiados por su intuición y experiencia, que es mucha, pero en materias que no son propias de nuestra expertise técnica”, expresó.
“Hay que situar las cosas en su justo término cuando se habla, por operadores de primera línea, que el sistema falló. Quizás es la conclusión que hay que sacar, pero no nos podemos quedar sólo con la conclusión, sino en las causas de que un sistema pueda fallar, que venga fallando hace tiempo. Son todas cosas que hay que visibilizar, porque es muy injusto luego plantear que el sistema de Justicia no da respuestas”, opinó.