Ricardo Cáceres Correa, alias Ricardito, es hermano de Roberto Betito Suárez. Ambos son reconocidos por ser líderes asociados a la criminalidad en el noroeste de Montevideo [zona 4], particularmente en el Cerro. Ricardito fue condenado a nueve años de prisión como autor de reiterados delitos de organización de actividades de narcotráfico y reiterados delitos de extorsión, violencia privada y lesiones personales agravadas en calidad de coautor. También está preso, entre otras cosas, por tráfico de animales prohibidos, por ser el propietario de un mono que es recordado por haberse escapado del zoológico de Villa Dolores y recorrer la zona de Pocitos.
Está privado de libertad en el módulo 12 de la Unidad 4 Santiago Vázquez, ahora conocido como Unidad 25, desde hace 16 meses. Es un módulo de aislamiento absoluto, donde su hermano también estuvo preso y, tras colgarse en un presunto intento de autoeliminación, logró un traslado al Penal de Libertad, de donde luego fue liberado al cumplir su pena.
El 14 de agosto, Ricardito presentó un hábeas corpus para ser trasladado a esa cárcel porque denunció a cuatro policías por haberle vendido 26 celulares y planteó que fue amenazado tras dejar de comprarles dispositivos para romper con el aislamiento.
La jueza de Crimen Organizado María Helena Mainard aceptó este recurso este viernes y condenó al Ministerio del Interior a que cese el aislamiento de Ricardito, le brinde una hora diaria de patio y posibilite el acceso a la educación, además de que procure que trabaje y haga deporte. También indicó que se le brinde una alimentación sana de acuerdo a su estado de salud y que reciba atención médica integral y estableció que se debe asegurar su integridad y posibilidad de acceso a programas de “asistencia social”.
“De no ser posible el cumplimiento de la intimación efectuada en su totalidad”, Mainard indicó que el Instituto Nacional de Rehabilitación evalúe un posible realojo de Ricardito en otro sector o en otra cárcel, donde por lo menos se cumpla “con las reglas de seguridad requeridas para el penado, pero que contemple las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, aprobadas por las Naciones Unidas”.
En una conferencia de prensa, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, salió al cruce de esta sentencia y en particular apuntó contra Mainard: “Realmente es una jueza que no nos ayuda en esta tarea de lucha contra el narcotráfico”. Según el ministro, la jueza “cree que una persona de estas características, con este nivel de violencia, un asesino que está cumpliendo su condena en una cárcel de máxima seguridad, puede ser rehabilitado haciendo bloques o carpintería; que va a dejar su organización para ser carpintero o constructor de bloques”.
“La jueza lo saca de la máxima seguridad, del aislamiento. ¿Para qué? Para que vuelva a delinquir. ¿O alguien cree que va a hacer un curso de carpintero?”, cuestionó el jerarca, quien subrayó que es “una persona muy peligrosa” y que por eso está en régimen de aislamiento. “Lo tenemos aislado porque antes dirigía desde la cárcel no sólo una organización criminal, sino que mandaba cortar dedos, manos, orejas y mandaba asesinar”, agregó Heber.
“Que una jueza crea que una persona de estas características, con este nivel de violencia, un asesino, puede ser rehabilitada haciendo bloques o carpintería… realmente no entendemos esta situación”, cuestionó el ministro y agregó que la decisión de la Justicia “no ayuda en el combate al narcotráfico”.
Mainard fue la jueza que aceptó la prisión domiciliaria del narcotraficante Juan Antonio González Bica, que alegó una insuficiencia renal con documentación falsificada y logró este cambio de medida, tras el cual se fugó. Su abogada, María Mercedes Acosta, y el secuestrador y estafador Matías Campero, que salió de la cárcel falsificando documentación para sí mismo y presenció la audiencia de González Bica, fueron imputados por este caso.