Al menos cinco narcotraficantes se fugaron de prisión domiciliaria en lo que va del año. En al menos dos de estos casos obtuvieron el cambio de medida con documentación apócrifa aportada por una organización criminal que logró fraguar documentos e introducirlos en los expedientes judiciales. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, responsabilizó a dos juezas de Crimen Organizado por haber dado las prisiones domiciliarias: María Helena Maynard y Adriana Chamsarián.
Hay dos fugas que a Heber le preocupan en particular. Una es la de Juan Antonio González Bica, quien se fugó, a fines de agosto, tras romper la tobillera electrónica que le habían colocado. González Bica había sido detenido el 12 de junio de 2022 en el marco de la Operación Pitágoras, en la que se incautaron 172 kilos de cocaína y 251 kilos de pasta base que eran trasladados en una falsa ambulancia por la ruta 8 desde Cerro Largo a Montevideo. La otra es la de Miguel Ángel Leal da Costa Porto fue condenado en febrero de 2022 a cuatro años y medio de prisión tras haber sido detenido en el marco de la Operación Babilonia, cuando se disponía a entregar un cargamento. Le incautaron 17 kilos de cocaína, 20 kilos de pasta base, 40 gramos de marihuana, seis vehículos, tres armas y 90.000 dólares. En el primer caso actuó Maynard y en el segundo Chamsarián.
“No tenemos pistas sobre el paradero de los dos narcotraficantes que tuvieron prisión domiciliaria”, dijo Heber en conferencia de prensa. “Pero no descansamos en su búsqueda porque son requeridos y esperemos esperar capturarlos nuevamente si no se fueron del país”, acotó.
Las advertencias sobre Leal da Costa
Según informó Fabián Rosano, titular de la Dirección Nacional de Supervisión de Libertad Asistida (Dinasla) a El Observador, el Ministerio del Interior le advirtió tres veces a la jueza Chamsarián que el narcotraficante Miguel Ángel Leal da Costa no estaba en su domicilio. Según Rosano, la primera alerta fue el 24 de octubre. Después de ese episodio, la jueza le permitió trasladarse a Rocha. El 10 de febrero y el 5 de marzo volvieron a advertir que no estaba en el domicilio fijado. El director de la Dinasla dijo al mismo medio que la segunda vez que no fue ubicado le pidieron a su pareja un teléfono de contacto y cuando se comunicaron respondió Matías Campero, líder de la red criminal a cargo de las falsificaciones que permitieron el acceso a este cambio de medida. El director de la Dinasla no especificó qué acciones se tomaron a nivel policial ni en la comunicación jerárquica del Ministerio del Interior. Tampoco dijo si el ministro Heber estaba al tanto.
Las irregularidades en los movimientos de González Bica
“En el caso de González Bica, nosotros nunca perdimos el control hasta el momento en que se dio la fuga el 30 de agosto. Todo el tiempo teníamos un control. Lo que había era una transgresión a la autorización que él tenía”, dijo Rosano en Desayunos informales, donde detalló que los movimientos irregulares incluían lugares no permitidos que excedían el centro de salud y una incoherencia en los tiempos de permanencia para un tratamiento de diálisis. “Había una autorización específica para ir a una mutualista a hacerse un tratamiento de diálisis. La mesa de monitoreo controla y siempre está atenta a hacer los seguimientos. Ahí informamos que efectivamente no fue a la mutualista o que el tiempo de permanencia no era acorde al de diálisis. Eso nos llamaba la atención”, especificó Rosano.
También explicó qué hicieron a partir de esto: “Elevamos las trazas y dijimos que ahí había una transgresión. Fuga no había, porque hasta el momento nunca habíamos perdido el control. Avisamos al juzgado. Veíamos la tobillera, veíamos paso a paso a dónde iba, y al final del día, de hecho, iba a su domicilio. Enviamos dos notificaciones a Fiscalía y al Juzgado de Crimen Organizado, informando que las salidas autorizadas no se estaban cumpliendo de acuerdo a lo que fue autorizado. Ahí depende del juez si va a realizar un cambio de medida, si va a modificar la autorización, etcétera”, señaló.
Luego, se dio finalmente la fuga, según explicó Rosano: “Ese día, González Bica tenía una audiencia. Hay determinadas zonas, como donde estaba él, en una estancia en Cuchilla Alta, donde a veces se pierde la señal por minutos, como pasa a veces con los celulares. En ese momento tuvimos un período en el que estábamos tratando de establecer señal nuevamente; son minutos. Vimos que había una pérdida de señal, hay una probabilidad de que se haya intentado disimular con un subsuelo o cubriéndola con alguna cosa, e inmediatamente detectamos que se estaba intentando cortar. Nuestras tobilleras no avisan solamente cuando se cortan, el intento de forzarlo ya avisa. En ese momento se dio cuenta a la seccional policial y salió el móvil para ahí”.
Pide pista
Rosano indicó que fueron seis las personas vinculadas a delitos de drogas que se fugaron de prisión domiciliaria en lo que va del año. Dos de ellas son González Bica y Leal da Costa, que tienen los perfiles de riesgo más alto. Las otras cuatro estaban presas en sus casas por intentar ingresar droga al país o por tenencia no para el consumo. Para el director de la Dinasla, si no hubiera existido esta maniobra delictiva, no hubieran accedido a una prisión domiciliaria porque no dan con el perfil. Rosano acotó que en 35 de los 53 casos en que se dieron prisiones domiciliarias “no correspondía hacerlo”. Aclaró que en estos casos, si se ven movimientos fuera de lo normal o son perfiles complejos se amplían los controles.
El director de la Dinasla aclaró en Desayunos informales que la decisión de qué hacer es “netamente en el ámbito judicial”. “Nuestro trabajo es de control y de intervención”, señaló. Dijo que no hubo ninguna acción en estos casos ante las alertas: “No hubo ningún tipo de suspensión, ni orden específica de seguimiento, ni suspensión de la medida”.
Rosano dijo a El Observador que la dirección que tiene a cargo hizo un planteo institucional para poder participar de las decisiones que toman los jueces a la hora de dar una prisión domiciliaria. Según él, desde el Poder Ejecutivo deberían participar cuando se toma la decisión, para ver si la persona está en condiciones de estar en prisión domiciliaria o no, y también deberían tener una participación para hacer una evaluación de riesgo para definir qué control requiere la persona.
En este sentido, insistió que sería muy importante que la Justicia tuviera su visión para decretar estas medidas y los sucesivos controles. “Nosotros creemos tener la experticia como para poder decir de acuerdo al perfil si la persona va a adherir con un régimen controlado a partir de un móvil policial que vaya o con tobillera electrónica”, indicó en Desayunos informales.
Seis fugas no son un “número importante”
En la entrevista con Desayunos informales, Rosano planteó que no considera que seis fugas de narcotraficantes sean un “número importante”. “No parece un número importante en cuanto a la cantidad, sí en cuanto a los perfiles”. El director de la ex Oficina de Supervisión de la Libertad Asistida (OSLA) aclaró además que “no todos los delitos vinculados a estupefacientes se tratan de narcos”. “En nuestro nivel lo que nos sucede es que no todos los delitos a nivel de estupefacientes implican que sean ‘narcos’. No quiero ser injusto con esa madre que tenía una boca, podía estar en su domicilio y no implicaba una gravedad”.
“Nosotros ya lo sabíamos. No era una novedad. Hubo una recopilación de la información”, indicó, y agregó que “en todos los casos informamos en el momento que se dio la fuga”. “En el acumulado, y en el cumplimiento, con las características, no parece un número importante. No en cuanto a la cantidad, sí en cuanto a los perfiles”, planteó. Aclaró que no se dieron cuenta antes en todos los casos, sólo en el de González Bica, que cortó en la tobillera.
También explicó que cuando se constata una “no presencia” o fuga se informa a Fiscalía, al Poder Judicial y a la Policía para que “vaya a buscar a esa persona”. Rosano dijo que no se anima a decir que hubo “una falla”, pero reiteró que le gustaría ser parte de estas decisiones.
El funcionamiento del sistema
El sistema de salud en las cárceles está cubierto por la Administración de los Servicios de Salud del Estado, que se ocupa de Montevideo, la zona metropolitana y Rivera; y por la Dirección Nacional de Sanidad Policial, que se encarga de la atención del resto de las cárceles del país. Cada cárcel tiene un policlínico con un equipo de salud que presta asistencia a las personas privadas de libertad y que lleva una historia clínica de las personas que allí se atienden. Además, se encarga de coordinar la atención con médicos especialistas cuando la persona lo requiere, lo que incluye en gran parte de los casos el traslado fuera de la cárcel, y lo mismo para los tratamientos.
Por ende, se puede decir que si la persona solicitó asistencia en algún momento de su privación de libertad, en esa cárcel hay un registro al respecto, que se incluye en su historia clínica que permanece dentro de la cárcel y está a disposición del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Así que se puede inferir que si una persona está bajo un tratamiento de salud, o está diagnosticado que lo requiere, figura en su historia clínica. Lo mismo si recibe atención ante una situación aguda de urgencia o emergencia; o si el INR recibe alguna denuncia sobre su estado de salud. En estos casos, se deriva a la policlínica donde se hace una constatación de lesiones, también se le labra un acta a la persona privada de libertad ante el Departamento de Jurídica de la cárcel en la que esté alojada.
Una vez que la persona pasa a prisión domiciliaria por orden judicial, su supervisión y control queda a cargo de la ex OSLA, actualmente Dinasla, que cambió su nombre luego de que a fines de 2021, ante la Comisión de Seguimiento del Sistema Carcelario de la Asamblea General, el ministro del Interior reconociera la incompetencia de la OSLA para supervisar a las 15.000 personas que tenían penas alternativas a la prisión en ese momento y así comenzara un proceso de intentar jerarquizar esta oficina, por lo que pasó a ser una dirección.
El Decreto 180/010 que creó la OSLA establece que en los casos de prisión domiciliaria, en los que se requiere que tengan un “efectivo cumplimiento”, son necesarias las tareas de coordinación y seguimiento, que están subordinadas a lo que el juez actuante determine. Para esto, se determinó la creación de la OSLA: para supervisar estas medidas y se le asignó una serie de cometidos. Esta dirección depende de la dirección del INR, que actualmente es ocupada por Luis Mendoza.