Los abogados Nicolás Pereyra, Rafael Silva y Valeria Campos van a presentar una denuncia en nombre de las familias de las seis víctimas del séxtuple homicidio en un incendio provocado que se registró el mes pasado en el módulo 4 de la Unidad 4 Santiago Vázquez (ex Comcar). Además de demandar al Estado, van a presentar un escrito ante la Fiscalía para aportar datos a la investigación de la Fiscalía de Homicidios de segundo turno, que está a cargo de la fiscal Mirta Morales.
En diálogo con la diaria, Pereyra explicó que ya han representado casos similares. “Siempre lo mismo: ausencia de control de todo tipo, ausencia de funcionarios, ausencia de controles que permiten que haya líquidos inflamables en la cárcel”, señaló. “Además de que no tienen habilitación de Bomberos”, agregó.
“No va a haber responsabilidad penal del Estado porque no hay responsabilidad penal sobre personas jurídicas. De todas maneras, lo que denunciamos fue un inicio de acciones civiles por la muerte de los familiares de nuestros clientes”, dijo. El abogado indicó que se reclama “daño moral”.
“Entendemos que hubo omisiones abundantes que permitieron que se llegara al resultado mortal”, sentenció, y consideró que este tipo de hecho “por supuesto que es prevenible”. “Hubo muchos casos similares y las muertes siguen ocurriendo, con la misma casuística y todo”, enfatizó.
“Individualizo en Luis Mendoza [director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR)], en el director del Comcar [Alejandro Chaves] y obviamente en el ministro del Interior [Nicolás Martinelli] la responsabilidad de estas muertes”, planteó Pereyra.
El abogado resaltó que el comisionado parlamentario penitenciario “hace informes año tras año y siguen sin cumplirse las medidas que se recomiendan”. “Obviamente que la violencia va a surgir y a resurgir y va a haber un momento en que ese gran monstruo nos va a comer como sociedad, porque lo que sale de ahí es lo que termina dañando muchísimo más a la sociedad”, afirmó.
“No se está haciendo nada para paliar la situación súper emergente que hay, sobre todo en los megapenales, pero en todas las cárceles. La política carcelaria del Estado es un desastre. Se apunta a que haya más reclusos”, expresó. Indicó que “uno de los fundamentos de que haya más hacinamiento es la ley de urgente consideración, sin lugar a dudas, con todos los beneficios que cortaron en el ámbito penal”. “Les sacan la posibilidad a los jueces de decidir cuando una persona está rehabilitada y así se pasa a una ley arbitraria esta decisión”, criticó.
Por otra parte, lamentó el accionar de la Junta de Traslados en el INR. “La Junta de Traslados no responde, ni siquiera da trámite a las cuestiones que se presentan. Hay un desconocimiento de la normativa nacional e internacional”, aseguró.