La Organización de Funcionarios Penitenciarios (Ofucipe) presentó un habeas corpus para que se declare la emergencia nacional carcelaria. El recurso judicial fue acompañado por la diputada del Frente Amplio Bettiana Díaz. La jueza Blanca Riero falló a favor de este recurso y desestimó el pedido de incompetencia que presentó el Ministerio del Interior para evitar el habeas corpus. La jueza definió que el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, recomiende un equipo de trabajo y diez medidas clave para la reforma del sistema penitenciario administrado por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).
Petit presentó la recomendación del equipo de trabajo, que planteó que esté conformado por Luis Mendoza, director del INR; Gustavo de los Santos, subdirector administrativo del INR; María José Oviedo, directora General de Secretaría del Ministerio del Interior; Jonatan Perdomo en representación de Ofucipe; la legisladora Bettiana Díaz y Wilfredo Recalde, director adjunto del Servicio de Atención Integral para las Personas Privadas de Libertad de la Administración de Servicios de Salud del Estado. Todos forman parte de la institucionalidad y no hay representantes externos al sistema.
El Ministerio del Interior no desistió y volvió a presentar un escrito en el que plantea la nulidad, y recurre y cuestiona la conformación del equipo de trabajo que propuso Petit. La jueza Riero no hizo lugar ni a la nulidad ni al recurso. A su vez, estuvo de acuerdo en darle nueva vista a Petit para que ajuste la integración del grupo de trabajo. Para esto le dio tres días, por lo que el próximo lunes a más tardar el comisionado parlamentario debería dar una respuesta.
Por otro lado, la jueza emitió una resolución en la que planteó que, “atento a lo confuso de los escritos del Ministerio del Interior, solicitando por un lado la reposición y nulidad de las actuaciones”, lo que fue rechazado, se convocó a una audiencia entre la cartera y los denunciantes para dar “celeridad para resolver los puntos debatidos por el Ministerio del Interior”.
Tras la integración del nuevo equipo de trabajo, las partes serán convocadas para discutir los diez puntos presentados como prioritarios para el sistema carcelario. Al respecto, el abogado de Ofucipe, Juan Raúl Williman, dijo a la diaria que “todas las partes ya plantearon sus puntos, incluso el Ministerio de Interior planteó los suyos”. Y agregó que “ahora vamos a debatir con la jueza qué podemos hacer, cuáles son esos diez puntos para trabajar y ella lo va a controlar”. Según el abogado, la jueza “incluso va a realizar alguna inspección ocular, según dijo la audiencia”. El abogado espera que la próxima semana haya audiencia para poder avanzar y que quede confirmado el grupo de trabajo y los diez puntos definidos, que es lo que ya debería haber sucedido y, sin embargo, no pasó en esta instancia.
Los diez puntos clave para la reforma carcelaria propuestos por Ofucipe
1) Dotación de recursos presupuestales para dar cumplimiento a la implementación de mejoras en el proceso de gestión de la alimentación. Según el sindicato, la alimentación de la gran mayoría de las personas privadas de libertad, en ausencia de partidas suficientes para alimentación, depende hoy de los “paquetes” que envían sus familiares. Sin embargo, una gran parte de las personas privadas de libertad no recibe ayudas del exterior, ya que se trata de una población extremadamente vulnerable en lo económico y social.
2) Dotación de colchones y frazadas. Afirmaron que este es un planteo que recibieron no sólo de las personas privadas de libertad, sino también de las propias autoridades que tienen que gestionar estos faltantes de forma permanente.
3) Respuesta rápida a las personas privadas de libertad en las solicitudes de traslado formuladas a la administración. Particularmente, fue un planteo por parte de las personas privadas de libertad, pero también de las autoridades, de que “hoy no hay respuesta en tiempo y forma para la aprobación o negativa ante estas solicitudes de traslados, atención de salud, acceso a trabajo y estudio”. Se plantea que en vez de la Junta de Traslado, la evaluación de plazas y perfiles “se realice de forma urgente y que se resuelva en el propio grupo de trabajo”.
4) Atención de salud y salud mental; tratamiento de adicciones. Refuerzo de atención en salud mental en módulos críticos.
5) Dotación de vehículos. Se busca cumplir con los traslados sanitarios y de procesos judiciales sin dejar aislado el resto del establecimiento.
6) Tomar las medidas administrativas de urgencia de contratación de servicios, obras, refacciones y contrataciones de personal. Remarcan que se tomen todas las medidas “que sean necesarias para mejorar la situación de acuerdo a los estándares penitenciarios previstos en las normas nacionales e internacionales”.
7) Reforzar la dotación de recursos de operadores penitenciarios, “necesarios para poder fortalecer la custodia de las personas privadas de libertad, pero también para garantizar el desarrollo de actividades de rehabilitación como trabajo, estudio, atención de salud y acceso a la Justicia”. Así como también reclaman garantizar mejores condiciones de trabajo a los operadores penitenciarios, incluyendo el equipamiento para trabajadores (civiles y policías).
8) La incorporación de una mayor cantidad de funcionarios técnicos especializados. Según establecen, “para poder abordar programas de tratamiento que permitan y garanticen el proceso de rehabilitación”.
9) Incorporar en los programas de formación del Centro de Formación Penitenciario el trabajo con adicciones, “con el fin de mejorar el abordaje socioeducativo en cárceles”.
10) Declarar insalubre el trabajo penitenciario, “a los efectos de colocarlo bajo la especial protección de la ley”.