El Servicio de Atención Integral a las Personas Privadas de Libertad (SAI-PPL) atiende a 61% de la población privada de libertad, alrededor de 10.337 personas, con aproximadamente 350 funcionarios. Además, el servicio tiene a su cargo 40 niños y niñas que están en la Unidad 9 para madres presas con hijos; los menores son desde recién nacidos hasta los cinco años de edad, según informó la directora del SAI-PPL, Gabriela Miranda, a principios de junio ante la Comisión Especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria del Parlamento. Miranda compareció junto con otras autoridades de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).
De acuerdo con el último informe presentado por el excomisionado parlamentario penitenciario Juan Miguel Petit, que fue presentado en setiembre del año pasado, había 65 mujeres alojadas en prisión con sus hijos e hijas, llegando a 68 la cantidad de niños.
Desde 2016, la Unidad 9 está ubicada en el mismo edificio en el que funciona la Unidad 5, también destinada a mujeres, si bien se trata de unidades autónomas con acceso independiente. Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, la doctora Miranda explicó que las mujeres no cuentan con un centro de ingreso, como el que sí tienen los varones privados de libertad en Punta de Rieles. Dicho centro “da una oportunidad de intervención muy buena, desde el punto de vista de la salud, porque es el lugar donde podemos garantizar que vemos a toda la población masculina”, señaló.
En el caso de las mujeres, el ingreso se da por el Centro Nacional de Rehabilitación (CNR) de la propia unidad, donde hay una guardia las 24 horas que, “en cuanto llega una mujer, hace el ingreso en el momento”.
A nivel general del sistema penitenciario, el SAI-PPL tiene las policlínicas de medicina general, así como médicos de familia, psiquiatría, infectología, psicólogos, licenciados en Trabajo Social y parteras (en el caso de la Unidad 9). Además, Miranda señaló que el sistema carcelario cuenta con policlínicas específicas de infecciones de transmisión sexual, género y generaciones, de obesidad y un programa de salud renal.
En cuanto a la atención en la Unidad 9, donde las mujeres privadas de libertad viven con sus hijos, Miranda contó que actualmente hay solo un médico de policlínica, y apuntó que luego de las 14.00 y durante el fin de semana la atención es “al lado [de la Unidad], en el CNR”, que “está pegadito”.
En el último informe del comisionado parlamentario penitenciario, correspondiente a 2024, se señala que el servicio médico de la unidad “dejó de contar con la atención de medicina familiar, siendo atendido por un médico general para brindar la atención a mujeres y niños”. Esta ausencia del médico de familia generó una “reducción de conducciones a controles pediátricos y ginecológicos”. A su vez, el informe detalla que el servicio de enfermería 24 horas continuaba dependiendo del servicio médico de la Unidad 5, es decir, no había uno en donde están las madres con sus hijos.
La directora del SAI-PPL anunció que ya están haciendo “las contrataciones para todo el personal”, por lo que “va a haber ahí una puerta de emergencia los 365 días del año”. Señaló que la unidad también va a contar con un médico de familia de lunes a viernes, que, según dijo, “es un antiguo reclamo de las mujeres”. “Hoy en día, en el Centro de Salud Sayago se hacen los controles de niños; están todos al día. A partir de ahora, se van a hacer dentro del centro de salud por el médico de familia”, agregó.
Sobre este punto, el diputado del Frente Amplio Pablo Inthamoussu consultó qué sucedería con el CNR a partir de la mudanza de la Unidad 5 a Punta de Rieles. Miranda contestó que, una vez que esto suceda, en la Unidad 9 habrá un médico de familia de lunes a viernes, un médico de medicina general y un enfermero las 24 horas del día todos los días del año; asimismo, continuará el servicio de salud mental y la obstetra-partera. “¿Pediatría también?”, preguntó entonces Inthamoussu, a lo que Miranda respondió: “No, pediatría no, médico de familia”.