Tras las elecciones nacionales del domingo 27, en las que el senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos no fue reelecto, la causa que lo investiga por ocultar información a la Justicia sobre crímenes de lesa humanidad podría retomarse una vez que el legislador pierda los fueros parlamentarios. Manini apeló a esa protección luego de que en noviembre de 2019 el fiscal Rodrigo Morosoli pidiera su desafuero para imputarle un delito de omisión de los funcionarios en denunciar un delito, por el ocultamiento de información sobre declaraciones de los militares en situación de reforma José Nino Gavazzo y Jorge Pajarito Silveira ante un tribunal de honor militar, en el que volcaron información del homicidio del militante del Movimiento de Liberación Nacional, Roberto Gomensoro, ocurrido en Montevideo el 12 de marzo de 1973, y de la desaparición de Eduardo Pérez Silveira, conocido como El Gordo Marcos, quien murió luego de ser torturado en el Cuartel de Artillería Nº 1, en mayo de 1974.
El caso está en manos de la actual fiscal de Flagrancia de 13º turno, quien analizará si el caso debe archivarse por prescripción o si, una vez que Manini pierda los fueros, la investigación debe retomarse. El delito que la Fiscalía pretendía imputarle a Manini, previsto en el artículo 177 del Código Penal, tiene una pena de entre tres a 18 meses de prisión. El numeral 2 del artículo 117 del Código Penal establece que los delitos sobre los que se prevén penas menores a 24 meses prescriben a los cuatro años de ocurridos los hechos.
En ese sentido, se expresó en su cuenta de X el ex fiscal de Corte Jorge Díaz, quien recibió la denuncia de Presidencia y la remitió al fiscal Morosoli: “El delito cuya imputación se pidió está prescripto y Manini mantiene su estado de inocencia. El texto de la Constitución y la ley es claro”, señaló.
Gavazzo, en su primera comparecencia ante el Tribunal de Honor, el 10 de abril de 2018, admitió haber sido el responsable de trasladar el cuerpo de Gomensoro de Montevideo a Tacuarembó y tirarlo en una zona de Rincón del Bonete, donde fue encontrado seis días después del asesinato. “El general Cristi dio la orden de que […] por temas de desprestigio del Ejército no podía darse a conocer que había fallecido un hombre en un cuartel porque iban a decir que lo habíamos matado. Y no fue así. Entonces dio la orden de que lo tiraran en la… en el Río Negro. En el campo militar que hay allí, antes de la represa. Bueno, quien tuvo que hacer eso fui… Recibí la orden de hacerlo yo. Lo hice yo”, declaró Gavazzo ante el tribunal militar.
Ante eso los integrantes del tribunal detuvieron las actuaciones y le informaron la situación a Manini, que era el comandante en jefe del Ejército, indicándole que correspondía dar cuenta de esa situación a la justicia penal, en función de lo dispuesto por el artículo 77 del reglamento de los tribunales de honor, que señala que cuando exista la presunción de un delito, debe comunicarse a un superior y esperar su pronunciamiento.
Luego de unos días de la reunión, Manini ordenó que continuaran las actuaciones y comentó que entendía que se trataba de una maniobra de Gavazzo para dilatar el proceso de la justicia militar. Según la investigación penal, Manini no informó del hecho ni a la Fiscalía, ni a las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional.
El 8 de mayo continuaron las actuaciones con la declaración de Pajarito Silveira, quien dio cuenta de la participación de Gavazzo en otro crimen. “Hubo otro en Artillería 1, que Gavazzo lo gaseó [...] estaba el gas adentro cuando entramos a la sala. Ya no estaba y lo llevaron al hospital y… creo que es un desaparecido [...] Tengo entendido que lo llevaron del hospital al Cementerio del Norte y lo pusieron en un nicho”, expresó Silveira.
Cuando Gavazzo fue consultado por este caso, respondió: “Era un hombre muy grande y muy fuerte, y se desacata y empieza a golpear al personal [...] lo que yo hice fue tirar una granada de gas lacrimógeno para donde estaba él [...] me pareció la mejor manera de parar aquello [...] Él cayó en ese momento, lo atendieron [...] Alguien, no estoy seguro, pero creo que fue un detenido, dijo que era asmático [...] Ordené que lo llevaran enseguida al Hospital Militar. Quedó internado en el Hospital Militar. Al cuartel que yo sepa, no volvió. Yo no lo enterré, no lo mandé enterrar en el Cementerio del Norte ni supe que nadie lo hubiera enterrado en el Cementerio del Norte, ni supe siquiera. Por supuesto que hoy sé que es un desaparecido”.
Nuevamente, los integrantes del tribunal comunicaron la situación a Manini Ríos, con quien se reunieron el 15 de junio de 2018 y le reiteraron la necesidad de pasar a la Justicia esas declaraciones. “Debate no hubo, nosotros lo que le decíamos es que es un caso para pasarlo a la Justicia, y él nos decía a nosotros: 'Este hombre lo que está queriendo es que se detengan las actuaciones'. Nosotros le decíamos: 'Bueno, pero esto está acá, lo dijo y esto hay que pasarlo a la Justicia'”, dijo uno de los integrantes del tribunal que declaró ante la Fiscalía.
Unos diez días después, Manini ordenó el reinicio de las actuaciones, sin informar a la Justicia o al Ministerio de Defensa. Una vez emitido el fallo de primera instancia, se conformó un Tribunal de Alzada que trató expresamente los agravios planteados por la defensa de los militares investigados. Según la investigación penal de la Fiscalía, cuando Manini remitió al Poder Ejecutivo las actuaciones para homologar el fallo del Tribunal, el 14 de febrero de 2019, tampoco informó al ministro de Defensa, Jorge Menéndez, sobre la existencia de esas declaraciones, que fueron advertidas por sus asesores.
El 19 de febrero de 2019 el ministro Menéndez informó al entonces presidente, Tabaré Vázquez, sobre la relevancia penal de las declaraciones de Gavazzo y Silveira, y Vázquez ordenó homologar los fallos del tribunal y realizar la denuncia penal. Manini, que remitió el expediente adjuntando cuestionamientos a la Justicia penal en los casos de crímenes de lesa humanidad, concurrió a la residencia de Suárez el 12 de marzo y le informó al presidente Vázquez su intención de renunciar, pero Vázquez lo cesó. Dos días antes de esa reunión, la Corte Electoral aprobó el registro del Movimiento Social Artiguista y un mes después Manini fue anunciado como precandidato a la Presidencia de la República por el nuevo movimiento político.