Erwin Coco Parentini, el barrabrava de Peñarol que está preso en un sector de máxima seguridad del ex Comcar por varios homicidios, brindó esta semana una entrevista al programa Informativo Sarandí de Radio Sarandí. Además de denunciar sus condiciones de reclusión, Parentini esbozó algunos comentarios sobre la presencia del grupo de origen brasileño Primer Comando de la Capital (PCC) en Uruguay.
“Es una gran organización”, dijo Parentini durante la charla. “Paz, justicia y libertad”, citó en otro momento, en alusión al lema que utiliza en sus estatutos el PCC, en la actualidad una de las organizaciones criminales más importantes de América del Sur.
No fueron las únicas referencias. Cuando le preguntaron sobre la firma que aparecía al final de la carta manuscrita, divulgada en setiembre de 2022, con las amenazas al entonces ministro Luis Alberto Heber y al director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, Parentini respondió que allí había escrito “A todo 3”, una expresión característica del PCC y de otras organizaciones brasileñas, como Bala na Cara. El número 3, en estos contextos, suele estar asociado al PCC, también llamado 15.3.3, por el orden de las letras en el alfabeto.
Parentini reconoció que mantiene vínculos de amistad con “brasileños y paraguayos”, pero dijo no pertenecer a la organización brasileña. El periodista Gabriel Pereyra le preguntó directamente si el PCC tenía presencia en las cárceles uruguayas. Parentini, en lugar de negarlo, respondió: “Se lo dejo al libre albedrío”.
La presencia del PCC en territorio uruguayo es un tema que agentes policiales, penitenciarios y judiciales investigan desde hace muchos años. Un documento de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, al que accedió la diaria, relevó durante 2023 la operativa de siete grupos delictivos que operan en la frontera con Brasil, entre ellos el PCC.
La organización de origen brasileño ha registrado actividades en cuatro puntos limítrofes: Artigas-Quaraí, Rivera-Livramento, Río Branco-Yaguarón y Chuy-Chui. Al menos diez personas han sido identificadas como “integrantes confirmados” del PCC y varios de ellos están presos por delitos de narcotráfico, rapiña, homicidio o hurtos.
La ficha del PCC, que se elaboró con base en información de la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario del Ministerio del Interior, señala como líder o reclutador de esta facción del PCC al uruguayo Diego Fernando de la Vega, que tiene antecedentes por narcotráfico en 2010 y una causa por homicidio calificado de 2014, ante la Justicia brasileña.
El documento de la Dirección de Investigaciones incluye información detallada sobre otros seis grupos criminales que operan en los departamentos fronterizos. Los dos con mayor cantidad de integrantes son Os Manos, con 52 personas y Os Tauras, con 22 miembros.
Os Manos, según el reporte policial, ha desplegado acciones en Artigas, Rivera, Cerro Largo y Rocha. Allí se ha dedicado al “control de territorios, acopio y distribución de estupefacientes, y armas” y su líder es Carlos Silva de Mello, El Piojo, un uruguayo de 29 años que hasta hace unos meses estaba detenido en una cárcel de Caxias do Sul (Rio Grande do Sul), desde donde seguía monitoreando la actividad del grupo.
En el caso de Os Tauras, las principales actividades son tráfico de estupefacientes y armas; y hay referentes del grupo en diferentes centros penitenciarios, varios de ellos por homicidios. Río Branco y Chuy son las ciudades en las que han tenido más presencia, y sus líderes son João de Deus da Rosa y Tiago Pastelero Gonçalves, según la investigación.
Otros grupos con presencia en la frontera con Brasil son Bala Na Cara (Río Branco y Chuy), Primeiro Comando da Fronteira (Chuy), Fabio do Gas (Río Branco) y Os Crias da fronteira (Rivera, también vinculado a De la Vega). El apartado sobre estas siete organizaciones de impronta binacional forma parte de un documento más amplio que elaboró la coordinación operativa de la Dirección de Investigaciones, en el que se analiza la situación de los 59 grupos delictivos que operan actualmente en todo el territorio uruguayo, la mayoría de ellos en la zona metropolitana.
A nivel policial también se han investigado posibles actividades del PCC en barrios de Montevideo. A mediados de 2021, agencias de inteligencia policial recibieron fotografías de fusiles semiautomáticos que estaban en poder de un grupo que opera en la zona de Casabó y que habrían sido proporcionados por el PCC. Estas armas, en su mayoría AR-15, habían ingresado desde Rivera en camiones, por la ruta 5, y todavía están en el país.
La versión de Juan Miguel Petit
Cárceles y PCC son dos conceptos difíciles de disociar, ya desde el origen del grupo, en la cárcel paulista de Taubaté, en 1993. La organización nació y consolidó su poderío en centros penitenciarios, en varios estados de Brasil y también fuera de fronteras, con Paraguay como ejemplo más emblemático.
El comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, dijo no contar “con evidencia o elementos” como para afirmar que el PCC u otros grupos internacionales de similares características estén operando dentro de las cárceles uruguayas. De todas maneras, Petit consideró pertinente poner sobre la mesa algunas advertencias: “La teoría y la experiencia de lo que ha ocurrido en muchos países europeos y latinoamericanos muestra que la hiperconcentración carcelaria es funcional al reclutamiento de personas con finalidades delictivas o violentas”.
En Europa, repasó Petit, los movimientos extremistas islámicos alistan gente en las cárceles y lo mismo sucede en varios países latinoamericanos. “Las organizaciones criminales reclutan a gente desesperada, sin futuro, sin perspectivas, sin habilidades cognitivas y formación, y les ofrecen salidas que pueden parecer prometedoras y paradisíacas, pero que siempre pasan por determinados usos de la violencia”, reflexionó.
La magnitud del sistema penitenciario uruguayo, según Petit, requiere “instrumentos finos de intervención”, que permitan diferenciar perfiles, personalidades, magnitud de las penas, ubicaciones, a partir de “mucho trabajo penitenciario y criminológico”.
“Nadie puede saber cuándo pueden empezar a ocurrir problemas de mayor envergadura. Pero la teoría nos señala que acá tenemos una zona de riesgo”, reconoció el comisionado parlamentario, que está en ese cargo desde 2015.
Petit desarrolló una comparación para mostrar cuáles son esas “señales de preocupación” que llegan desde la teoría y la experiencia de lo que sucedió en otros países: “Si una persona tiene sobrepeso, come mal, está estresada, no hace deporte, en algún momento va a tener problemas cardíacos. Esto es igual, si tenemos una población vulnerable, en buena medida sin educación, sin perspectivas laborales y familiares, evidentemente puede ser captada para muy distintas cosas”.
Fabrasil y el intento de robo a Mónica Ferrero
En la mañana del viernes 14 de diciembre de 2019, la entonces fiscal de Crimen Organizado y actual fiscal de Corte, Mónica Ferrero, caminaba por Bulevar Artigas, en la zona del shopping Nuevocentro. Cuando llegó a la esquina de Guaviyú, dos personas en moto le intentaron robar la cartera, la tiraron al suelo y la arrastraron varios metros.
“Traumatismo en hombro izquierdo con fractura de húmero tras intento de rapiña, en observación para analgesia y tratamiento traumatológico, sin otras lesiones”, diagnosticaba el informe del Hospital Policial que divulgó el Ministro del Interior.
Aunque los dos atacantes nunca fueron atrapados, la investigación policial por este episodio se llevó adelante bajo la hipótesis de una posible responsabilidad de miembros del PCC que operaban en Uruguay.
Unos días antes del intento de robo, Ferrero había encabezado la Operación Magnesio, que terminó con la detención de Mario Bentancor y Fernando Fabrasil, dos uruguayos presuntamente vinculados al PCC. La aparición de esta posible célula en Uruguay implicó que el foco de atención ya se pusiera en lo que pasaba en algunas cárceles del país, en particular en la Unidad 7 de Canelones, según informó la diaria en aquel momento.
Fabrasil volvió a ser noticia en octubre de 2023, por su vinculación con la red criminal que adulteraba documentación para lograr cambios de medidas privativas de libertad, lo que benefició a narcotraficantes como Juan Antonio González Bica y Miguel Leal da Costa. Este grupo era liderado por el falsificador Matías Campero y el caso terminó con una condena contra Mercedes Acosta, la abogada de González Bica.
El caso de Muito Loco
En el libro Historias de sicarios en Uruguay, el sociólogo Gustavo Leal entrevistó a Marcio Portes, Muito Loco, un “soldado” del PCC que estaba preso en Uruguay, condenado por dos delitos de homicidio muy especialmente agravado y uno en grado de tentativa. Los tres casos fueron en Rivera y estuvieron vinculados a deudas por droga.
Portes relató que el PCC llevaba años enviando droga a Rivera y que su llegada a esa ciudad, desde Porto Alegre, se concretó a pedido de un “brazo gordo” de la organización que había tenido problemas con dos clientes uruguayos. “Treinta y cinco kilos de pasta base de cocaína es lo que no pagaron”, contó. Sus jefes del PCC lo mandaron a cobrar la deuda o matar a los acreedores, si no pagaban. La plata nunca apareció.
En la entrevista, Portes dijo que la estructura del PCC en Uruguay era “poca” y estaba “desperdigada”. También habló sobre las dificultades para reclutar presos uruguayos: “Aquí nadie respeta a nadie. Aquí se pelean en las visitas, aquí no hay respeto cuando hablan. Aquí no hay respeto a las visitas, a los niños. Aquí son locos por el cuchillo. No respetan a nadie”. En su opinión, si el PCC quisiera expandirse entre la población carcelaria uruguaya debería “matar a la mitad del Comcar, porque nadie te respeta”. Muito Loco fue asesinado en diciembre de 2021, en el penal de Libertad.