La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU) resolvió declararse en conflicto tras una asamblea este martes. Las razones son la reglamentación del medio horario maternal y la seguridad de las y los fiscales.
Willian Rosa, presidente de AMFU, publicó al respecto en sus redes sociales: “Vamos a convocar a la Fiscalía al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ya que hace un año se comprometieron a reglamentar el medio horario maternal y mis compañeras aún no tienen garantizado acceder a ese derecho”.
“También nos preocupa muchísimo la seguridad de las y los fiscales”, señaló. “Hoy día hay sedes que no cuentan con custodia policial y nuestros colegas han vivido situaciones de violencia trabajando”, afirmó, y demandó que “urge que el Ministerio del Interior y Fiscalía garanticen la seguridad de fiscales cuando cumplen la función”.
Hubo varias situaciones determinantes para declarar este conflicto. Una de ellas fue un caso en Artigas en que un juez le impidió a una fiscal salir de una audiencia para extraerse leche materna. Otra fue la falta de custodia policial y casos de violencia que se dieron y distintas situaciones de violencia que han ocurrido.
En diálogo con la diaria, explicó el contexto en el que se tomó esta decisión. Señaló que “obviamente, al ser año electoral y no tener posibilidades de recibir recursos, encaramos por esas cosas que estaban postergadas, pero que estaban teniendo afectaciones, sobre todo para nuestras compañeras mujeres. En esto del medio horario maternal, las leyes establecen el medio horario maternal después de los tres meses de licencia, y ahora hay una nueva normativa que establece seis meses de licencia maternal en el ámbito público, que no está claro que aplique también en Fiscalía”.
Indicó que “claramente, en nuestro caso, sería lo adecuado que hasta que el niño o la niña tengan independencia respecto de comer”, pero “están ligadas a una imposibilidad de atender eso, o sea, de estar en la Fiscalía con esta idea de medio horario que es bastante irrisorio”.
Contó cómo funciona: “En realidad, después de los tres meses, las colegas fiscales vuelven al trabajo, pero ahí hay que ver en qué oficina estaba. Por ejemplo, si acá estás en Montevideo y no estás de turno, si estás en Flagrancia, capaz que podés venir cuatro horas, tomando un ficto de cuatro horas, que eso no está resuelto, pero es lo que nosotros entendemos. Trabajás cuatro horas y te vas”. Pero planteó que “si estás de turno ya se complica, porque venís un día de turno y cuatro horas no te da para nada”. “O sea, instruís un caso, vas a tener que ir al juzgado, las demoras en la Oficina Penal Centralizada, y lo mismo pasa en el interior”, detalló.
Para los fiscales, el caso de Artigas fue paradigmático porque la fiscal “trabajó 23 horas seguidas”. Entonces, “la falta de regulación, o sea, que la Fiscalía no establece cómo es que se hace usufructo de ese derecho, en lo que repercute es que se tienen que arreglar, y aparte de esto se lo ha dicho la Fiscalía, ‘arréglense como puedan en el lugar de trabajo’, y eso genera desavenencias, que siempre terminan perjudicando a la persona que tiene que usar el derecho, porque cede antes de resolver dejar de hacer sus tareas para que lo haga otra persona”. Por eso se terminan quedando turnos completos y trabajando horas de más.
“Para no depender de la voluntad, lo importante es que esté reglamentado”, sugirió. Esto es algo que pidieron en abril de 2021, durante la gestión del fiscal de Corte Jorge Díaz, que “no se hizo cargo” de esta reglamentación. Después se lo plantearon al fiscal de Corte que lo subrogó, Juan Gómez. Tampoco se reglamentó y por eso en marzo del año pasado trasladaron la situación al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
“En el MTSS planteamos una serie de puntos, y en la única en que hubo un poco de avance fue en este; en que la Fiscalía se comprometió a que en diez días iba a reglamentar esto. Eso fue en marzo del año pasado, ahora estamos a 3 de mayo de 2024 y la reglamentación no aparece”, indicó y resaltó que también se lo plantearon a la actual fiscal de Corte, Mónica Ferrero, que manifestó que “lo tiene que consultar con Gómez, porque ella está en una situación difícil, porque está subrogando, entonces no sabe si las decisiones que tome ella tienen efecto permanente, o si van a ser refrendadas después por la persona que ella está subrogando”. Entonces, según Rosa, “estamos en ese limbo”.
La seguridad en las sedes de las fiscalías
Además está la cuestión de la seguridad. Puso como ejemplo una situación que ocurrió en Paso de los Toros, en que una fiscal fue abordada y amenazada por una persona porque “no le gustó una resolución de Fiscalía”. “En ese momento, la colega estaba indefensa porque no hay custodia en la mayoría de las sedes”, explicó, y enfatizó que sobre todo faltan en el interior del país. “Hay custodia en determinado horario y no hay custodia los fines de semana, o sea que es absolutamente deficitario”, expresó el presidente de AMFU.
Recordó que las sedes judiciales son lugares en los que se investigan delitos y “las personas que son llevadas ahí suelen no estar conformes con el trabajo de los fiscales, entonces estamos regalados a la buena voluntad de que la gente se porte bien; y cuando pasa que la gente no se porta bien, no hay ningún resguardo para los fiscales”.
Los fiscales reclaman por falta de respuesta
Rosa indicó que “toda esta situación genera que nosotros estemos en conflicto por la falta de respuesta”. “Son tres años propugnando por lo mismo, por una cuestión que es hasta de derechos humanos, la lactancia, los derechos de la maternidad, todos esos derechos están vulnerados porque la institución no establece una reglamentación”, sentenció.
El fiscal recordó que propusieron “hacer un convenio colectivo para consagrar determinado régimen de licencia y de medio horario, en el que también se pueda incluir otras cuestiones, sobre todo esto de los cuidados, y más aún para las fiscales del interior del país”. Rosa destacó la feminización de la fuerza del trabajo en Fiscalía: “80% de los fiscales uruguayos son mujeres”.
El fiscal planteó que otra problemática es la licencia en casos de enfermedad, que también recae sobre las mujeres: “Cuando se enferma un familiar, obviamente por estadística la carga siempre va a las mujeres y estamos hablando de personas que no tienen licencia porque la licencia que tienen es la de las ferias. O sea, si en abril o en mayo te pasa algo, tenés que tomar de tu licencia, si es que tenés, para cuidar a un familiar, cuando esto está consagrado dentro mismo de la institución porque la institución llegó a un convenio colectivo con los funcionarios administrativos para que tengan la posibilidad de tomarse licencia en el caso de familiares enfermos”.
Ante esta situación, Rosa entiende que “hay una desigualdad, hay un sistema de trabajo de los fiscales en el que las respuestas son irrisorias a veces cuando vamos a los ámbitos bipartitos”. “Nos dicen: Usted tiene un régimen de trabajo full time, que es 24/7. En ese marco se nos llegó a decir que el medio horario entonces de maternidad serían 12 horas”, criticó, y lo catalogó como algo “muy descabellado”.
“Atento a que hay un incumplimiento a un compromiso asumido en un ámbito tripartito, vamos a convocar a la Fiscalía para que dé las respuestas y aparezcan las soluciones”, señaló. Rosa explicó que en la asamblea de este jueves se discutieron las medidas y se votó. “Lo que salió por mayoría es tener esta instancia en el MTSS, ver cuál es la respuesta de la Fiscalía y ahí sí evaluar si se toman medidas o no. Es como un voto de confianza, sobre todo teniendo presente que quien está como fiscal de Corte hoy en día es una colega que la ley la obliga a estar ahí, no es una decisión suya, y se topa con una Fiscalía que hace dos años está en estos regímenes de subrogación”, resaltó.
Entonces, el plan es que “vamos al Ministerio de Trabajo a ver qué resulta, vamos a hacer una petición calificada también para obtener respuestas respecto de estas situaciones”, y remarcó que “se llega a esta declaración de conflicto porque si en tres años las respuestas no aparecieron, debería ser sometido a responsabilidad, porque no se puede aguantar que en tres años no se den respuestas sobre temas que ya están legislados y no se regulan”.