Este martes comenzó el juicio de acceso a la información pública presentado por el ambientalista Raúl Viñas, precandidato a la presidencia por el Partido Verde Animalista, para conocer la información sobre el contrato celebrado entre el Poder Ejecutivo y la empresa de capitales chilenos Highly Innovative Fuels Global (HIF Global), que desarrollará el proyecto de producción de hidrógeno verde en Paysandú, con una inversión de 6.000 millones de dólares.
Durante la audiencia, el Ejecutivo planteó entregar el memorando pero no el anexo, que refiere a aspectos financieros del proyecto de hidrógeno verde, previa consulta a la empresa chilena. Esto fue aceptado por el juez de la causa, Pablo Gandini, quien dispuso la siguiente audiencia para el próximo lunes, a los efectos de que el Ejecutivo dé una respuesta sobre la posibilidad de hacer pública la información.
Según informó Viñas a la diaria, los demandantes plantearon que un técnico tenga acceso al anexo y determine si contiene información que por su naturaleza debería ser pública. “No nos interesan los aspectos económicos y financieros, queremos saber qué van a hacer con los efluentes”, aclaró.
Viñas expresó su preocupación por que el Ejecutivo consulte a una empresa sobre la confidencialidad del contrato, más allá de que sea parte del documento. Viñas destacó que el Acuerdo de Escazú –sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe– fue ratificado por el Parlamento uruguayo en julio de 2019 y prevé en sus artículos 6 y 8 la mayor difusión de temas que puedan afectar el ambiente.
Además, señaló que se considera un defensor de los derechos humanos en asuntos ambientales, en el marco del reconocimiento que hace el Acuerdo de Escazú de esa figura para que “grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”.
Entre marzo y abril, Presidencia de la República recibió varios pedidos de acceso a la información pública con el propósito de conocer el memorando de entendimiento firmado entre HIF Global y el Estado el 28 de febrero. Cumplido el plazo de 20 días que prevé la Ley de Acceso a la Información Pública (18.381) para que el Ejecutivo responda, el gobierno pidió una prórroga para estudiar el caso y finalmente, el 6 de mayo, desestimó los tres primeros, entre ellos el solicitado por Viñas.
En la respuesta que dio Presidencia para negar el acceso, planteó que “toda la información y documentación intercambiada por las partes en su marco, se encuentran amparados por una cláusula de confidencialidad que impide su revelación”, y aludió a la resolución del 2 de mayo, posterior a recibir los pedidos de acceso a la información, que dispuso la clasificación como confidenciales del memorando y su anexo, de acuerdo a lo que establece la Ley 18.381, que en su artículo 10 plantea como una de las condiciones para que una información pueda clasificarse como confidencial la existencia de una cláusula contractual de confidencialidad.
Ante la negativa, Viñas inició la acción de acceso, con el objetivo de que el Poder Judicial defina sobre la confidencialidad del acuerdo. El procedimiento judicial de acceso a la información pública está previsto en el capítulo 5 de la Ley 18.381 y señala que luego de la audiencia pública, en la que el juez escucha los alegatos de las partes, existe un plazo de 24 horas para que dicte una sentencia. En este caso, al quedar diligencias pendientes, la audiencia se considera suspendida hasta que el Ejecutivo entregue una respuesta.
También está pendiente la respuesta de un pedido de informes hecho por el diputado colorado Ope Pasquet en marzo, dirigido a la ministra de Industria, Energía y Minería, Elisa Facio, para acceder a una copia del memorando y conocer qué antecedentes de la empresa tenía el gobierno antes de firmar el contrato.
El proyecto de HIF Global en Paysandú tiene el objetivo de producir 256 millones de litros anuales de combustible a partir de la producción de 100.000 toneladas de hidrógeno verde por año y de la captura de 710.000 toneladas por año de CO2 en la planta de Paysandú de ALUR.
La inversión se distribuirá en la construcción de la planta y parques eólicos y solares que producirán la energía necesaria para generar hidrógeno verde.