El juez en lo Contencioso Administrativo de primer turno, Gabriel Ohanián, condenó al Estado a pagar 85.000 dólares tras ser demandado por un exintegrante de la Armada que fue investigado en el juicio sobre el Plan Cóndor realizado en Roma, según informó el semanario Búsqueda.
Se trata de Ricardo Chávez, quien fue investigado por el fiscal Giancarlo Capaldo en la causa que analizó la responsabilidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos contra ciudadanos italianos, en el marco del Plan Cóndor.
En segunda instancia, la Justicia italiana condenó a 12 militares uruguayos y ratificó la absolución de Ricardo Chávez, quien en su demanda contra el Estado uruguayo planteó que fue perseguido y sancionado por su posición ideológica dentro de las Fuerzas Armadas, hasta que fue cesado en 1983, y que su involucramiento en la represión se debe a un error del exintegrante de la Prefectura Nacional Naval Daniel Rey Piuma, quien aportó muchísima información a la Justicia sobre violaciones a los derechos humanos por parte de la Armada.
En la sentencia, Ohanián da la razón a Chávez en cuanto a que Presidencia de la República publicó el 8 de mayo de 2019 en su página web un listado con los nombres de los investigados por la Justicia italiana, incluyendo a Chávez, y dando los argumentos con los que el Estado uruguayo intentaría revertir la absolución de primera instancia.
En su defensa, el Estado planteó que no fue la parte promotora de la acción penal en el juicio de Roma, y que la Fiscalía investigó a Chávez por las declaraciones de Rey Piuma. Sin embargo, el juez Ohanián consideró que la responsabilidad del Estado uruguayo se basa en haber coadyuvado con la fiscalía italiana “en una acusación que no tenía fundamento alguno, cuando un análisis medianamente diligente habría permitido a las autoridades de la época concluir con facilidad que era ajeno completo a esos eventos”.
Ohanián señala que la base de la acusación en el juicio en Roma se basa en el dato falso de que fue jefe de Operaciones del Cuerpo de Fusileros Navales (Fusna), cuando no ocupó ese cargo. “Todo ello además de que en la web de Presidencia se lo escrachó con nombre y apellido”, agrega el fallo, al que accedió la diaria.
El juez fijó el monto de la indemnización por daños y perjuicios en 85.000 dólares, una cifra bastante menor que los ocho millones de dólares que había pedido Chávez en la demanda.