Este miércoles se realizó la audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA a pedido de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU), que advierte que desde la implementación del nuevo Código de Proceso Penal, en noviembre de 2017, la Fiscalía sufre “un contexto de acoso” por parte de diferentes actores del sistema político que afectan su independencia técnica.
La audiencia, que fue dirigida por el primer vicepresidente de la CIDH, Carlos Bernal, junto a los comisionados José Luis Caballero y Andrea Pochak, comenzó con la intervención del representante de la AMFU, Willian Rosa, quien señaló que existe “una estrategia deliberada para debilitar la institución”.
El fiscal Ricardo Perciballe se refirió a los ataques a la independencia técnica de los fiscales y señaló que desde la vigencia del nuevo código los fiscales sufren ataques discursivos directos “en su mayoría mediáticos por parte de miembros del poder político”.
“Entendemos que el tenor de las expresiones, en tanto prácticas reiteradas, exceden la crítica institucional y democrática de otros poderes del Estado para constituir una verdadera injerencia indebida”, señaló.
“Cada vez que un equipo fiscal toma intervención en una causa penal referida principalmente a delitos de corrupción, lesa humanidad o violencia sexual basada en género y concita el interés público, se despliega esta estrategia de embates”, apuntó.
Los fiscales mostraron un video en el que se recopilan fragmentos de expresiones cuestionando a la Fiscalía, entre ellas del presidente Luis Lacalle Pou, del exministro de Defensa Javier García, de los legisladores Sergio Botana, Tabaré Viera, Guido Manini Ríos, Graciela Bianchi, Jorge Gandini, Eduardo Lust, Raúl Lozano, Sebastián da Silva, del expresidente del directorio del Partido Nacional Pablo Iturralde, del edil del Frente Amplio Pedro Leyzagoyen, del exministro del Interior Eduardo Bonomi y del exfiscal de Corte Jorge Díaz, durante su desempeño como abogado particular del candidato a la presidencia del FA Yamandú Orsi.
Perciballe dijo que el video “resume años de ataques” a la Fiscalía y señaló que “existe una campaña de hostigamiento y acoso que incide directamente en la confianza que la ciudadanía debe tener en las instituciones de Justicia en general y en la Fiscalía en particular” y señaló que ese discurso también se ha expresado en iniciativas legislativas que afectan a la Fiscalía, mencionando el proyecto de Cabildo Abierto para tipificar el delito de prevaricato para los fiscales y las modificaciones realizadas en el consejo que define las instrucciones generales, que dio poder de veto al Poder Ejecutivo.
Por su parte, la fiscal Brenda Puppo habló sobre la omisión de la designación de un fiscal de Corte: “Hace casi tres años que la Fiscalía está funcionando con un subrogante [...] hace siete meses que la función de fiscal general es ejercida por una fiscal subrogante de una subrogante [...] lo cual en este contexto agrava aún más la situación institucional” y destacó, sin nombrarla, que la fiscal Mónica Ferrero ejerce como fiscal de Corte, como fiscal de Corte adjunta y como fiscal especializada en estupefacientes.
“La falta de nombramiento de un fiscal general con criterios profesionales ha puesto en evidencia los intereses político-partidarios de los diferentes actores, impidiendo que se logren las mayorías en el Senado para designar a un fiscal general”, añadió y lamentó las propuestas de conducir la Fiscalía con un directorio y “repartir como figuritas” cargos para su integración.
La fiscal de Delitos Sexuales, María Claudia González, habló sobre la falta de recursos para la implementación del sistema acusatorio, a la que le fue otorgada un 5% del presupuesto que reclamó.
En representación del Estado uruguayo, comparecieron Gastón Gianero, por el Ministerio de Educación y Cultura, y el representante permanente de Uruguay ante la OEA, Washington Abdala.
Gianero consideró “inaceptable” el planteo de los fiscales y señaló que es “un cuestionamiento a la fortaleza de la institucionalidad de nuestro país”. Además, hizo un raconto del marco legal por el que se les da autonomía a los fiscales en su actuación.
“Ha sido la ley la que ha consagrado el principio de independencia técnica de los fiscales, ha sido la ley la que ha consagrado el principio de autonomía funcional de la Fiscalía”, expresó.
Por otra parte, mencionó que los mecanismos de designación de los fiscales, que son propuestos por el Ejecutivo y requieren de venias del Senado, con mayorías especiales otorgan garantías.
Gianero dijo que los cuestionamientos que afectan a los fiscales no son distintos “a lo que ocurre a diario en el Uruguay, en donde se critica, se discrepa y se cuestiona lo que dice cualquier persona pública”, y destacó la “plena vigencia de la libertad de expresión” en el país.
“El Estado no va a censurar dichos y opiniones de los habitantes ni de los representantes del cuerpo electoral. Es más, defenderá a ultranza el derecho a la libre expresión”, subrayó.
Además, el representante del Estado dijo que hubo iniciativas legislativas que no prosperaron y otras que fueron vetadas por el presidente Lacalle Pou, y parafraseó al presidente de la AMFU que calificó como “sensato, razonable y destacable” esa decisión.
“Es irracional considerar que los legisladores de los partidos del gobierno así como los de la oposición se hubieran puesto de acuerdo para no ponerse de acuerdo en un nombre y dejar acéfala la Fiscalía General y así debilitar la independencia de los fiscales”, concluyó.
Por su parte el comisionado José Luis Caballero señaló que no existe un modelo institucional para las fiscalías que garantice la independencia y planteó que incluso instituciones que logran la autonomía constitucional, terminan posicionándose en contraposición al gobierno de turno.
En tanto, Pochak dijo que “en el caso de Uruguay es una audiencia importante porque puede funcionar como una alerta temprana para que estos ruidos que existen no sean mayores” y destacó el hecho de que una asociación de fiscales “no actúa solamente para defender derechos corporativos”.
Pochal agregó que “cuantas más responsabilidades asume un funcionario público” existe mayor exposición a la crítica pública y pidió a los demandantes ejemplos concretos sobre consecuencias en las causas que hayan tenido los cuestionamientos.
En respuesta a eso, el fiscal Rosa expuso el caso de Pablo Iturralde, y el chat en el que se jactaba de intentar amedrentar al fiscal de Corte para que el caso Penadés fuera tomado por la fiscal Alicia Ghione, algo que derivó en que la fiscal dijera públicamente que estaba considerando dejar el caso. También mencionó cuestionamientos a la fiscal Sabrina Flores por el caso Astesiano y al fiscal Perciballe por las causas de delitos de lesa humanidad, atribuyendo la intencionalidad de hacerlos renunciar a sus cargos.
Por último, el representante permanente ante la OEA señaló la intención del poder político de designar un fiscal de corte, pero advirtió que los propios equilibrios de poderes, expresados en las mayorías parlamentarias requeridas para su designación, hicieron imposible su nombramiento, más allá de que se realizaron disposiciones legales para el funcionamiento de la Fiscalía.
Además, resaltó el “derecho a la crítica del funcionario público” como “un activo del Uruguay”, donde “todos puedan criticar a todos en todo momento”, y dijo que los parlamentarios “tienen todo el derecho del mundo a hacerlo”, subrayando que no hubo destituciones de fiscales.
Por otra parte, cuestionó a la Fiscalía por “filtraciones en casos connotados” y agregó que es responsabilidad de la Fiscalía, velar por la reserva de la investigación preliminar. Abdala subrayó la dilación en la investigación de algunos casos y puso como ejemplo la investigación de Roco Morabito, que lleva cinco años, y otros que llevan más de dos años, relacionados con la gestión del anterior gobierno.
“No hay un actuar concertado, en un caso opina uno, en otro opina otro, en un caso opina un legislador, en otro caso opina un edil, eso es la democracia”, concluyó.