Una familia que vive en Villa Española denunció que la Policía hizo un allanamiento en su vivienda por error, que ingresaron sin orden judicial y que robaron sus ahorros del dormitorio principal. La denuncia por hurto agravado, a la que accedió la diaria, es contra varios policías de la Seccional 13 de Montevideo que participaron en el allanamiento.
Según se indica, el allanamiento tuvo lugar el 23 de julio en el marco de un megaoperativo realizado por el Ministerio del Interior en Villa Española. Los denunciantes afirmaron que los policías entraron en la tarde, cuando en la vivienda estaba solamente una mujer. Le dijeron que iban a hacer un “reconocimiento”, la tiraron al piso y le apuntaron con un arma.
La denuncia plantea que una policía retuvo a la mujer mientras el resto de los funcionarios del Ministerio del Interior revisaban el dormitorio principal de la vivienda. Tirada en el piso, la mujer les pidió para estar presente mientras revisaban el dormitorio. En este escenario, le entregaron una pequeña caja en la que guardaba aproximadamente 24.000 pesos y, tras terminar de revisar el cuarto, se fueron.
La mujer llamó a su pareja y le pidió que revisara otra caja en la que guardaban ahorros. Fue así que el hombre notó que la caja estaba vacía. Según la denuncia, “lo grave de la situación, además del hurto llevado a cabo, nada más y nada menos que por funcionarios policiales, es que, en todo caso, si entendían que en ese domicilio se realizaba algún tipo de actividad delictiva, habiéndose encontrado dinero en efectivo, correspondía llevarse detenido al ocupante del inmueble de ese momento, ya que el dinero correspondería a frutos del delito”. Pero “nada de eso pasó”, señalan.
Por otra parte, solicitan que se investigue si allanaron su casa por error, ya que los denunciantes “tienen grandes sospechas de que el ingreso por parte de los funcionarios a su hogar se debió a un error en la identificación del inmueble, posiblemente por la incorrecta numeración”.
En el documento aclaran que el domicilio es una “casa de familia”, en la que viven dos adultos que son trabajadores y dos niños que van a la escuela. Aseguran que “ningún tipo de actividad delictiva se desarrolla, por lo que ninguna investigación de inteligencia policial podría haber determinado, ni liminarmente, que existían indicios que habilitara la realización de un allanamiento”.
A casi un mes de presentada la denuncia policial, se presentaron ante la Fiscalía directamente ya que no se les había asignado fiscal a cargo del caso. Tras hacerlo, fue asignado a la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de tercer turno, a cargo del fiscal Gilberto Rodríguez.
Un allanamiento bajo coacción
Rodrigo Rey, uno de los abogados de la familia junto con Marcelo Frioni y Jorge Arias, contó a la diaria detalles sobre el procedimiento, en el que aclaró que “no se exhibió orden de allanamiento”. “En función de las diligencias preliminares que solicitamos, entendemos que hubo un error en la identificación del domicilio, o que directamente se quiso buscar la fórmula del allanamiento voluntario, que es un poco a través de la imposición de las armas entrar en la casa de alguien, que no puede decir que no, porque nadie, frente a la Policía armada, más tratándose de una mujer sola en su casa, puede decir que no”.
“Entonces, ya sea un allanamiento voluntario, como parece que el Ministerio del Interior lo quiere deslizar, o un allanamiento sin orden judicial, que es un delito, en ambos casos el procedimiento es completamente irregular”, indicó Rey.
Sobre la demora en la asignación de un fiscal a cargo del caso, señaló que “hoy nos notificaron que la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de tercer turno lo va a investigar, lo que quiere decir que por asignación de competencia vieron que los hechos denunciados se encuadran en posibles responsabilidades de funcionarios públicos”. “O sea, no es un hecho menor”, subrayó, ya que el caso no fue asignado a una Fiscalía de Flagrancia. Por otra parte, presentaron la denuncia en Asuntos Internos del Ministerio del Interior.
Para Rey, “por supuesto que todo esto convoca a la reflexión sobre el rol de los allanamientos, que son medidas de prueba excepcionales, especiales, que hay que ejecutarlas con rigor metodológico, porque si no, no sólo se puede provocar perjuicio a terceros, sino que también puede tener efectos procesales adversos en esa investigación que la Policía estaba llevando adelante en Villa Española, con razón, y seguramente muchos de esos allanamientos, acorde a legalidad, seguramente tienen orden de allanamiento para otras viviendas”.
Sobre la legalidad del procedimiento, afirmó que “en nuestro caso fue, en el peor de los casos, o en el mejor de los casos para la Policía, un allanamiento voluntario, bajo coacción, que por lo tanto degenera en un procedimiento ilegal, y en el peor de los casos es un allanamiento sin orden judicial, que es un delito”.