“En este momento histórico, en el que asistimos a un retorno del autoritarismo y a una negación de lo ocurrido en aquellos años, es aún más importante que se afirme la responsabilidad penal del acusado”, dijo la abogada argentina Silvia Calderoni.
“El Estado italiano, al que represento en este juicio, decide constituirse como parte civil en procesos en los que se han producido graves violaciones de los derechos humanos”. El abogado Luca Ventrella comenzó su alegato recordando la gravedad de los delitos que se examinan en el juicio contra el exmilitar de la Armada Nacional uruguaya Jorge Tróccoli, “acusado hoy y ya condenado en el juicio Plan Cóndor, cuya sentencia de la Corte de Casación de 2021 constituye un hito porque ha confirmado principios jurídicos en materia de crímenes de guerra y masacres”.
Ventrella habló durante dos horas y reconstruyó el ambiente en el Fusna (Fusileros Navales) de Montevideo, rebatiendo las declaraciones de Tróccoli durante su testimonio y señalándolo como responsable penal de los tres asesinatos que se discuten en este juicio. Mientras que Tróccoli había afirmado que se encontraba luchando en una guerra, Ventrella retrucó que esto es una mistificación; ante la afirmación de Tróccoli de que tenía que obedecer las órdenes en su calidad de militar, Ventrella recordó que no existe ninguna obligación jurídica de ejecutar órdenes criminales y que “quienes se negaron, como Alex Lebel, sin duda sufrieron acosos, represalias y no hicieron la carrera que deseaban, pero no fueron asesinados”.
Ventrella recordó, en cambio, que aunque ahora Tróccoli parece no recordar, en el pasado, y sobre todo en su libro La ira de Leviatán: del método de la furia a la búsqueda de la paz, reivindicó en varias ocasiones la necesidad de la tortura como un auténtico “profesional de la violencia”. El abogado del Estado italiano reconstruyó a continuación los tres casos que se examinan en este proceso y describió las acciones completamente ilegales y antidemocráticas aplicadas a las personas secuestradas y “la banalidad del mal”. “Ante este panorama acusatorio, no se puede dejar de tener el coraje jurídico de tomar decisiones incluso severas”, dijo Ventrella, y pidió a la jueza Antonella Capri y al jurado popular que reconozcan la responsabilidad penal del acusado, sumándose a la petición de cadena perpetua presentada en la pasada audiencia por el fiscal.
El jueves en Roma se celebró uno de los últimos momentos del juicio contra Jorge Tróccoli, exoficial de la Armada Nacional, que huyó de Uruguay para evitar ser juzgado y ya fue condenado a cadena perpetua por crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor, después de tres grados de juicio. En el presente proceso, el exmarino, detenido desde julio de 2021 en la cárcel de Carinola, en la provincia de Caserta, se enfrenta a cargos por la muerte y desaparición de la pareja italoargentina formada por Rafaela Filipazzi y José Agustín Potenza, y por la desaparición de la maestra uruguaya Elena Quinteros, militante del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP).
Filipazzi y Potenza fueron secuestrados en Montevideo el 27 de mayo de 1977 en el hotel Hermitage. Tras su captura, fueron entregados a la unidad S2 del Fusna, dirigida por Tróccoli. La pareja fue entregada posteriormente a agentes de la represión del dictador paraguayo Alfredo Stroessner en el marco del Plan Cóndor y trasladada en avión a Asunción, donde fue asesinada. Sus restos fueron encontrados en marzo de 2013 en la capital paraguaya e identificados tres años después. Elena Quinteros fue secuestrada en Montevideo, el 24 de junio de 1976, y llevada a un centro de detención clandestino. La mujer logró escapar, pero fue detenida en un violento operativo mientras intentaba pedir asilo político en la Embajada de Venezuela. Desde ese momento permanece desaparecida.
El abogado Arturo Salerni intervino en representación de Silvia Potenza, hija de José Agustín Potenza, y también asistió en nombre del abogado Mario Angelelli, que defendía a Eduardo Potenza, Xoana Potenza, la Confederación General Italiana del Trabajo y la ONG argentina Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Su alegato se centró en destacar la importancia del daño sufrido por los familiares de las víctimas y la forma en que ese daño, relacionado con la desaparición de los cuerpos, la incertidumbre sobre el destino de sus seres queridos y la imposibilidad de elaborar el duelo, se configura como una “tortura permanente”.
“¿Qué significan estas décadas de incertidumbre y dolor en la vida de las personas? Los familiares no conocen los últimos momentos de vida de Potenza. ¿Cómo pudo su ser querido vivir la confusión y la angustia de saber que ya no había esperanza, que no había posibilidad de salida? Este es el dolor perpetuo que, como parte civil, llevamos a este proceso”, dijo Salerni, quien luego subrayó que Tróccoli ya ha sido condenado por 26 asesinatos y que no hay duda sobre su “papel decisivo, determinante, impulsor y ejecutor de la articulación del Plan Cóndor”.
“Son hombres como nosotros, pero se han manchado de crímenes de enorme gravedad”
La abogada Silvia Calderoni, que representa a la República Argentina, recordó el trágico papel que desempeñó el Estado de ese país en la represión de la disidencia y, al mismo tiempo, destacó los avances logrados en el ámbito de los derechos humanos, subrayando la creación de diversos organismos que impulsaron la búsqueda de la verdad, implementando también herramientas tecnológicas que permitieron identificar los restos y reconstruir las historias de vida.
“En este momento histórico, en el que asistimos a un retorno del autoritarismo y a una negación de lo ocurrido en aquellos años, es aún más importante que se afirme la responsabilidad penal del acusado”, concluyó.
Andrea Speranzoni, abogado de la parte civil de la hija de Rafaela Filipazzi y del Frente Amplio (FA), comenzó su largo alegato recordando los fundamentos de la jurisprudencia y los principios internacionales en materia de crímenes contra la humanidad. Citando el juicio de Núremberg, recordó que las naciones han declarado ilegales y contrarios a la moral los crímenes contra la humanidad, como los asesinatos voluntarios, los exterminios, las deportaciones y las persecuciones políticas.
“En América Latina –dijo– estos principios se integraron en la cultura jurídica en 1945 con la conferencia de Chapultepec, y también fueron incorporados por Uruguay”, que, por lo tanto, durante la dictadura abjuró de todas las normas compartidas por los estados.
El abogado se detuvo en el conjunto creado por las dictaduras, desde la creación de la figura del desaparecido hasta la de los centros de detención clandestinos: “La creación de heterotopías en las que las personas se convierten en cosas y todo es posible. El estado de excepción, la legalidad se suspende, allí se alcanza el nivel más bajo de protección del ser humano. Quienes crearon y actuaron en esos lugares son hombres como nosotros, pero se han manchado de crímenes de enorme gravedad”.
El abogado destacó que en el juicio en curso Tróccoli, por primera vez en cuatro años y medio desde que fue condenado a cadena perpetua, decidió someterse al examen, y que lo que dijo durante el interrogatorio es importante para determinar su posición en el juicio: “Son grotescas las afirmaciones de Tróccoli sobre Rafaela Filipazzi, que, según él, escribe poesía en el Fusna; es inverosímil que Potenza y Filipazzi fueran secuestrados porque el dictador Stroessner quería información sobre una de sus amantes; es paradójico afirmar que Rosa Barreix padeciera el síndrome de Estocolmo. ¡Estas afirmaciones no pueden tomarse como ciertas! Nos encontramos ante un acusado que ha mentido y ante un cuadro probatorio sólido, respaldado también por sentencias anteriores”.
En su largo análisis del papel del testigo clave en este proceso, Alex Lebel, Speranzoni citó numerosos documentos para consolidar la veracidad de sus declaraciones y sacó a la luz las represalias y los atentados que el militar ha sufrido a lo largo de su vida: “Esta es la situación del testigo”, dijo Speranzoni, “por lo que les pido que valoren el hecho de que Lebel se haya presentado ante un tribunal italiano con cierto temor”. La intervención concluyó con un momento emotivo: el abogado, recordando la figura del juez español Baltasar Garzón, destacó que la detención del dictador chileno Augusto Pinochet en Londres dio lugar a una serie de juicios en busca de justicia en todo el mundo por crímenes contra la humanidad. Garzón, parafraseando a Albert Camus, sostuvo que “el único medio para luchar contra la peste de la impunidad, la corrupción y el terrorismo es la honestidad”, recordó Speranzoni, y concluyó: “Por eso pedimos al tribunal que considere a Tróccoli responsable de los homicidios y los crímenes que se le imputan”.
Elena Quinteros: “Una mujer cuyo compromiso han destacado todos los testigos y de la que todos han hecho un retrato afectuoso”
La abogada Alicia Mejía, que defiende a la parte civil Graciela Almeida Duchini, sobrina de Elena Quinteros, recordó las declaraciones que hizo durante el proceso la investigadora Francesca Lessa para subrayar el carácter despiadado y universalista de la actuación de las dictaduras, que no sólo combatían a los grupos armados, sino a toda la sociedad civil que se oponía y disentía. Dentro de este mecanismo, Tróccoli era un complaciente ejecutor: “Este tribunal no sólo debe dar respuestas por tres asesinatos, sino que tiene una tarea más importante: determinar la violación de los derechos humanos por parte del señor Tróccoli”.
Mejía, adhiriéndose a las afirmaciones y análisis de los colegas que la habían precedido, quiso subrayar la responsabilidad de Tróccoli también en relación con la gestión del órgano del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas, “instrumento de extorsión y reelaboración de información”. “Los datos sistematizados tenían un fin específico, y Tróccoli era consciente de este fin, el de los secuestros y la desaparición de personas vinculadas a la oposición política”, afirmó.
Mejía también quiso recordar la figura de Elena Quinteros: “Responsable de propaganda del PVP, una figura destacada que, en la mente de los represores, debía ser eliminada. Una persona afable, sensible a los problemas sociales, comprometida con el sindicato y el partido. Una mujer cuyo compromiso han destacado todos los testigos y de la que todos han hecho un retrato afectuoso”.
Con la audiencia de este jueves, el proceso se acerca a su fin. El próximo 11 de julio se celebrará la audiencia en la que hablará la defensa de Tróccoli. El fallo debería conocerse el 21 de octubre.