La investigadora italiana, profesora en la University College of London, estuvo en Montevideo para el cierre de la muestra A 50 años del Plan Cóndor en el Museo de la Memoria (MUME). En entrevista con la diaria repasó detalles de la exposición y dio a conocer futuros proyectos con el museo. También habló sobre el acceso a los archivos de las Fuerzas Armadas y sobre el derecho de las víctimas, pero también de las sociedades, a saber la verdad y explicó por qué considera que la mayoría de las víctimas de la coordinación represiva regional fueron uruguayos. El libro Plan Cóndor. Viejos secretos y nuevos hallazgos, en coautoría con Sebastián Santana, fue editado en Chile y Argentina, y ahora también tiene una edición en inglés revisada y actualizada.
¿Cuáles fueron los objetivos de la muestra A 50 años del Plan Cóndor?
La muestra se hace en el marco de una colaboración entre plancondor.org y el MUME, que empezó en marzo de este año. En el lugar donde yo trabajo ahora, el University College of London, tienen distintos fondos de investigación y eligieron plancondor.org como un proyecto académico de alto impacto en la realidad. Esto nos permite postularnos a algunos fondos que ellos ofrecen para profundizar la colaboración entre la academia y la sociedad civil, instituciones, ministerios, etcétera. El año pasado hicimos una colaboración con la cancillería y digitalizamos 70 documentos del archivo por los 50 años del Plan Cóndor; este año nos planteamos colaborar con el MUME, porque sabemos que tiene un archivo bastante grande, pero no tenía documentos digitalizados.
Encaramos esa colaboración con el objetivo específico de empezar a digitalizar una pequeña parte de un acervo mucho mayor que tiene el museo. En ese momento, Rodrigo Barbano y Mariana Risso –antes de que asumiera su cargo actual [de coordinadora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente]– lideraron la colaboración con el museo y junto con la directora del MUME, Begoña Ojeda, y las archivólogas del museo identificaron una colección, llamada Rubén Cotelo, que reúne distintos materiales sobre la resistencia civil a la dictadura. Como es una colección importante dentro del acervo, podía ser un buen punto de partida para empezar a digitalizar los documentos del MUME. Rodrigo, Mariana y la compañera del museo identificaron 88 documentos de esa colección –que es más grande– y los digitalizaron para subirlos a plancondor.org.
En el marco de esa colaboración y en ocasión de los 50 años del Plan Cóndor, Ojeda propuso extender la conmemoración del aniversario y armar una muestra, partiendo de los materiales que estaban en la página web y siguiendo la línea de tiempo, en la que se marcan ciertos hitos históricos y políticos que van trazando cómo se llega a la creación del Plan Cóndor en casos emblemáticos y continúan con la transición a la democracia y los desafíos de la búsqueda de verdad y justicia. También había cinco infografías que relataban las distintas fases de la coordinación represiva y estaban los tres audiovisuales que se proyectaban de manera continua en una pantalla, y la escultura Orletti, de Octavio Podestá.
La muestra tenía el objetivo de seguir debatiendo y dialogando sobre ese aniversario tan importante de los 50 años del Plan Cóndor. Y el día del cierre la universidad nos confirmó que nos va a financiar una segunda etapa de la digitalización para cerrar el resto de la colección Rubén Cotelo. Esa es una perspectiva de trabajo que tienen para América Latina, la de abordar la digitalización de archivos que hay por todos lados.
Uno de nuestros objetivos es promover la digitalización, obviamente a escala pequeña, de lo que se puede hacer con los recursos de que disponemos. La segunda etapa de esa colaboración va a empezar el año que viene y va a incluir en talleres de digitalización, porque la idea es que a largo plazo el MUME pueda seguir digitalizando con o sin nosotros. Esa formación la va a impartir Rodrigo.
Siguen pendientes el acceso y la digitalización de archivos voluminosos con información del pasado reciente que han sido hallados en distintas circunstancias.
Es un problema compartido por muchos de los países que integraron el Plan Cóndor: el acceso a los archivos ha sido una de las barreras constantes no solo para investigadores como nosotros o para militantes, también para los propios familiares de las víctimas, y hay otro eje que es el interés de la sociedad en tener acceso, porque el terrorismo de Estado no solo tuvo víctimas directas, también las sociedades lo padecieron. El derecho a la verdad siempre tiene dos elementos: el particular de las víctimas y el colectivo de la sociedad que ha padecido ese fenómeno represivo. La sociedad tiene el derecho de saber qué sucedió, por qué sucedió, cuáles fueron las dinámicas que llevaron a que pudiera suceder. Entonces, todos los estados de la región siguen teniendo esta deuda pendiente. Porque quizás en algún país se ha podido acceder a algunos archivos más, a otros menos, pero, en general, el acceso a los archivos sigue siendo uno de los desafíos principales, y en particular en Uruguay se han hallado varios, pero no son archivos de consulta o acceso libre. Parte del Archivo Berrutti está disponible en internet, pero no como resultado de una iniciativa del Estado por brindar acceso abierto de manera sistemática a la información.
Actualmente con el uso de la inteligencia artificial la digitalización debe ser, además de más rápida, más barata.
Obviamente, hay herramientas de distintos precios, pero como siempre dice Rodrigo, que es el experto en ese tema, no se necesitan millones de dólares: hay escáneres que salen 100, 200 dólares que te permiten desarrollar un pequeño proyecto de digitalización, no es necesario un presupuesto exorbitante. Lo que hacemos nosotros lo hacemos con fondos de la universidad, y las universidades no son millonarias, así que te podrás imaginar los montos que estamos manejando.
En Uruguay la Justicia solicita documentos y las Fuerzas Armadas responden que no los encuentran, pero sabemos que es una tradición castrense la precisión con los registros y la acumulación de información detallada.
Sí, sin duda. En el caso de Chile, hubo varios documentos que no solo se fueron ocultando, sino que se destruyeron. Los documentos existían, pero se fueron eliminando para no dejar rastro. Lo mismo pasó en Argentina. En los meses previos a la transición hubo una orden de destruir parte de la documentación. No se llegó a destruir todo, pero parte de la documentación se perdió. Las fuerzas armadas son muy burocráticas y tienen registro de todo, por eso hubo distintos intentos de eliminar los documentos. En el caso del Archivo del Terror de Paraguay, esos documentos también estaban destinados a ser destruidos, pero el militante Martín Almada y el juez Agustín Fernández tuvieron información que los alertó de la presencia de documentos en un predio de la Policía en la periferia de Asunción, y fueron a resguardarlos.
Avión Hawker Siddeley HS-125, el 5 de noviembre, en Melilla.
Foto: Alessandro Maradei
En el libro hacés mención al asesoramiento que recibieron las fuerzas armadas de la región desde potencias extranjeras, pero un dato poco conocido es la intervención de Francia.
En el caso de Francia, eso quedó bastante claro en el contexto del juicio Plan Cóndor en Buenos Aires. Una de los testigos fue la investigadora y periodista francesa Marie-Monique Robin, que escribió un libro y también hizo un documental que se llama El Escuadrón de la Muerte. Ella entrevista a varios de los generales, tanto argentinos como franceses, y pudo descubrir que a partir de 1957 empezaron a llegar a Argentina asesores militares franceses que querían compartir su conocimiento, su experiencia, que habían adquirido en las guerras de Argelia y de Vietnam [Indochina]. Y luego, de los años 60 en adelante se creó una oficina permanente de asesores franceses en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Argentina. Estuvieron unos 20 años, todos los años de la dictadura. En el caso de Argentina se nota, porque se pueden ver claramente las influencias de lo que se llama la Escuela Francesa de Contrainsurgencia. Argentina se dividió en cinco zonas, y cada una estaba subdividida en subáreas. Ese sistema de control territorial tan particular viene de la escuela francesa. Pero lo que es interesante, en el caso de Uruguay –leí varios testimonios e informes de Amnistía Internacional, de 1974, que relataban una visita que habían hecho al Estadio Nacional en Santiago de Chile–, es que a fines de 1973, después del golpe [de Augusto Pinochet], había una sección de extranjería, donde estaban detenidos más de 300 extranjeros –uruguayos, bolivianos, argentinos–. En ese estadio también había militares brasileños, uruguayos y argentinos que habían viajado a Chile no solo para interrogar a los ciudadanos de sus países, en el caso particular de los uruguayos también para entrenar a los militares chilenos en técnicas de tortura. Entonces también había como un intercambio, una formación que hacían entre las fuerzas armadas de los distintos países. Había varios intercambios, con países como Estados Unidos y Francia, pero también entre los países de la región.
El avión, el avión
En esta visita a Uruguay, Lessa fue hasta el aeródromo de Melilla para constatar el estado del avión Hawker Siddeley HS-125, con matrícula 5-T-30/0653, que fue utilizado para el traslado clandestino de los detenidos desaparecidos Nelson Santana y Gustavo Inzaurralde, militantes del PVP, quienes fueron llevados desde Asunción a Buenos Aires el 16 de mayo de 1977. Sobre la aeronave, que fue utilizada por el almirante Emilio Massera, pesa un pedido de repatriación de la Justicia argentina que fue concedido por la uruguaya. El problema es que no habría recursos para el traslado y, mientras se espera que aparezcan los medios, el avión se está deteriorando como pieza para ser periciada y como elemento histórico a ser conservado para la memoria.
Sabemos la fecha de inicio del Plan Cóndor, pero ¿cuándo terminó, si es que terminó?
Tenemos el documento del acta de la reunión de Santiago de Chile del 28 de noviembre de 1975, pero hay indicios que nos permiten afirmar que después de 1981 ya el Plan Cóndor, o la coordinación represiva, no estaba funcionando como en los años anteriores. Los últimos casos que nosotros tenemos registrados en la base de datos son de febrero de 1981, los de dos militantes del MIR [Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile] que estaban participando en la llamada Operación Retorno y los secuestran en la zona fronteriza entre Chile y Argentina y desaparecieron en ese momento. Esos son los últimos dos casos registrados. Por supuesto que hay distintas opiniones: por ejemplo, algunos periodistas e investigadores hablan del caso [del secuestro y asesinato del biólogo chileno, exintegrante de la Dirección de Inteligencia Nacional Eugenio] Berríos, cuyos restos fueron hallados en 1995 en El Pinar. Algunos han llegado a considerarlo como un posible caso de la coordinación represiva. Yo no lo creo. El hecho de que las policías y las fuerzas armadas se comunicaran e intercambiaran información siempre existió de distintas formas. El Plan Cóndor es un acuerdo puntual con un objetivo muy específico: poder silenciar a los militantes en el exilio que se habían movido a lo largo y ancho de la región y que desde el exilio seguían militando y denunciando lo que estaba sucediendo en sus países de origen. No tenemos que olvidar que las fuerzas armadas de los países habían sido tradicionalmente enemigas, no eran fuerzas armadas que colaboraban todo el tiempo. Fue un momento bastante único en el que se vio que ese objetivo de los militares de llevar adelante la lucha contra la subversión tomó una prioridad mayor que la de los conflictos territoriales entre Argentina y Chile, por ejemplo, por el canal de Beagle.
¿Cuál sería la explicación de que la mayoría de las víctimas del Plan Cóndor fueron uruguayas?
Lo que estuvimos analizando con una colega argentina que es socióloga, Lorena Balardini, en un artículo que salió hace poco, es que creemos que la modalidad de la represión en Uruguay es lo que determina eso. En Uruguay la represión empieza cuando todavía el país está en democracia, en 1968, y en ese momento, especialmente en 1970, 1971, 1972, muchas de las personas que eran detenidas bajo las medidas prontas de seguridad pudieron elegir salir del país. Muchos fueron a Chile, otros a Argentina, por supuesto. La principal diferencia con los otros países es que en Uruguay la represión no optó de entrada por la eliminación de los opositores políticos. Lo que siempre ha definido a la dictadura uruguaya fue más la tortura y la prisión prolongada que la muerte o la desaparición. En contraste, la “caravana de la muerte” en Chile empieza a los pocos días del golpe de Estado, entonces los militantes no tuvieron la oportunidad de instalarse en otro país.
Y también creo que lo que sucede con Uruguay es que de ese grupo de militantes que sale, que va primero a Chile y luego a Argentina, algunos se suman a grupos locales, pero muchos siguen militando mirando hacia Uruguay, denunciando lo que pasaba aquí. El caso, por ejemplo, del PVP [Partido por la Victoria del Pueblo] es único, que se forme un partido en otro país con el objetivo de promover el retorno de la democracia en Uruguay y la denuncia de los crímenes de la dictadura. Entonces, ¿qué sucede? Estos militantes se convierten en una amenaza para la dictadura porque siguen militando, siguen denunciando. Está [Zelmar] Michelini, que va a Roma, al Tribunal Russell, a denunciar la tortura y todo lo que sucede. Y ese es un caso muy conocido, pero no es el único. Había mucho esfuerzo de denuncia. Entonces, ¿qué puede hacer la dictadura uruguaya? Obviamente había represión en Uruguay, pero necesitaba tener acceso a Argentina para silenciar a ese grupo, que realmente fue exitoso.
