“No al amparo a estafadores”, decía el cartel que sostenía un hombre durante la movilización de los damnificados por Conexión Gandera frente al Palacio de los Tribunales este miércoles.
Matías Corts, vocero de los damnificados, dijo a la diaria que tienen las mejores consideraciones técnicas respecto al trabajo del fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, pero consideran que ya “pasó el tiempo suficiente como para poder ampliar las imputaciones”.
En concreto, Corts sostuvo que eso dependerá de la “información que se ha solicitado al Ministerio de Ganadería con respecto al oficio liberado para poder determinar la cuantía de los delitos económicos que pudieron cometer los tomadores de ganado, equiparando el monto que realmente existe y el que debería existir por los contratos. Eso va a permitir un avance importante con respecto a las imputaciones”, señaló. Asimismo, esa información también puede aportar a la imputación por lavado de activos de Daniela Cabral, socia de Conexión Ganadera y viuda de Gustavo Basso.
Corts señaló que Cabral, que fue imputada por un delito de estafa, tuvo participación como tomadora de ganado, ya que su firma figura en contratos, haciéndose cargo de inversiones. “Entonces, nos encontramos en una situación donde [Pablo] Carrasco y [Ana] Iewdiukow se encuentran en prisión preventiva, donde el primer tomador de ganado, que es Maximiliano Rodríguez, se le ha tomado la medida cautelar de prisión preventiva, y Daniela Cabral, que presumiblemente ha cometido los mismos delitos, sigue aún cumpliendo arresto domiciliario, arresto que le va a permitir adelantar el cumplimiento de pena efectiva”, señaló, y agregó: “El cuestionamiento normal que cualquier persona realiza es cómo, a los ojos del Poder Judicial, un día de arresto domiciliario en el edificio Imperial [en Punta del Este] equivale a un día de pena en el módulo 5”.
El vocero de los damnificados de Conexión Ganadera explicó que ahora los inversores están analizando la conveniencia o no de firmar el acuerdo propuesto por un grupo de abogados que permitiría repartir los 35 millones de dólares, provenientes de las ventas realizadas por el síndico Alfredo Ciavatone, en el marco del juicio concursal. “Eso va a depender de una aprobación del 85% de los damnificados, y, por otro lado, lo que se sume de todas estas confiscaciones de los próximos imputados en materia penal, que puede complementar el activo a nivel concursal”, señaló.
Sobre la posibilidad de que los damnificados acepten el acuerdo, Corts dijo que va a depender de las realidades de cada damnificado. “Es lo que cada uno prefiere con respecto a si se quiere hacer más pronto el recupero de ese 5% [de su crédito] o dilatarlo, con la expectativa de poder recuperar un porcentaje más. Se prevé un plazo de tres años en el caso de no firmarse el acuerdo, y esa es una de las cuestiones que cada uno tendrá en consideración”, señaló.