Los abogados Leonardo Costa, Graciana Abelenda y Santiago Alonso denunciaron por lavado de activos al vicario de la diócesis de Florida, el sacerdote colombiano César de Jesús Buitrago, una escribana y un contador que trabajaban para la familia Basso, según informaron a la diaria fuentes allegadas al caso.
En cuanto al sacerdote, que se presentó como damnificado en la verificación de créditos de Conexión Ganadera y admitió públicamente su condición de ahorrista, la denuncia da cuenta de una operación inmobiliaria por 260.000 dólares a la que no había hecho referencia alguna.
En concreto, la denuncia señala que en junio de 2020 el presbítero compró cuatro padrones en la localidad de Paso de la Azotea, en las afueras de Minas, que eran parte de un proyecto de inversión promovido por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Los denunciantes marcan que el monto de esa operación fue pagado a la empresa Lerosur SA, perteneciente a Gustavo Basso, con un cheque de Conexión Ganadera, en una operación en la que participó uno de los profesionales denunciados.
Buitrago figura como damnificado por dos contratos de inversión de Conexión Ganadera por 127.000 dólares. “Declaró públicamente (ante distintos medios de comunicación locales) que confió todos sus ahorros al Sr. Basso por tratarse de un miembro del consejo parroquial de su comunidad, sin aludir al mencionado negocio previo por 260.000 dólares”, señalan los denunciantes. Además, califican de llamativa la renovación de los contratos de inversión en Conexión Ganadera por 108.000 dólares, un mes después de la muerte de Basso.
En cuanto a la escribana y el contador denunciados, los abogados plantean que ella participó en siete negocios entre 2013 y 2020, dos hipotecas por presuntos préstamos de Basso a Frigorífico Casablanca por 2.980.000 dólares entre octubre de 2021 y diciembre de 2024, cinco compraventas por 5.960.273 de dólares, “escriturando todos los inmuebles bajo titularidad de terceras personas, tanto físicas como jurídicas, a pesar de que los fondos se habrían generado por la presunta actividad” de Gustavo Basso y las empresas vinculadas.
En el escrito marcan que en esos documentos no hay documentación sobre la actividad de los compradores, y mencionan casos en los que los titulares de la compra son Agustina Basso, Candelaria Basso y Jorge Cunietti. Además, señalan que la escribana avaló documentación de ingresos de Basso que están muy por debajo de los necesarios para cerrar todas esas operaciones, ni para “sostener un nivel de vida como el que [Basso y su familia] ostentaban”.
Además, señalaron que fueron presentadas para justificar el origen de los fondos boletas de venta de ganado de Conexión Ganadera que no tienen ninguna relación con los titulares de la compra, y mencionan el caso de una pareja que compró ganado por 253.000 dólares para adquirir 316 vacas y solo le registraron 45. La boleta de venta de 116 vacas fue utilizada para justificar una de las operaciones. Los denunciantes advierten que ese caso expone que “con el dinero de las víctimas no se compraba ganado, sino que se destinaba a la adquisición de bienes inmuebles y al mantenimiento de una vida suntuosa, de las cuales fueron beneficiarios tanto la familia Basso como sus allegados”.
Además, señalan que la operación de compraventa del sacerdote colombiano no fue reportada por la escribana como operación sospechosa, “sino que habría actuado como asesora y materializado las cuatro compraventas que implicaron la salida de estos apartamentos del patrimonio de Lerosur” hacia el vicario y que fue pagado con fondos de Conexión Ganadera, “originados en la estafa más grande de la historia”.
En cuanto al contador denunciado, los abogados señalan que participó en la confección del certificado de actividades e ingresos “que no condicen con la realidad fáctica de las empresas a las cuales asesoraba como contador”.
