Por ahora, no surgieron elementos que justifiquen modificar el dictamen favorable al indulto concedido a Nicole Minetti. Así lo señalaron el jueves fuentes judiciales italianas tras los primeros controles ordenados después de la tormenta política y mediática que involucró al gobierno, al Parlamento y al propio Quirinale.
Las primeras verificaciones realizadas a través de Interpol no detectaron investigaciones abiertas en Uruguay o España contra Minetti o su pareja, Giuseppe Cipriani. Sin embargo, la procuradora general Francesca Nanni y el adjunto Gaetano Brusa continúan con verificaciones adicionales y advirtieron que, si aparecieran nuevos elementos, el dictamen podría revisarse.
Mientras la investigación avanza, el gobierno de Giorgia Meloni cerró filas alrededor del ministro de Justicia, Carlo Nordio. Meloni descarta cualquier hipótesis de dimisión y reacciona con visible irritación ante las preguntas de la prensa. La línea del Ejecutivo es clara: si hubo errores, la responsabilidad no corresponde al ministerio, sino a la magistratura.
Detrás de esa defensa aparece un conflicto político más profundo. Las relaciones entre el gobierno de Meloni y sectores de la magistratura siempre han estado atravesadas por una fuerte tensión. El Ejecutivo acusa a parte de los jueces de obstaculizar la acción política y de actuar con criterios ideológicos, especialmente en temas sensibles como la inmigración y las investigaciones sobre dirigentes oficialistas. La fallida reforma judicial y el referéndum de marzo, que el gobierno perdió, profundizaron todavía más la polarización entre el poder político y sectores de la magistratura.
En ese contexto, el caso Minetti terminó funcionando como un nuevo capítulo de esa disputa: el gobierno protege a Nordio, pero al mismo tiempo aprovecha el caso para desplazar la responsabilidad hacia los magistrados y reforzar su discurso contra una parte del Poder Judicial.
La oposición, en cambio, atravesó dos fases distintas. El Movimento 5 Stelle y Alleanza Verdi e Sinistra exigieron, en un primer momento, explicaciones inmediatas y llegaron a pedir la dimisión de Nordio, denunciando un trato privilegiado hacia Minetti, una figura ligada al viejo poder berlusconiano. Con el correr de los días, no obstante, prevaleció una línea más cauta. El motivo es judicial e institucional al mismo tiempo: el dictamen favorable al indulto fue elaborado a partir de informes de la magistratura y del Ministerio de Justicia. La decisión final la toma y firma el presidente de la República, Sergio Mattarella. Atacar frontalmente el procedimiento implica entonces cuestionar también a la magistratura y al Quirinale, y eso generó preocupación en sectores de la oposición, especialmente en el Partido Democrático (PD). En el entorno de Elly Schlein, secretaria política del PD, creció la idea de que una ofensiva demasiado agresiva podría debilitar la figura de Mattarella y por eso el PD bajó el tono. Su jefe de bloque en el Senado, Francesco Boccia, pidió “claridad y transparencia”, pero evitó atribuir responsabilidades sin pruebas y reafirmó la confianza en Mattarella como garante del equilibrio constitucional.