La nueva acusación contra Sebastián Marset, presentada por la fiscalía a fines de junio, amplía la acusación que se había presentado en marzo de 2024 por el delito de conspiración para lavar dinero –en el sistema bancario americano– y agrega los delitos de conspiración para poseer cocaína con intención de distribuirla a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de Estados Unidos, lavado de activos y conspiración narcoterrorista. A su vez, extiende la posible condena a una pena máxima de cadena perpetua y una mínima de diez años, cuando en la anterior acusación la máxima era de 20 años.
El documento, presentado por el fiscal federal adjunto Anthony T Aminoff, jefe de unidad en la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Este de Virginia, señala que Marset entre 2018 y 2026 conspiró para distribuir cocaína –proveniente de Perú, Bolivia y Colombia– en Europa occidental, canalizada desde los puertos de Uruguay, Brasil y Paraguay e ingresando a Europa a través de España, Portugal, Países Bajos y Bélgica.
El delito de narcoterrorismo en la legislación estadounidense, incorporado por la Ley de Reautorización del Patriota (2006), tiene como requisito que quien lo cometa sepa que con sus actividades de narcotráfico está generando recursos económicos para una organización terrorista extranjera, como el Primer Comando da Capital (PCC) o el Comando Vermelho, o para individuos que hayan cometido actos de terrorismo. La ley tiene extraterritorialidad, por lo que Estados Unidos se arroga el derecho de juzgar a ciudadanos extranjeros por delitos cometidos fuera del territorio si afectan el comercio exterior y la seguridad de Estados Unidos.
Sobre ese punto, la acusación –que no menciona al PCC– señala que la actividad de narcotráfico de Marset contribuía “directa o indirectamente” a beneficiar económicamente a organizaciones con actividades terroristas, y señala expresamente el Primer Cártel Uruguayo (PCU) y su participación en el atentado perpetrado contra la Brigada Antidrogas de Montevideo y la amenaza contra la fiscal Mónica Ferrero, ocurrido en mayo de 2020. En Uruguay, el fiscal Diego Pérez, que lleva el caso, accedió a las conversaciones interceptadas por Europol en las que estarían los registros de la organización de esos ataques.
En diálogo con la diaria, el experto legal en narcotráfico y lavado de activos Rob Heroy dijo que es “muy excepcional” que se incluya el delito de narcoterrorismo en una causa de narcotráfico y señaló que es “muy difícil de probar”, dado que –en el caso del atentado a la Brigada Antidrogas– la fiscalía debería presentar pruebas en juicio de que con eso se vio afectado el comercio o la seguridad nacional de Estados Unidos.
Otro punto señalado por Heroy es que la defensa de Marset podría avanzar sobre la legalidad de la detención y la legitimidad de la ampliación de la acusación, dado que en un proceso de extradición legal, una persona es requerida por un Estado para ser juzgada por un delito específico y, una vez en el territorio del Estado requirente, no puede ser juzgada por otro delito.
El experto estimó que la estrategia de la fiscalía –con la nueva acusación y el aumento sustancial de la pena hipotética– es ejercer presión sobre Marset para alcanzar un acuerdo de cooperación, dado que en el escenario anterior el narcotraficante uruguayo podría alcanzar la libertad en unos 16 años, mientras que ahora enfrenta en el juicio –que comenzará el 11 de enero de 2027– la posibilidad de cadena perpetua.
Consultado sobre la incidencia en la causa de la política del gobierno de Trump, que en lo que va del año incluyó a siete grupos en la lista de organizaciones terroristas, cinco de las cuales son grupos de narcotráfico de América Latina, Heroy dijo que por la dimensión de la causa es habitual que los fiscales federales del distrito de Virginia reciban instrucciones desde la Oficina Ejecutiva para Fiscales Federales del Departamento de Justicia, con sede en Washington. Los fiscales federales son designados por el presidente con venia del Senado.
El efecto político de la bolsa narcoterrorista
El sociólogo Gabriel Tenenbaum fue consultado por la diaria sobre la incidencia del avance de la lista de organizaciones terroristas extranjeras –a la que fueron incorporadas dos organizaciones mexicanas a mediados de julio– y el diálogo con el movimiento generado por la convocatoria del Departamento de Estado para debatir sobre organizaciones políticas terroristas de extrema izquierda.
Tenenbaum calificó la reunión convocada por Marco Rubio como “un pastiche de cosas que ya se conocen”. “Esto de incluir a grupos, movimiento o partidos políticos de extrema izquierda (según la definición de Estados Unidos) dentro del narcoterrorismo ya lo hicieron [los expresidentes Richard] Nixon y [Ronald] Reagan”, señaló, y recordó que en el discurso de junio de 1971 ante el Congreso de Estados Unidos, Nixon solicitó dinero para financiar campañas contra los movimientos de liberación nacional y las guerrillas de izquierda, a las que relacionó con el narcotráfico, “algo que no estaba tan claro en esa época, como ocurrió después con las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia] y Sendero Luminoso, pero ya totalmente desdibujados de sus orígenes”.
Además, agregó que ese movimiento “le permitió montar una industria del control gigantesca” para enfrentarse a los movimientos guerrilleros, y recordó que la CIA pactó con las organizaciones criminales colombianas de Medellín para que parte de la renta que deja la venta de drogas ilegalizadas se destinara a financiar a la contrarrevolución. “Una gran hipocresía”, comentó.
En cuanto a la inclusión del cártel de Juárez y los Viagras a la lista de organizaciones terroristas extranjeras, Tenenbaum dijo que “responde a este crecimiento que va teniendo la bolsa del narcoterrorismo”, en principio, de organizaciones que se dedican al mercado de las drogas ilegalizadas. “Con la reunión de Rubio a uno le quedan dudas de si eso no se va a estirar a movimientos, guerrillas y partidos de izquierda, que Estados Unidos diga que se financian con las drogas, que fue lo que sucedió en los 70 y 80”, agregó.
La carta de Santiago Moratorio
A menos de un mes de que venza el plazo para responder la acusación de la fiscalía, el abogado de Sebastián Marset, Santiago Moratorio, busca tener contacto directo y en privado con su cliente, pese a no estar habilitado para ejercer en Estados Unidos.
La semana pasada, el juez de la causa, Rossie Alston Jr., recibió una carta de los abogados oficiales de Marset en Estados Unidos, quienes señalaron que el encuentro en privado con Moratorio es necesario para que pueda analizar su estrategia legal en función de cómo repercute el juicio en Estados Unidos y la acusación de la fiscalía en las causas abiertas contra Marset en otros países, en las que lo representa oficialmente, entre ellas la causa A Ultranza en Paraguay, la causa contra el atentado a la Brigada Antidrogas en Uruguay, en la que aún no está siendo investigado formalmente, y unas nueve causas en Bolivia vinculadas a investigaciones de narcotráfico y lavado de activos.
En la misiva, de la que dio cuenta el semanario Búsqueda, los abogados Sandi Rhee y Joseph King señalan que el derecho constitucional a una defensa implica reuniones “paraprofesionales” que puedan brindarle asistencia legal. King fue consultado por la diaria, pero prefirió no hacer comentarios sobre el caso.
Por su parte, Moratorio entregó una misiva al juez en la que da cuenta de que no puede acceder a un diálogo privado en el centro de detención de Alexandria, donde cumple prisión preventiva, dado que las conversaciones están monitoreadas. En la carta, Moratorio planteó que pese a no ser abogado estadounidense mantiene una larga relación con Marset, quien confía en su consejo jurídico.
